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Concilios visigodos

Contenido disponible: Texto GEA 2000

(Hist. Igles.) Asambleas eclesiásticas continuadoras de la tradición sinodal romana, se convirtieron en época visigoda en una institución de apoyo a los reyes hispanogodos en su potestad legislativa y en los asuntos de gobierno. La conversión de Recaredo y del pueblo godo al catolicismo en el Concilio III de Toledo (589) supuso la integración en el Estado visigodo de la comunidad hispanorromana, especialmente representada por la jerarquía eclesiástica, y la Iglesia católica quedó reconocida como la autoridad religiosa y moral que podía dictar las normas éticas de la actuación del poder público.

Por ello, los concilios de Toledo resultaron ser el punto de confluencia entre la potestad del Estado y la autoridad moral de la Iglesia, la cual adquirió una gran influencia como fuerza social, y un ascendiente espiritual que en el orden político la hizo partícipe de la actividad legislativa, por mediación, precisamente, de los concilios, y en particular con motivo de la lucha casi constante contra las fuerzas sociales rebeldes que frecuentemente ponían en peligro la seguridad del reino. De este modo, la potestad secular y la eclesiástica no estuvieron bien delimitadas en sus diferentes esferas de actuación, conforme a la tradición romana del Bajo Imperio y la arriana de los visigodos, caracterizada por el sometimiento de la Iglesia a los reyes.

Esta situación de interferencia entre los poderes eclesiástico y civil determinó que la Iglesia y los concilios de Toledo participasen en la dirección de la vida pública a partir del concilio IV, del año 633. Así, los reyes solicitaron de los concilios su asistencia y su apoyo en el gobierno del Estado y en las tareas legislativas, convocaron sus reuniones y abrieron personalmente sus deliberaciones, dirigiéndoles el mensaje real (tomus regius) en el que les proponían las cuestiones espirituales o temporales sobre las que habrían de deliberar y resolver, y enviaban a los magnates del Aula Regia a las reuniones del concilio para que asistiesen a la discusión de las cuestiones seculares o influyesen en sus decisiones.

La mayor parte de los historiadores cree que los concilios de Toledo no perdieron por ello su naturaleza jurídica de asambleas eclesiásticas y que las reuniones conciliares ni legislaron ni juzgaron. Sin embargo, a partir del IV Concilio del año 633, y bajo la inspiración de Isidoro de Sevilla, los concilios fueron concebidos como una institución a la vez política y eclesiástica, que actuaba en sesiones distintas según se ocupase de cuestiones concernientes al Estado o a la Iglesia, atribuyéndose respecto del primero una alta función rectora y normativa. Por esta razón se tiende actualmente a considerar los concilios como la suprema asamblea legislativa que reguló en la España visigoda la orientación de la vida política y, al mismo tiempo, como el tribunal superior fiscalizador de la misma.

Estas asambleas fueron las que prescribieron las condiciones requeridas para ser elegido rey; las que fijaron las normas de la elección real; las que legalizaron los destronamientos y las usurpaciones de la corona y sancionaron la legalidad de la ascensión de determinados príncipes al trono; las que anatematizaron a los conjurados y rebeldes al Estado, instaron al riguroso cumplimiento de los juramentos del rey y de los súbditos, e instauraron las garantías judiciales de los magnates, sacerdotes y militares gardingos. Por otra parte, los concilios de Toledo sancionaron con su autoridad moral las leyes y decisiones regias, definieron las normas morales a las que debía ajustarse la actuación real, aprobaron los edictos del rey, de su familia y de los «fieles del rey»; el castigo o perdón de los rebeldes al Estado y las persecuciones religiosas contra los judíos. Con ello lograron los concilios la intervención de los obispos en la elección de los reyes, en la administración pública y en las funciones legislativas y judiciales.

Los concilios de Toledo eran convocados por el rey cuando lo estimaba oportuno, ya que, a pesar del acuerdo tomado en algunos concilios de que éstos se reuniesen anualmente, nunca sucedió así. Los obispos y el clero se congregaban en la iglesia en la que la reunión iba a celebrarse, a continuación, entraba el rey acompañado de su corte y leía el mensaje real; después el rey se retiraba y comenzaban las deliberaciones, presididas en un principio por el metropolitano más antiguo y, más tarde, por el de Toledo. Primeramente el concilio trataba y decidía sobre los asuntos religiosos y de disciplina eclesiástica con intervención exclusiva de los sacerdotes (obispos, presbíteros y diáconos autorizados), y sólo después se discutía acerca de otras cuestiones, con asistencia entonces de los magnates del Aula Regia. Los acuerdos del concilio o decretos conciliares (cánones), una vez redactados, eran promulgados y a continuación firmados por todos los que habían asistido a la reunión: sacerdotes y seglares. Estos decretos conciliares, cuya violación era castigada con la excomunión, tenían que ser confirmados por el rey mediante la promulgación de una ley en confirmación de las decisiones del concilio, con lo que dichos acuerdos adquirían fuerza de ley civil.

Además de los concilios plenarios existían sínodos provinciales cuyo procedimiento era el siguiente: las reuniones se celebraban en la iglesia metropolitana, en la que entraban, en primer lugar, los obispos, por orden de antigüedad, seguidos de sacerdotes y diáconos. Después de elevar una oración, un diácono presentaba un libro de cánones conciliares relativos a la reunión de los sínodos. A continuación, el metropolitano convocaba a todo aquel que tuviese algún asunto que presentar. Todos podían recurrir al sínodo contra los obispos, jueces, grandes o cualquier otra persona. Si la reunión consideraba que la reclamación era justa, el rey, a petición del metropolitano, nombraba un funcionario ejecutivo para obligar a jueces y otros laicos a comparecer ante el sínodo. Por lo que se refiere al conocimiento por el pueblo de las decisiones adoptadas, en 693 se decidió que todos los obispos, en el plazo de seis meses después de la terminación de un sínodo, debían convocar una asamblea de todos los abades, sacerdotes, diáconos y otros clérigos, junto con todo el pueblo de su circunscripción eclesiástica, y debían informarles de las resoluciones tomadas en la reunión provincial. Éste seria presumiblemente el procedimiento seguido en los concilios Buscar voz... provinciales tenidos en Zaragoza y Huesca.

En Hispania se celebraron en época visigoda 34 concilios: 1 en Tarragona; 2 en Zaragoza; 17 en Toledo; 1 en Gerona; 2 en Barcelona; 1 en Lérida; 1 en Valencia; 3 en Braga; 1 en Narbona; 2 en Sevilla; 1 en Mérida; 1 en Huesca, y 1 en Egara. A dieciséis de ellos acudió representación procedente del actual territorio aragonés, con arreglo al cuadro adjunto.

Los asuntos más importantes tratados en cada uno de estos concilios figuran a continuación:

—Toledo III (589): Abjuración de la herejía arriana y pública y oficial profesión de fe hechas por el rey, los obispos y los nobles en nombre de todo el pueblo visigodo.

—Tarragona (516): Disciplina eclesiástica: normas que habían de observar los clérigos en sus actividades económicas; obligatoriedad para el obispo no ordenado en la sede metropolitana de presentarse al metropolitano en el plazo de dos meses; visita anual del obispo a las iglesias de su diócesis y rentas que había de recibir de las mismas.

—Barcelona I (546): Cuestiones litúrgicas rituales y fiscales relativas a la ciudad de Barcelona.

—Lérida (546): Normativa clerical y monástica. Administración de los bienes de la Iglesia a la muerte del obispo.

—Barcelona II (599): Gratuidad de la promoción a los servicios eclesiásticos. Observación de los plazos fijados por los cánones para ser promovido al sumo sacerdocio.

—Egara (614): Puesta por escrito de los cánones del concilio de Huesca.

—Toledo IV (633): Regulación de la disciplina eclesiástica con base en la unidad de la fe. Nombramientos episcopales. Inmunidad personal de los clérigos ingenuos en relación con cualquier servicio o pública convocatoria. Estatuto de los judíos y sus relaciones con los cristianos. Institucionalización del concilio peninsular. Ley fundamental de la monarquía católica. Legitimación del príncipe reinante, Sisenando, que inicialmente había sido un rebelde.

—Toledo V (636): Destinado fundamentalmente a asuntos temporales: procedimiento sucesorio relativo a la monarquía, previniendo posibles riesgos o abusos. Ante el supuesto de que individuos sin nobleza de sangre ni virtud personal pretendieran alcanzar el poder supremo, se precisó que tan sólo accedían legítimamente al trono quienes perteneciendo a la nobleza del pueblo godo fuesen elegidos por el voto común.

—Toledo VI (638): Formuló un importante símbolo de fe en cuya elaboración parece probable que tuviera papel preeminente el obispo Braulio de Zaragoza. Entre los temas políticos, se establecieron garantías para la descendencia de Chintila, fijándose la relación de incapacidades para reinar. Se legisló contra la población judía, a la que se pretendía forzar a la conversión.

—Toledo IX (655): Concilio provincial, se inscribe dentro de la mecánica regular de éstos.

—Toledo XII (681): Legitimación de Ervigio, cuyas leyes contra los judíos fueron aprobadas por el concilio. El canon más importante es el sexto, que representó la consagración oficial del primado toledano en la Iglesia hispana.

—Toledo XIII (683): Concesión de amnistía total a los que habían sido condenados un decenio atrás por su participación en la rebelión del duque Paulo contra Wamba. Condonación de todos los impuestos atrasados. Exclusión de los cargos palatinos de siervos y libertos. Inmunidad de nobles y eclesiásticos. Protección de la descendencia del rey.

—Toledo XV (688): Dedicado exclusivamente a la legitimación de Egica.

—Toledo XVI (693): Adoptó diversas medidas destinadas a la restauración de la disciplina y a reprimir los manejos de los conspiradores. Continuó la línea política antijudía, revisando la legislación existente.

• Bibliog.: Vives, J.: Concilios visigóticos e hispanorromanos; Barcelona- Madrid, 1963. García de Valdeavellano, L.: Curso de Historia de las instituciones españolas; Madrid, 1968, pp. 196-201. Thompson, E. A.: Los godos en España; Madrid, 1971, cap. XII, pp. 316- 350. Orlandis, J.: Historia de España. La España visigótica; Madrid, 1977, pp. 121-127, 150-155, 240-246, 265-267, 279-281, 283-284, 285-287.

 

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