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Impuestos

Contenido disponible: Texto GEA 2000  |  Última actualización realizada el 05/08/2009

(Econ.) Los impuestos se definen por la legislación Tributaria como aquellos «tributos exigidos sin contraprestación, cuyo hecho imponible está constituido por negocios, actos o hechos de naturaleza jurídica o económica que ponen de manifiesto la capacidad contributiva del sujeto pasivo, como consecuencia de la posesión de un patrimonio, la circulación de los bienes o la adquisición o gasto de la renta». Constituyen la partida más importante de los ingresos públicos (ver hacienda regional Buscar voz... y local Buscar voz...).

En los presupuestos de 2000 todos los capítulos de ingresos aumentan. Los impuestos directos se elevan hasta los 49.322 millones de pesetas. Éstos se desglosan en la tarifa autonómica del I.R.P.F. (32.822 millones) y 16.500 millones procedentes de los impuestos sobre el capital. De estos últimos, 9.000 proceden del impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y otros 7.500 del Impuesto sobre el Patrimonio. Los impuestos indirectos ascienden a 25.400 millones que suponen un incremento del 40 % respecto a 1999; de ellos 18.900 son impuestos sobre transacciones patrimoniales y 6.500 millones sobre «actos jurídicos documentados». Otros capítulos se refieren a las «tasas y otros ingresos» cuya recaudación asciende a 15.017 millones de pesetas.

La concepción de una Hacienda Pública totalmente centralizada ha propiciado una gestión tributaria donde los límites de territorialidad provinciales no han tenido la trascendencia que sería necesaria para una regionalización de ingresos y gastos públicos. El mecanismo de las retenciones, por otra parte constituye otro factor distorsionador a la hora de proceder a una desagregación regional de la recaudación impositiva, que se ve notoriamente dificultada por no contar con una información acorde con los objetivos de descentralización fiscal. Así, por ejemplo, la retención de impuestos sobre las rentas del capital en la provincia donde está domiciliada la sociedad de que se trate originará un abultamiento artificial de las cifras recaudatorias provinciales, en cuanto que no responderán a una imposición efectiva sobre los residentes en dicha provincia.

Pero junto a esta puntualización sobre la arbitrariedad que supone utilizar las cifras provinciales de recaudación impositiva como factor indicativo de la contribución regional al Presupuesto del Estado, hay que mencionar también el tema de la traslación impositiva por vía de los precios, que hace repercutir los impuestos sobre los consumidores finales de los bienes y servicios. En este sentido, cualquier intento de regionalizar la carga fiscal estatal deberá tener en cuenta el hecho de que el comercio interregional constituye un factor de traslación de impuestos desde las regiones donde se producen las mercancías hasta aquellas donde efectivamente se consumen. Las regiones más desarrolladas se descargan, por este procedimiento, de una parte de los impuestos que en las estadísticas fiscales figuran como recaudados en las mismas, mientras que las regiones más atrasadas soportan el impacto desfavorable en sentido contrario.

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