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Instituto Nacional de Previsión (INP)

Contenido disponible: Texto GEA 2000

Por la Ley de 27-II-1908, se creó en España el Seguro Voluntario, y en 1919 se encarga al Instituto Nacional de Previsión (I.N.P.) desarrollar el real decreto ley de 11-III-1919 que implanta un régimen obligatorio de jubilación: el Retiro Obrero. Para descentralizar funciones se crean ese mismo año diversas Cajas de Ahorro y Previsión Social, entre ellas la Caja de Previsión Social de Aragón, que se ubicó en el edificio de la actual Diputación Provincial. Hacia 1925 se desdobla en dos entidades independientes: la Caja de Ahorros y Monte de Piedad y la Caja de Previsión, transformándose a principios de 1940 en Delegación Provincial de las distintas provincias aragonesas.

Por sucesivos decretos se van creando los distintos seguros sociales: accidentes de trabajo (1900), maternidad (1929), de enfermedad (1942), enfermedades profesionales (1947), desempleo (1961), entre otros varios. El I.N.P. tiene entre sus principales funciones la de gestión de los diferentes regímenes de la Seguridad Social, control y administración sanitaria, mutualidades, etc.

El I.N.P. se extingue por real decreto ley de 16-Xl-1978, dejando de depender del Ministerio de Trabajo y pasando al Ministerio de Sanidad y Seguridad Social. Entre las nuevas entidades gestoras figura el Instituto Nacional de la Salud (Insalud), para administración y gestión de los servicios sanitarios, y que consta en las tres provincias aragonesas de Dirección Provincial, Subdirección de Servicios Sanitarios, Departamentos de Ordenación Sanitaria, Medicina Preventiva y Asistencia Sanitaria, Subdirección de Servicios Generales, con los departamentos de Régimen interno y Personal, Coordinación económica y conciertos, etc. Entre las diferentes instituciones hospitalarias reúne un total de 3.348 camas propias, más del 53 % del conjunto de camas hospitalarias en Aragón, más las concertadas con otros centros.

En la década de los noventa se generó en España un intenso debate sobre la viabilidad o no del sistema de Seguridad Social, particularmente de las pensiones, en el contexto de redefinir (o reducir) el llamado «Estado del Bienestar». Fruto de este debate es el Pacto de Toledo (6-IV-1995) y el Acuerdo Gobierno-Sindicatos sobre consolidación y racionalización del sistema de Seguridad Social que se aprobaría mediante Ley del 15-VI-1997. El aumento del envejecimiento de la sociedad incrementa el número de pensiones, éstas constituyen la pieza fundamental del sistema de la S.S. y, en consecuencia, se precisa un adecuado equilibrio entre ingresos por cotizaciones y gastos por prestaciones.

 

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