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Derechos forales

Contenido disponible: Texto GEA 2000

La pluralidad de pueblos que componen España desarrollaron, mientras vivieron vida política independiente, ordenamientos jurídicos propios y peculiares, distintos unos de otros, si bien con algunos rasgos comunes fruto de la cercanía geográfica y de la pertenencia al mismo círculo cultural del occidente europeo. Estos ordenamientos llegaron a ser especialmente completos y peculiares en Aragón, Cataluña y Navarra; pero también en Vizcaya y parte de Álava, así como en las Islas Baleares y, más desdibujadamente, en Galicia, regían normas propias en las materias que hoy consideramos de Derecho civil. Felipe V suprimió el Derecho peculiar de Aragón, Cataluña, Mallorca y Valencia, para a poco restituirles -excepto a Valencia, que perdería para siempre su Derecho foral- su Derecho privado por los Decretos de Nueva Planta. Vascongadas y Navarra, que intervinieron en la guerra de Sucesión al lado del vencedor, conservarían su régimen específico hasta su derrota en la primera guerra carlista, de modo que, tras diversas vicisitudes, a mediados del siglo XIX la «cuestión foral» se reducía a la vigencia de normas de Derecho civil, más o menos amplias y extensas, en Aragón, Cataluña, Navarra, Vizcaya y Álava, Islas Baleares y Galicia; y a la amenaza que pesaba sobre tales Derechos (llamados impropiamente, aunque con terminología ya inamovible, «forales») por el anuncio de un Código civil unitario para toda España. De hecho, el tardío Código civil español (1888) hubo de respetar tales Derechos forales, previendo su reducción a unos Apéndices a dicho Código. Sólo el Apéndice aragonés Buscar voz... llegó a promulgarse (1925).

Tras el Congreso Nacional de Derecho Civil Buscar voz... celebrado en Zaragoza en 1946 se inicia una nueva etapa, mucho más respetuosa con los Derechos forales, que culmina con la promulgación de las Compilaciones de los mismos (1953 para Vizcaya y Álava, 1960 para Cataluña, 1961 para Baleares, 1963 para Galicia, 1967 para Aragón y 1973 para Navarra). Todas ellas están vigentes, comprendiendo mayor o menor cantidad de materia, de manera que hoy, en España, gozamos de una pluralidad de regímenes jurídicos civiles coexistentes.

La denominación «Derechos forales», encontró siempre alguna reticencia entre los juristas estudiosos y defensores de algunos de estos Ordenamientos, especialmente en Cataluña. En efecto, mientras que los cuerpos legales propios más importantes se llamaron «Fueros» en Aragón, Navarra, Valencia o Vizcaya, en Cataluña son las «Constitucions» las que desempeñan este papel central, y en Galicia o Baleares carecieron históricamente de un cuerpo de leyes con denominación específica. Por otra parte, la palabra fuero ha tenido también el sentido de concesión real o señorial, con connotaciones de privilegio y excepcionalidad, que podía dar a entender un carácter residual e injustificado de estos Ordenamientos que estarían, en consecuencia, abocados a su extinción. Sin embargo, ha sido la Constitución de 1978, el consiguiente establecimiento de las Comunidades Autónomas y las prescripciones de sus Estatutos al respecto lo que ha hecho cambiar la naturaleza de estos «Derechos civiles territoriales españoles» (como los denominó el Congreso de Jurisconsultos Buscar voz... que, sobre este tema, se celebró en Zaragoza entre el 29 de octubre y el 1 de noviembre de 1981), hasta el punto de que, hoy, la denominación «Derecho foral» se usó sólo por tradición en algunos de los territorios que gozan de Derecho civil propio. Así ocurre entre nosotros.

El cambio fundamental deriva de la atribución de competencia legislativa exclusiva a las Comunidades Autónomas para la conservación, modificación y desarrollo del Derecho civil especial, allí donde existe, por obra del artículo 149-1-8 de la Constitución y los Estatutos de Autonomía, de manera que estos Ordenamientos, cuyas fuentes de producción propias estaban cegadas desde Felipe V, cuentan ahora con un órgano legislativo específico, emanado del pueblo al que se han de aplicar las normas. No son ya, por tanto, Derechos especiales respecto de un «Derecho común» encarnado en el Código civil español, ni mucho menos dignos sólo de ser conservados «por ahora», como decía este Código en 1888. No están subordinados a éste, ni forman parte de su sistema, sino que, en cuanto una Comunidad autónoma los hace suyos, resultan ser leyes autonómicas ) que, como se sabe, tienen la misma fuerza -en su ámbito de competencia- que las leyes emanadas de las Cortes generales a las que, como cualquier ley posterior respecto de las anteriores, pueden derogar. Ciertamente, el ámbito de esta competencia exclusiva presenta algunos puntos dudosos en la determinación de sus límites, fijándose éstos mediante el concepto antes aludido de «conservación y desarrollo» y reservándose el estado la legislación sobre «la reglas relativas a la aplicación y eficacia de las normas jurídicas, relaciones jurídico-civiles relativas a las formas del matrimonio, ordenación de los registros e instrumentos públicos, bases de las obligaciones contractuales, normas para resolver los conflictos de leyes y determinación de las fuentes del Derecho, con respecto, en este último caso, a las normas de Derecho foral o especial». La mayoría de los estudiosos de estos Derechos entienden acertadas las conclusiones que al respecto formuló el citado Congreso de jurisconsultos Buscar voz..., entre las que destacan las siguientes: La competencia legislativa de las Comunidades autónomas sobre el Derecho civil «no se restringe, en modo alguno, a la situación actual de las Compilaciones vigentes, lo que sería contradictorio con la idea misma de legislación: legislar supone innovar. Los Derechos civiles forales o especiales constituyen cada uno un sistema del que la correspondiente legislación, e incluso la histórica, no es sino expresión parcial, informado por principios peculiares que le proporcionan posibilidades de autointegración. Hasta donde lleguen estos principios informadores, llega la competencia legislativa de las Comunidades autónomas». «Las Comunidades autónomas podrán desarrollar el Derecho hoy vigente acomodándolo a las nuevas y cambiantes necesidades de la sociedad, con la misma libertad con que las Cortes Generales pueden alterar y modificar el Código civil.

El primer reto con que se han encontrado las Comunidades autónomas con Derecho civil propio ha sido el de adaptar la correspondiente Compilación a los principios constitucionales. La aragonesa lo ha hecho adoptando e integrando la Compilación de 1967 en el Ordenamiento jurídico aragonés, al tiempo que introduce en ella modificaciones, según dispone el art. 1.° de la Ley de 16 de mayo de 1985, la Ley 3/1988, de 25 de abril; y la Ley de Sucesiones. Cataluña tomó la delantera con la Ley de su Parlamento, de 20 de marzo de 1984. En las demás Comunidades autónomas con Derecho civil propio los trabajos de reforma de la correspondiente Compilación se encuentran más o menos avanzados, con enfoques no siempre coincidentes. Además, hay que mencionar que también se ha legislado mediante Leyes especiales que, si bien no corresponden necesariamente a las materias tradicionales de los «Derechos forales», se insertan, al menos parcialmente, en el Derecho civil propio de la Comunidad autónoma: por ejemplo, leyes sobre fundaciones privadas o sobre cooperativas.

 

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