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Constitución, el Derecho aragonés en la

Contenido disponible: Texto GEA 2000

Las Constituciones del pasado siglo empezando por la de Cádiz y hasta la de 1876, proclamaban que unos mismos códigos habrían de regir en toda España, con la consiguiente desaparición de la variedad de Derechos forales Buscar voz... o regionales existentes en ella. Una posición totalmente distinta adopta la Constitución de 1978, siguiendo hasta cierta punto las huellas de la republicana de 1931. En la republicana, se preveía que toda región autónoma podría legislar, con ciertos límites, en materias de Derecho civil y, en efecto, así ocurrió en Cataluña, donde la Generalidad promulgó leyes sobre mayoría de edad, capacidad de la mujer y sucesión intestada, todas ellas derogadas por el general Franco.

La Constitución de 1978 se encontró con la realidad de las Compilaciones de los diversos Derechos civiles especiales o forales (de Vizcaya y Álava, catalana, balear, gallega, aragonesa y navarra, por orden de promulgación), vigentes junto al Código civil y en régimen de sustancial igualdad en los respectivos territorios. No sólo respeta estas Compilaciones, sino que, de forma coherente con la regionalización prevista y la naturaleza de los Derechos forales, atribuye a las comunidades autónomas la competencia de conservar, modificar y desarrollar los Derechos civiles especiales o forales, allí donde existan (art. 149-1-8.°). Esto significa que las Cortes generales carecen de competencia legislativa sobre un Derecho foral tan pronto como una comunidad autónoma la asume en su Estatuto, como hacen, y con gran amplitud, el catalán y el vasco; de modo que hoy la confección de un Código civil general para toda España no sólo ha dejado de ser una aspiración política, sino que sería claramente inconstitucional. Hoy el valor constitucional proclamado no es el de la unidad, sino el de la pluralidad de regímenes jurídicos civiles en España.

Ahora bien, en la materia hay numerosos aspectos menos claros, que hacen inciertos los caminos futuros del Derecho aragonés. Sólo podrán asumir competencias legislativas sobre Derecho civil aquellas comunidades que disfruten de autonomía plena, es decir, las que accedan a ella por la vía excepcional de la disposición transitoria segunda (Cataluña, País Vasco y Galicia), o por la vía especial del art. 151. Por el contrario, quienes lo hagan por el procedimiento del art. 143, aunque acaso transcurrido un plazo de cinco años más y previa modificación de su Estatuto podrían legislar en el futuro sobre su Derecho civil, ciertamente no en una primera y larga etapa, ni siquiera en el caso, incierto, de que se les reconozca la posibilidad de establecer una Asamblea legislativa en la fase de autonomía menos plena. Si Aragón siguiera por este camino, la competencia legislativa sobre su Derecho foral seguiría residiendo, como ahora, en las Cortes Generales. Esto será así mientras no contemos con un Estatuto de autonomía plena. Otra cosa es que, mientras tanto, puedan y deban arbitrarse soluciones para que las reformas de nuestro Derecho se elaboren en Aragón y por aragoneses, aunque luego hayan de recibir fuerza de ley en Madrid.

Hay, además, en la Constitución un precepto referido exclusivamente al Derecho aragonés, aunque de forma encubierta. Su disposición adicional segunda advierte que la declaración de mayoría de edad que su art. 12 establece a los dieciocho años no perjudica las situaciones amparadas por los Derechos forales en el ámbito del Derecho privado. Esta disposición la debemos a los senadores aragoneses en las Cortes constituyentes y señaladamente a Martín-Retortillo, y lo que quiere decir es que los aragoneses alcanzan la mayoría de edad Buscar voz... por matrimonio, cualesquiera que sean los años de los cónyuges, según establece el art. 4 de la Compilación, que la Constitución ha querido así respetar.

• Bibliog.: Delgado Echeverría, J.: «Los Derechos civiles forales en la Constitución»; Estudios sobre la Constitución española de 1978, Zaragoza, 1979 (también en Revista Jurídica de Cataluña, 1979, p. 145 ss.).

 

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