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Exclaustración

Contenido disponible: Texto GEA 2000  |  Última actualización realizada el 28/04/2008

(Hist. Contemp.) La exclaustración forzosa de regulares, junto con la desamortización Buscar voz... de sus bienes, constituye un proceso muy complejo en la España del XIX y, por ende, en Aragón, donde alcanzaría dimensiones superiores a lo normal y grados de violencia inusitada en otras partes.

El clero regular, que a fines del XVII contaba en España con 25.445 religiosos, se desbordó en el XVII a contrapelo de la regresión demográfica y consiguió mantenerse en el XVIII, aunque entonces se equilibrara su porcentaje relativo a una población laica en expansión. El censo de 1797 arroja la friolera de 53.098 religiosos, después de las debidas correcciones. Pero en Aragón, en igual espacio de tiempo, se había cuadruplicado el número de 1.101 que Ruiz Martín (art. «Demografía eclesiástica», en Diccionario de Historia de la Iglesia, Madrid, 1972) calcula para los religiosos varones en 1591. Sólo en Zaragoza, con 46.040 hab., vivían, en 1787 (censo de Floridablanca), 962 religiosos y 449 religiosas.

Más difícil es cuantificar sus bienes y rentas, ya que las cifras han sido alteradas tendenciosamente, y los únicos datos fiables se refieren a Castilla y son de 1750 (catastro de Ensenada). Aun así, es evidente la enorme desproporción del patrimonio amortizado por los regulares respecto al de los seglares, y no hay razón alguna para dudar de que en Aragón fuera distinto. Según el catastro de Zaragoza de 1725, los 3.699 eclesiásticos -de los que más de un tercio serían religiosos y religiosas -disfrutaban de 833.163 reales de plata de renta anual en bienes raíces, mientras que 24.042 legos sólo gozaban de 333.646, «esto sucedía en la capital de Aragón, en cuyo reino hubo ley que prohibió la amortización, aunque no se haya observado» (Floridablanca, Expediente de la causa del obispo de Cuenca, B.A.E., LIX, p. 28).

Las medidas napoleónicas (decretos de Chamartín, 4-XII-1808) tendentes a la reducción de frailes y conventos hallaron su concreción práctica en la exclaustración general ordenada por el rey José Buscar voz... (18-VIII-1809) y ensayada en la Zaragoza recién conquistada donde, excepcionalmente, afectaría también a las religiosas. Si bien la Gaceta de Madrid comentaba el carácter vindicativo de esta exclaustración, alegando que los frailes fomentaban el fanatismo y eran los culpables de la «inútil» resistencia de los Sitios Buscar voz..., lo cierto es que respondía al utilitarismo de los ilustrados, subvenía las necesidades económicas del gobierno y, en cierto modo, se hacía eco de una reforma necesaria y comúnmente sentida. Cuando la Junta Central Buscar voz... hizo una encuesta para preparar el temario de las futuras Cortes de Cádiz Buscar voz..., los propios obispos que respondieron (entre otros, los de Albarracín, Teruel y Barbastro) insistían en la reducción y reforma de las órdenes religiosas. Pero el ambicioso plan elaborado por las Cortes, al no satisfacer a los liberales y exasperar a los religiosos, no prosperó. Más que las medidas legales, en esta primera fase fue la guerra la que vació los conventos y redujo en un tercio sus efectivos humanos.

El favor dispensado por «el Deseado» a los religiosos, y la obligación que impuso a los secularizados de volver al claustro, no volvió a llenarlos. En una segunda fase, las Cortes del trienio constitucional Buscar voz... volvieron a suprimir la Compañía de Jesús Buscar voz... y las órdenes monásticas Buscar voz..., redujeron a la mitad el número de conventos y facilitaron la secularización de los que habían sido enclaustrados a la fuerza. Pero esto provoco aún más la reacción absolutista y concitó a muchos frailes a una guerra religiosa en la que algunos tomaron parte muy activa, sobre todo en Navarra y el Alto Aragón. La restauración del régimen absolutista fue saludada con entusiasmo por los regulares -lo que era lógico-, pero los abades y superiores, emulando a algunos obispos (como el de Zaragoza, Francés y Caballero Buscar voz..., exiliado durante el trienio y ahora premiado con la sede de San Braulio) que pedían con insistencia el restablecimiento de la Inquisición Buscar voz... y erigían ilegalmente las «juntas de fe», comenzaron la caza de herejes y discriminaron sin piedad a la exigua minoría liberal que habitaba en sus conventos y monasterios. Mientras se restituía las órdenes religiosas a su estado anterior, se perseguía a los secularizados, se les destituía de las parroquias cuya colación canónica habían obtenido, y se les sometía a tal cúmulo de vejámenes que algunos de ellos prefirieron, como mal menor, volver al claustro que habían abandonado, lo que no siempre les fue concedido.

La tercera fase, de culminación del proceso, se inicia con la regencia de María Cristina Buscar voz... y la guerra carlista Buscar voz.... La exclaustración se verá sometida a la presión revolucionaria de los más exaltados y a los motines callejeros. Se cierran los conventos en los que se efectúen conspiraciones o fugas de frailes a los carlistas (decreto del 26-III-1834) y se obliga a entrar en quintas a los novicios, mientras se prohíbe la admisión de nuevos novicios. El 22 de abril del mismo año se erige la Real Junta Eclesiástica para la reforma del clero (entre sus miembros, está el obispo de Huesca, Ramo de San Blas, y el de Teruel, Liñán). La Junta realiza un informe sobre la situación de los regulares, cuyos datos se recogen en su Exposición dirigida a S.M. el 25 de febrero de 1836. Según ese informe, había en España, 30.906 religiosos, y unos 2.700 en Aragón. Anticipándose la necesidad (cólera, guerra) a la ley, los gobernadores civiles y militares convierten algunos conventos en hospitales o cuarteles. El convento de carmelitas descalzas de Calatayud, ocupado antes por carlistas, pasa a fuerte de los liberales por disposición del gobernador de Zaragoza (marzo de 1834). Pero lo que no tiene justificación es la violencia que se desata en Madrid (17-VII-34) y pasa a Zaragoza al año siguiente: el 3 de abril, a los gritos de «¡A palacio!» y «¡Muera el arzobispo y el cabildo!», comienza el primer motín en el coso de San Gil y termina quemando el convento de mínimos de la Victoria y el de San Diego; perecen siete frailes y un canónigo (El Eco del Comercio de aquellos días atribuye cuatro o cinco de estos asesinatos a fray Gerónimo de Caspe, el cabecilla, que se alistaría después en el ejército liberal y sería fusilado por los carlistas en el Bajo Aragón). Este motin estalló contra el arzobispo absolutista Francés y Caballero, que pocos días antes había prohibido el ministerio pastoral a dos clérigos liberales y que al día siguiente sería deportado a Barcelona. El segundo motin (5 y 6 de julio del mismo año) es un amago de pronunciamiento en favor de la Constitución del 12 y en el que participa la Milicia Urbana: se incendian los conventos de San Agustín, Santo Domingo y San Lázaro; perecen once frailes.

El día 25 se publica un decreto de la reina suprimiendo todos los conventos en los que no hubiera al menos doce religiosos profesos. Pero la junta revolucionaria que se crea en Zaragoza el 9 de agosto, «como primera providencia para calmar la ansiedad pública, acordó suprimir todos los conventos de esta ciudad» y, declarándose en rebeldía como junta del reino de Aragón, consigue a fines de mes cerrar casi todas las casas de las provincias de Zaragoza y Teruel (por entonces arde también el convento de capuchinos de Alcañiz). La Trapa de Santa Susana (Maella) se cierra el 27 de agosto a petición del abad; pero cuando, recobrada la calma, solicita la reapertura, alegando que no le alcanzaba el decreto del 25 de julio (pues contaba con 14 sacerdotes, 11 coristas y 51 conversos), se le contesta que debe atenerse a «lo resuelto». Mientras tanto había llegado a ministro de Gracia y Justicia, Gómez Becerra (uno de los junteros de Zaragoza), y «lo resuelto» (11-X-1835) era la reducción a ocho de todos los monasterios de España, entre los que no estaba el de Santa Susana y seis de ellos ya no subsistían. La supresión se extendería primero (decreto 8-III-1836) a todos los conventos de religiosos (excepto escolapios y hospitalarios, principalmente) y, después, a los de religiosas (ley del 29-VII-1837), exceptuando las casas de las Hermanas de la Caridad.

Aunque una minoría aceptaron el hecho de su exclaustración con agrado, por verse librados «del yugo despótico de los frailes» (en expresión de un grupo de Zaragoza en su exposición dirigida a la reina el 11-X-1835), para la mayoría fue el comienzo de una existencia errante y penosa, que acabaría con la muerte antes de ver el restablecimiento de las órdenes religiosas en la época alfonsina. Pero hubo quienes consiguieron integrarse en la pastoral diocesana. El trato de favor dispensado a los escolapios se debió a la influencia del P. Ramo de San Blas, obispo de Huesca y ex general de la orden, miembro de la Real Junta Eclesiástica y prócer del reino. Aun así, tuvieron que cerrar 8 de los 30 colegios que tenían en 1834 (en Aragón, en 1848, estaban abiertos los de Albarracín, Alcañiz, Barbastro, Fraga, Jaca, Peralta, Sos, Tamarite y Zaragoza). Mejor suerte tuvieron las religiosas, cuya exclaustración legal no llegó a efecto en muchos casos, y en especial las Hermanas de la Caridad, que consiguieron triplicarse en menos de treinta años. Escolapios y Hermanas de la Caridad perdieron su «carácter de religiosos, para ser considerados únicamente como establecimientos civiles de educación y beneficencia» (Mata Vigil).

• Bibliog.: Revuelta González, M.: La exclaustración (1833-1840); Madrid, 1976. Castells, J. M.: Las asociaciones religiosas en la España contemporánea (1767-1965); Madrid, 1973. Sáez Marín, J.: Datos sobre la Iglesia española contemporánea (1768-1868); Madrid, 1975.

 

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