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Manifestación

Contenido disponible: Texto GEA 2000  |  Última actualización realizada el 17/03/2011

(Hist. Derecho) En el Derecho procesal aragonés, hasta la unificación de los procedimientos en el pasado siglo, se conoce con este nombre el privilegio que tienen en Aragón tanto los aragoneses («regnícolas») como los que tienen su domicilio en el reino, o quienes meramente habitan en el mismo, para pedir la actuación jurisdiccional tendente a evitar la detención arbitraria de una persona por parte de un juez laico o eclesiástico o de un particular, así como para exigir la entrega de documentos, escrituras, bienes o procesos injustamente retenidos en poder de sujetos privados (a posse privatorum) o en el de jueces tanto laicos como eclesiásticos (a posse judicum).

La protección se concedía por medio del proceso de manifestación Buscar voz.... Debido al múltiple objeto de estos procesos se reconocían en los Fueros Buscar voz... los de manifestación de personas, de bienes, de documentos y escrituras, de procesos y de notas. En el proceso de manifestación de personas, la que se hallaba protegida por el ejercicio del privilegio se denominaba «manifestada» y debía ser puesta a disposición («secuestro») del Justicia o, desaparecida esta figura de la Real Audiencia, quienes en cada caso señalaban el lugar en que debía ser custodiada. En Zaragoza había una cárcel de manifestados en la que eran entregadas las personas que habían obtenido la provisa (auto) de manifestación.

Para llevar a cabo el objeto de este privilegio tanto los ministros del tribunal como los porteros y escribanos -verdaderos encargados de ejecutar la provisa de manifestación- tenían facultades para forzar puertas y cerraduras hasta llegar al lugar en que estuviera detenido el manifestado, tal como lo narra el Justicia Ximénez Cerdán Buscar voz... en la Litera intimata per Ioan Ximénez Cerdán a don Martín Díez Daux Buscar voz... de 25 de febrero de 1435. Sin embargo, por privilegio especial (For. De Prohibit. Manifest., 1592), no se podía llevar a cabo la manifestación de personas sobre las colegialas profesas que llevasen impuesta la cruz en el Real Monasterio de las Vírgenes de Zaragoza.

El fin de este proceso de manifestación se hallaba en dictaminar por medio de sentencia jurisdiccional si la detención de la persona había sido injusta o no. Hecha la declaración judicial, apreciando el contrafuero alegado bien era devuelto el manifestado al juez que le estaba juzgando para que prosiguiese la causa, bien era puesto en libertad. Si la detención injusta se había practicado por persona particular, el manifestado, teniendo capacidad para actuar por sí, sin hallarse dependiente de otras personas (padre, madre, tutor, superior eclesiástico, etc.) era puesto en libertad. Si le faltaba tal capacidad, era confiado a persona que cuidara de él. Fue muy usual la tramitación de este proceso en los casos en que los novios se habían comprometido en contrato de esponsales, y los padres de la novia, oponiéndose a la boda, la encerraban en casa para que no pudiera comunicarse con el novio. El novio pedía la manifestación de la novia para que fuera depositada en otra casa hasta que se resolviera ante el obispo la causa de los desposorios.

A partir de los Decretos de Nueva Planta Buscar voz... (1707 y 1711) se derogó el privilegio de manifestación de personas en poder de los jueces reales, quedando sólo este derecho para pedir la libertad de los detenidos con violencia por jueces o superiores eclesiásticos y particulares.

La manifestación de documentos, escrituras o procesos tenía por objeto obtener el ejemplar original de los mismos para tomar copia de su contenido. La Ripa Buscar voz... configura este proceso como un «secuestro».

Desde el punto de vista procesal, la manifestación de personas en poder de particulares es un proceso de ejecución (despacho del secuestro, previo enjuiciamiento del apellido o demanda e información testifical practicada inaudita parte) en el que eventualmente, por medio de la presentación de proposiciones, se abre un juicio declarativo, sumario, incidental de oposición a la ejecución del secuestro, que termina con la sentencia que decide la persona en cuyo poder debe quedar el manifestado. El proceso de manifestación de personas en poder de jueces o superiores eclesiásticos tenía también el carácter de ejecución, admitiéndose el posterior juicio declarativo, sumario, incidental de oposición. En este proceso el decreto de manifestación acordaba poner al manifestado en la cárcel de manifestados o en libertad e incluso moderar la prisión acordada por el juez eclesiástico.

En el proceso de manifestación de proceso eclesiástico el tribunal despachaba la provisa de ejecución ordenando la búsqueda y secuestro del proceso que se extraía de la curia o casa en que se encontrara. Inmediatamente de ser secuestrado, el proceso se remitía al tribunal que había acordado la manifestación, obteniéndose copia del mismo y entregándose al demandante o apellidante. Esta copia tenía un valor superior al mismo original.

El proceso de manifestación de notas, en función jurisdiccional de ejecución, autorizaba al ejecutor a ocupar las notas en casa del notario para obtener la copia, devolviéndoselas en el plazo de veinte días.

• Bibliog.:
Véase la citada en «Procesos forales» y, además, Sáenz de Tejada: El derecho de manifestación aragonés y el «habeas corpus» inglés; Madrid, 1956.
Fairén: «El proceso aragonés de manifestación y el británico de ‘Habeas Corpus’»; Temas del ordenamiento procesal, I, Madrid, 1969, pp. 131 y ss.
Duque: «El privilegio de la manifestación»; Boletín del Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza, núm. 52, 1974, pp. 17 y ss.

 

Monográficos

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