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Comunidad conyugal continuada

Contenido disponible: Texto GEA 2000

(Derecho) Se llama así a la comunidad conyugal que surge, tras fallecer uno de los cónyuges entre el sobreviviente y los herederos del difunto.

En el sistema de los Fueros y Observancias la «continuación» de la comunidad a la muerte de un cónyuge se producía automáticamente, por no otorgarse inventario de los bienes muebles. Al no estar dividida la masa de bienes conyugales, compuesta de bienes muebles e inmuebles, estos últimos quedan indisponibles sin el concurso de los herederos del cónyuge premuerto, y, por tanto, como «congelados»; en cambio, sobre los muebles dispone a su arbitrio el sobreviviente. En tal situación, no habiéndose hecho inventario, la observancia segunda De iure dotium ordena que no se divida lo que gastó el sobreviviente, o sea que no se le pidan cuentas, por entenderse que lo gastó en beneficio de la familia; la obs. 57, dispone, a su vez, que se den por consumidos legítimamente los muebles cuya inversión en atenciones privativas del cónyuge sobreviviente no conste; finalmente, la obs. 22 manda que se dividan los muebles que se encuentren al tiempo de la división, y no al de la muerte. Así, nos encontramos con dos presunciones (iuris tantum) correlativas: de una parte, la de que los bienes no existentes al tiempo de la división se han consumido en beneficio de los participes; opuestamente, la de que los bienes que aparecen en poder del cónyuge supérstite son comunes.

La comunidad continuada duraba hasta que se otorgase inventario por el cónyuge sobreviviente, jurando no haber distraído bienes, y comprendía todos los que aparecieran en el momento de la división, aunque no existieran a la disolución del matrimonio, con lo cual los herederos se lucraban a veces del trabajo del cónyuge sobreviviente o de los frutos percibidos por él, incluso aquellos que percibía en virtud de la viudedad; en cambio, podía dicho cónyuge consumir, a fin de atender sus necesidades, los bienes muebles indivisos.

La desventajosa posición del viudo en la comunidad continuada trató de remediarse en el Apéndice de 1926, en el cual, en principio, se requería, para que los bienes ingresasen en el caudal común, el «trabajo en familia», concepto difícil que dio bastante quehacer a la jurisprudencia de la Audiencia de Zaragoza. Quedaban excluidos, por tanto, de la comunidad, los bienes obtenidos sin relación con el caudal común, por cualquiera de los partícipes.

La Compilación acentuó el aspecto societario de la comunidad. Conforme al art. 60, «continuará entre el sobreviviente y los herederos del premuerto la comunidad existente al fallecimiento de uno de los cónyuges, siempre que los principales ingresos de la sociedad conyugal provengan de explotaciones agrícolas, ganaderas, industriales o mercantiles».

Esta alusión a la fuente de ingresos «responde -dice Lorente Sanz- al deseo de compaginar el espíritu del Derecho civil aragonés con las exigencias de la civilización industrial y de la economía neocapitalista»; configurando un consorcio que no versa ya sobre una masa inerte de bienes; sobre un patrimonio meramente productor de rentas, sino que éstas han de obtenerse mediante la aplicación de un trabajo (que puede ser común).

La comunidad continuada conserva la base real del consorcio entre los cónyuges, pero es una nueva comunidad, compuesta por personas que no están unidas por matrimonio y pueden no estarlo por parentesco; en la cual ingresan sólo los bienes ganados conjuntamente o producidos por los del cónyuge viudo y la herencia del premuerto; de la que cabe separarse, en principio, y cuyo estatuto jurídico es notoriamente distinto. Mas sigue tratándose de una comunidad de aspecto acentuadamente familiar: de ahí la inalienabilidad de las cuotas y la unidad de dirección del cónyuge sobreviviente (característica indispensable de este consorcio).

Según el art. 60, la continuación se produce 1) «obligatoriamente, si así se hubiera pactado en capítulos o dispuesto en testamento mancomunado por ambos cónyuges», o si el causante hubiera prohibido a sus sucesores pedir la división; 2) «potestativamente si, aun sin pacto o disposición, hubiere quedado descendencia del matrimonio».

La comunidad continuada se hace cargo de los bienes y deudas de la anterior comunidad conyugal, y desde su comienzo recibe «los frutos y rendimientos de explotación de los bienes de la comunidad y de los que eran privativos de cada cónyuge, así como las ganancias de cualquier clase obtenidas con ellos» (art. 63); no siendo, en cambio, «comunes los beneficios y ganancias obtenidas por los partícipes con independencia de los bienes y negocios de la masa común» (art. 66), subviniendo con los bienes ganados a «las atenciones legítimas de la economía del hogar, las personales del cónyuge supérstite, de los hijos y descendientes legítimos de ambos y los de cualquiera de ellos, en tanto unos u otros continúen viviendo en la casa, así como la de aquellos sucesores que colaboren en la gestión y administración», a «los alimentos legales debidos por las personas» ahora enumeradas; y a «los réditos e intereses normales que se devenguen durante la continuación por cargas de la comunidad, quedando excluidas las derivadas del ejercicio profesional u otras actividades estrictamente personales» (art. 70).

Con arreglo al art. 65, «el cónyuge supérstite es el gestor administrador de la comunidad continuada. En dicha función deberá prestar su actividad adecuadamente a sus circunstancias personales y a la índole del patrimonio. A los partícipes que reciban alimentos o sean atendidos con cargo a la comunidad, se les podrá exigir una colaboración similar».

Las deudas producidas por la gestión de la comunidad se rigen por la normas de la comunidad conyugal, pero «en defecto de bienes comunes, responderá de las deudas el gestor que las contrajo, quien podrá obligar a los demás partícipes a contribuir al pago en proporción a sus cuotas» (art. 66).

«Los actos de disposición a título oneroso de los bienes comunes requieren el acuerdo de la totalidad de los partícipes. El consentimiento de los sucesores partícipes podrá suplirse por la autoridad judicial» (art. 67).

La comunidad cesa «por muerte, incapacidad, ausencia o interdicción del cónyuge supérstite»; «por petición del supérstite o de partícipes que representen intereses mayoritarios en la herencia, hecha en tiempo oportuno»; por la pérdida de la viudedad, renuncia del supérstite, o mala gestión de los bienes (art. 68).

Según el art. 69, en principio «cualquiera de los herederos partícipes podrá pedir su separación de la comunidad, siempre que se ejercite este derecho de buena fe y en tiempo oportuno. Los demás herederos partícipes podrán optar entre adquirir la participación del que se separa o abonarla con cargo al caudal común, reajustándose las cuotas de los comuneros de acuerdo con lo que se haya decidido».

Pocos cambios introdujo la Ley aragonesa de 16 de mayo de 1985 en los artículos 60 a 71 de la Compilación del Derecho civil de Aragón Buscar voz.... Los principales -aun ellos, de reducido alcance- son consecuencia del principio de no discriminación por razón de nacimiento. Así, el artículo 61 impedía que la voluntad de los interesados contraria a la continuación tuviera efecto, entre otras condiciones, cuando «no quedaren descendientes habidos por cualquiera de los cónyuges en anterior matrimonio»; ahora el inciso dice: «y no quedaren descendientes de uno solo de los cónyuges». La explicación es que, con anterioridad a la reforma, resultaba irrelevante la presencia de hijos extramatrimoniales, ya que, al no ser legitimarios ni herederos abintestato, sólo por voluntad del causante (caso muy raro) tendrían parte en la comunidad continuada, junto con el cónyuge supérstite y los hijos matrimoniales; mientras que ahora todos los hijos son herederos. También se ha suprimido el adjetivo «legítimos», referido a los descendientes, en el artículo 64-1.º (sin alterar el sentido del precepto). Por distintas razones, se introducen retoques en los artículos 67-1 y 68-1.º

 

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