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Libertad civil

Contenido disponible: Texto GEA 2000

(Derecho) «Libertad civil» significa en el Derecho aragonés, desde la teorización que de ella se hizo en el siglo pasado (muy señaladamente por Costa), que las leyes dictadas por el poder público superior tienen marcado carácter supletorio y docente, rara vez limitativo o prohibitivo, de lo que los individuos y los grupos sociales determinen para su propio gobierno en el uso de su libertad y autonomía. Este principio, considerado desde entonces como capital y fundamento de todo el Derecho aragonés, no se asienta en un texto determinado de los Fueros, ni aun de las Observancias -lo que es lógico, por ser anterior por esencia a cualquier texto legal-, sino en la realidad histórica de nuestro Derecho. Se cita siempre a este respecto la Observancia 16, de fide instrumentorum, según la cual «el juez debe siempre estar y juzgar según la carta y lo en ella contenido, a no ser que contenga algo imposible o contrario al Derecho natural» (standum est chartae), pero, dejando aparte la difícil cuestión del sentido originario de la Observancia, es claro que, en cuanto exponente de la «libertad civil», no es sino un recordatorio a posteriori de la primicia de lo dispuesto por los sujetos de Derecho sobre lo decretado por el legislador.

En cuanto consagración de la libertad de contratar en materia económica -es decir, de determinar en régimen de propiedad privada y de libre empresa la producción y circulación de mercancías por los poseedores del capital- armonizaría plenamente con los postulados del liberalismo económico. Alguna vez se ha pensado que esta coherencia con los principios liberales sería precisamente la que habría llevado a los juristas aragoneses del siglo xix a proclamar el predominio de la voluntad del individuo sobre la norma sancionada por el legislador, reducido a mero garante del juego del libre intercambio de mercancías. Pero no es éste el meollo de su pensamiento. Más probable es que se sintieran inclinados a potenciar el pacto y la costumbre como fuentes de creación jurídica ante el hecho de que, abolidas las Cortes aragonesas, había desaparecido el órgano ordinario de renovación del Derecho. En cualquier caso, el desarrollo del principio de libertad civil no lo sitúan en el terreno mercantil e industrial, sino en la determinación por los individuos (el «Estado individual» de los krausistas, que tanto influiría en Costa) de sus relaciones personales y familiares, sobre todo estas últimas, sobre el suelo de las instituciones tradicionales no legisladas. La libertad civil es entonces reconocimiento tanto del pacto o la disposición testamentaria del individuo como, más esencialmente, de la actividad del pueblo creadora de la costumbre.

Es toda una concepción de la soberanía popular la que está en juego, contrapuesta a las limitaciones y artificios del régimen representativo propuesto por el liberalismo doctrinario. La soberanía reside en el pueblo, y éste, mejor que a través de representantes que le dicten normas, la ejerce directamente, dándoselas en sus asuntos familiares y colectivos mediante la creación espontánea del Derecho. Lo más valioso de la libertad civil, que enlaza con el pactismo del antiguo Derecho público aragonés, es su oposición frontal al autoritarismo, su antiestatalismo. Los individuos, las familias, las colectividades municipales, las asociaciones de toda clase, tienen existencia jurídica per se, anterior a la del Estado, por lo que se autogobiernan libremente en todas las materias sobre las que no hayan cedido competencias a aquél.

No pueden ocultarse las limitaciones de la teorización sobre la libertad civil, sobre la fuerza del pacto y el valor de la costumbre, en sus autores más caracterizados, y señaladamente en el mayor de todos ellos, Joaquín Costa. La principal de aquellas limitaciones, en opinión de Jesús Delgado, es el estar referida a la sociedad rural, agrícola y pastoril, con olvido de la ciudad y de los trabajadores industriales.

Por lo demás, de la libertad civil se han presentado más comúnmente versiones que hacen de ella una pieza del tradicionalismo católico reaccionario. Ni tal interpretación es la única posible, ni se acomoda en particular a la defensa que de ella hizo Joaquín Costa, ni ningún otro jurista aragonés de nota (por ejemplo, Gil Berges).

 

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