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Congreso de Jurisconsultos

Contenido disponible: Texto GEA 2000

Los días 29 de octubre a 1 de noviembre de 1981 se reunió en Zaragoza un «Congreso de Jurisconsultos sobre los Derechos civiles territoriales en la Constitución», que constituyó, tanto por el número y calidad de los participantes como por el contenido de sus conclusiones, la más importante manifestación colectiva de los juristas españoles sobre la pluralidad de Ordenamientos jurídicos civiles vigentes en España desde que, también en Zaragoza, se celebrara en 1846 el Congreso Nacional de Derecho civil Buscar voz.... El recuerdo del Congreso de 1846 estuvo presente en éste de 1981, pero sus organizadores no pretendieron dar cumplimiento a la ambigua previsión entonces formulada sobre celebración de un nuevo Congreso que -tras una etapa, de duración indeterminada, de convivencia de los Derechos civiles compilados- examinara «la forma y carácter del futuro Código general de Derecho civil». Realmente, los datos políticos y jurídicos básicos eran ahora muy distintos, pues la Constitución de 1978 había abierto una nueva etapa en la historia de los Derechos forales Buscar voz... (denominación, como se observará, cuidadosamente evitada en el Congreso, para no prejuzgar la naturaleza de estos Derechos ni contrariar a quienes, especialmente en Cataluña, rechazan esta denominación tradicional). Como decía el escrito de convocatoria del Congreso dirigido «a todos los juristas españoles», la Constitución y los Estatutos de autonomía suponían «un cambio radical en el modo de contemplar el hecho de la diversidad de ordenamientos civiles en España: nada menos que rectificar sustancialmente los principios que inspiran su tratamiento desde los Decretos de Nueva Planta. Un suceso que interesa a todos los juristas (...). Un reto al que no podemos dejar sin respuesta, pues no se trata ya sólo de nuestro propio conocimiento e información, sino de orientar a la opinión pública, a los tribunales y al legislador». Firmaba la convocatoria un nutrido grupo de juristas aragoneses, de la Cátedra «Miguel del Molino», el Instituto de Estudios Turolenses, el Consejo de Estudios de Derecho Aragonés, la Universidad, los Colegios profesionales de Abogados, Notarios, Registradores, Procuradores, etc., constituidos en Comisión organizadora. En realidad, ésta venía trabajando desde noviembre de 1979, por iniciativa de la Cátedra «Miguel del Molino» (de la Institución «Fernando el Católico») y, en particular de J. L. Merino Hernández, entonces vicepresidente de la Diputación Provincial de Zaragoza.

El Congreso se organizó, desde el punto de vista científico, en dos secciones que se ocuparon, respectivamente, de la vecindad civil y del artículo 149-1-8 de la Constitución (sobre competencia legislativa del Estado y de las Comunidades Autónomas en materia de Derecho civil). Las correspondientes ponencias fueron enviadas a los inscritos con meses de anticipación, para que pudieran ser estudiadas y, en su caso, enmendadas, pues el Congreso quiso desde el principio terminar con unas «conclusiones» votadas que fueran autorizada expresión del estado de opinión entre los juristas españoles. Por ello mismo, estableció un meticuloso reglamento cuyo punto clave, a la vista del desarrollo de sus trabajos, era la regulación del voto en las sesiones plenarias de modo que todos los territorios de Derecho civil (Derecho común, territorios con Estatuto de Autonomía y Derecho privado propio, y Aragón, Baleares y Navarra, según decía el reglamento atendiendo a la situación de 1981) tuvieran el mismo peso en las decisiones. A la vez que se resaltaba la paridad de los territorios con Derecho civil propio, se pretendía evitar que la previsible mayoría de juristas aragoneses resultara decisiva, en detrimento de los juristas de territorios más alejados geográficamente. De hecho, fueron los juristas «de Código civil», que acudieron en gran número para satisfacción de todos, los que criticaron esta previsión reglamentaria.

La sesión solemne de apertura estuvo presidida por el Excmo. Sr. presidente del Consejo General del Poder Judicial, don Federico Carlos Sáinz de Robles, quien disertó sobre los Tribunales Superiores de Justicia; la de clausura, por el Excmo. Sr. don Pío Cabanillas Gallas, ministro de Justicia, quien lo hizo sobre la dimensión histórica y proyección de futuro de los Derechos civiles territoriales. Entre una y otra, los cerca de trescientos congresistas trabajaron en densas jornadas para llegar a unas muy matizadas «conclusiones» sobre los temas de las dos ponencias. Aprobaron en el pleno, sin votos en contra, las conclusiones elaboradas por la sección relativa a la vecindad civil; con tres votos en contra, las que versaban sobre la amplitud de las competencias legislativas de las Comunidades Autónomas para la «conservación, modificación y desarrollo» del Derecho civil propio, volviendo al texto de la ponencia en los aspectos en que la sección se había apartado de él. Las conclusiones fueron tenidas en cuenta en las posteriores discusiones científicas y políticas sobre estas materias, así como en la literatura especializada, incluidos los manuales y tratados de Derecho civil, publicada con posterioridad.

• Bibliog.: Álvarez-Sala W.: «Congreso de Jurisconsultos sobre los Derechos civiles territoriales en la Constitución»; en Anuario de Derecho Civil, 1982, II, pp. 375-401.

 

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