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Comunidad conyugal

Contenido disponible: Texto GEA 2000

(Derecho) Los cónyuges, en Aragón, a partir de la celebración del matrimonio y salvo que dispongan de otro modo en capítulos matrimoniales Buscar voz..., hacen comunes entre ellos ciertos bienes, que partirán al disolverse aquél: las fuentes históricas prevén como única causa de disolución la muerte, teniendo lugar la partición entre el cónyuge sobreviviente y los herederos del difunto.

1. Bienes comunes y privativos: En Aragón, cuando podemos conocerla a través de datos históricos ciertos, la comunidad legal abarca todo el patrimonio mueble de los esposos y, en parte, los inmuebles adquiridos constante matrimonio. Entre estos inmuebles comunes cabe pensar que en época anterior a la compilación foral del año 1247 se contaban también los recibidos por donación inter vivos y por herencia: a partir de dicha compilación foral, tales bienes van siendo excluidos del acervo consorcial, adoptando el régimen legal la forma que hoy conserva, de comunidad extensiva a los bienes muebles y a las ganancias (entendida esta palabra en sentido semejante al que tiene en el Código civil).

La comunidad de los bienes muebles tenía razón de ser cuando, en la época de los fueros, sólo eran muebles el ajuar de la casa, los instrumentos de labranza y de artesanía y, posteriormente, algunos pocos valores incorporales: las injusticias que pudieran producirse eran reducidas, y aun en parte se compensaban con el instituto de las aventajas, pero sobre todo, por las ventajas de la seguridad jurídica y de la sencillez del sistema, mucho mayores que en el régimen de gananciales, el cual lleva consigo una prueba de las aportaciones mobiliarias de los cónyuges difícil de efectuar. Hoy, el desenvolvimiento de los bienes muebles bajo todas sus formas (dinero, empresas comerciales, valores mobiliarios, propiedad literaria, industrial, etc.), tal que muchas fortunas inmensas se componen casi exclusivamente de bienes muebles, ha deformado la comunidad legal, multiplicando en ella el elemento aleatorio: a falta de capítulos, la conservación o no de sus bienes por el que se casa o el cónyuge que hereda, depende de la circunstancia, puramente fortuita, de que éstos sean muebles o inmuebles.

El art. 48 del Apéndice conservó el régimen antecedente: conforme a él, eran comunes los bienes adquiridos por título oneroso constante matrimonio, los muebles (salvo aportación en calidad de sitios) y, en general, todos aquellos cuya condición privativa no podía demostrarse.

En cambio, la Compilación trató de adaptar las reglas clásicas a las circunstancias de nuestro tiempo, excluyendo de la comunidad la parte económicamente más importante y valiosa de los bienes muebles. En efecto, mientras la Compilación, además de los bienes que en el Código civil tienen el concepto de gananciales, declara comunes los bienes muebles, todos ellos «salvo lo previsto en los artículos siguientes», de hecho vacía de contenido el elenco de los bienes muebles en el artículo 39, según el cual, a los efectos del régimen matrimonial «se considerarán aportados al matrimonio o adquiridos como sitios, salvo pacto en contrario:

— primero: las explotaciones agrícolas, ganaderas, mercantiles e industriales, con cuantos elementos estén afectos a unas y otras;

— segundo: los vehículos y máquinas cuya titularidad debe constar en documentación intervenida por oficina pública;

— tercero: los valores mobiliarios, las participaciones en sociedades y cuentas de asociación, los capitales colocados en negocios y los créditos consignados en documento público;

— cuarto: los derechos de propiedad intelectual e industrial;

— quinto: los archivos de familia, así como las alhajas, obras artísticas y demás objetos preciosos;

— sexto: el dinero aportado o adquirido cuya existencia conste por documento público, bancario o de institución de crédito o ahorro».

Este precepto, ciertamente contradictorio con el sistema inmediatamente anterior, sin embargo, no sólo salva el Derecho tradicional aragonés, sino que prácticamente vuelve a él. La solución del Apéndice, conservando la letra de lo dispuesto en el siglo XIII, suponía, ante unas cambiadas condiciones económicas y sociales, la perversión de su espíritu. Bienes muebles perfectamente identificables, de gran importancia económica y aportados exclusivamente por uno de los cónyuges, pasaban, sin justificación alguna, a pertenecer al otro.

Ninguna seguridad había, aun entre cónyuges de igual fortuna, de que las aportaciones, ahora o en el futuro, fueran semejantes, puesto que esto dependía de un hecho tan fortuito como la naturaleza mobiliaria o inmobiliaria de los respectivos patrimonios y los bienes que recibieran por donación o herencia.

Para volver al Derecho primitivo era preciso adaptar el contenido de los viejos preceptos a los supuestos del momento. Y esto es lo que intentó realizar el Seminario de la Comisión compiladora Buscar voz..., haciendo suya una fórmula propuesta por Lorente Sanz, y en la cual los bienes muebles de mayor importancia económica, arraigo familiar, identificabilidad, etc., eran tenidos como si fueran inmuebles. Con esto creyeron haber interpretado exactamente el sentido del Derecho regnícola, que impuso la regla de la comunidad de muebles en una época en la que el dinero era escaso; la empresa mercantil apenas existía como tal y carecía de consideración jurídica (sustituida por la persona del comerciante); las máquinas eran raras y de no gran valor, y aun los objetos auxiliares de la explotación se hallaban incorporados al inmueble; no existían valores mobiliarios o derechos incorporales; las joyas y documentos tenían trato especial; etc. El sistema de comunidad de muebles no tenía entonces de común con el que se inició en Aragón ocho o nueve siglos antes más que el mero sonido de las palabras.

2. Deudas de los cónyuges y deudas de la comunidad: La evolución histórica hasta el Apéndice muestra en este punto un creciente favor del Derecho aragonés al marido en perjuicio de la esposa. El derecho de los fueros, es decir, el de los siglos XII y XIII, exigía, para declarar comunes las deudas contraídas por el marido cuando éste había tomado dinero a préstamo (regla que se podía generalizar a las operaciones a crédito) que rigiera la casa como buen administrador. Las Observancias invirtieron la prueba, presumiendo que el dinero tomado a préstamo por el marido había sido invertido en gastos beneficiosos al matrimonio mientras no se probase que el marido era un mal administrador.

Los autores del siglo XIX, sin duda inspirados por la corriente antifeminista frecuente entonces entre nuestros legisladores, extendieron esta presunción de buena administración del marido a toda clase de asuntos y contratos, pese a que de los textos históricos, no se desprendía tal conclusión. Y, por último, en el Derecho del Apéndice, y como culminación de esa evolución favorable a la responsabilidad de los bienes conyugales por deudas del marido, se llega a hacer responsables por tales deudas, cuando fueron contraídas en beneficio común, incluso a lo bienes peculiares de la mujer, en defecto de consorciales; presumiendo iuris tantum el beneficio común de todas las deudas contraída, por el marido. Además, al hacerse comunes todos los bienes muebles de los cónyuges, se hacían también comunes las deudas contraídas por cada uno antes de la boda. Con lo cual podía suceder que las deudas de uno se pagasen con los bienes muebles del otro, aunque el deudor tuviera bienes inmuebles.

La Compilación trata de resolver los problemas contemporáneos con criterio justo, en relación con el derecho más antiguo y genuinamente aragonés, y con técnica moderna. Así, distingue entre el derecho que tienen los acreedores a cobrar sus deudas sobre los bienes comunes cuando estas deudas parecen comunes, y la atribución de tales deudas, si en realidad no son comunes, al cónyuge que las contrajo o a cuyo cargo deben ponerse; éste es quien deberá pagarlas en definitiva, y si las pagó la comunidad conyugal, a ella deberá reembolsar el cónyuge deudor el importe pagado por su cuenta.

Enumera, en primer lugar, el art. 41 las deudas que son carga de la comunidad por su carácter evidentemente común. De ellas hay unas que tienen tratamiento especialísimo: las atenciones legítimas de la familia y las particulares de cada cónyuge, incluyendo en la crianza y educación de los hijos la de los legítimos de uno solo de aquéllos. Estas deudas deben ser pagadas, evidentemente, con cargo a bienes comunes, cualquiera que sea el cónyuge que las contraiga. Pero si no hay bienes comunes, los cónyuges responden de ellas, conforme al artículo 43-1, solidariamente, de modo que el deudor podrá cobrar indistintamente del que contrajo la deuda o del otro, si bien en la relación interna contribuirá cada uno por mitad. La razón de la norma es clara; para gastos de esta naturaleza, es necesario ampliar al máximo la solvencia de los cónyuges.

Continúa diciendo el art. 41 que son igualmente carga de la comunidad:

«—segundo: los réditos e intereses normales devengados durante el matrimonio por las obligaciones de cada cónyuge;

—tercero: las atenciones de los bienes privativos propias de un diligente usufructuario;

—cuarto: los alimentos legales debidos por cualquiera de los cónyuges;

—quinto: las deudas del marido o de la mujer, en cuanto redunden en beneficio común o hayan sido contraídas en el ejercicio de una actividad útil a la comunidad».

El régimen de responsabilidad por estas otras cargas consorciales es, a falta de bienes comunes, distinto: con arreglo al art. 43-2, «responde cada cónyuge por las restantes deudas comunes que contrajo; pero podrá repetir del otro la mitad de lo pagado, si demuestra que la deuda redundó, efectivamente, en utilidad común».

Complemento del citado apartado 5.° del art. 41 es el art. 42, dirigido a mejorar la solvencia de los cónyuges, y en particular la del que ejerce una actividad lucrativa (y, por tanto, la precisa más urgentemente). «El marido -dice-, en el ejercicio de sus facultades legales de administración, así como en la explotación regular de sus negocios o en el desempeño de su profesión, obliga siempre, frente a tercero de buena fe, a los bienes comunes. Igual responsabilidad alcanza a los bienes comunes por gestión de la mujer que ejerza industria, comercio o profesión, o legalmente administre».

3. Gestión de la comunidad: El Derecho aragonés de los fueros establecía una notable igualdad entre ambos cónyuges a este respecto, debiendo concurrir la mujer a las enajenaciones que hacía el marido incluso de inmuebles propios suyos; este concurso se reduce, por las Observancias, a los bienes raíces comunes, y en ese cuerpo foral el marido pasa a ser dominus et administrator de los bienes muebles y gestor único de la comunidad. Mas, en calidad de tal, no sólo administra los bienes comunes, sino, incluso, los de su esposa. Los bienes de la mujer casada, cuando eran de libre administración suya, recibían en el Derecho romano el nombre de parafernales, mientras en el Derecho aragonés los bienes de la esposa, al no ser gobernados por ella, se entienden asimilados a la dote, como si todos ellos se hubieran aportado al matrimonio en esa condición. De ahí que una observancia (7.ª Declaraciones monetatici), siquiera en materia fiscal, llegue a decir que in regno Aragonum uxor non potest habere bona paraphernalia; doctrina que en el siglo XIX mereció elogios de los foralistas influidos por el antifeminismo del Código de Napoleón y la moral social hispana de buena parte del siglo XIX. El Apéndice sólo admitió los parafernales mediante pacto.

La Compilación, breve en esta materia, trató de adaptar el Derecho antecedente a las exigencias del momento, inspirándose en los fueros antiguos. Las facultades del marido se reducen en ella, en principio, a la administración, y se comparten en lo preciso con la mujer. Bajo el epígrafe «administración de la comunidad», el art. 48 dispone que «el marido es el administrador de la comunidad», añadiendo inmediatamente que «la mujer participa en la administración con las facultades necesarias para el buen gobierno del hogar»; participación que, por consiguiente, entraña la legitimación para celebrar cualesquiera actos y contratos en el ámbito de su competencia e incluso la colación, en él, de un poder propio, del que, desde luego, no puede privarla el marido, pues se lo concede la ley.

El poder de administrar de la esposa se extiende en situaciones extraordinarias, a todos los bienes comunes (art. 48-3), siendo equiparada la mujer, en tales situaciones, al marido administrador.

En cuanto a los bienes de la mujer, los primeros proyectos de Compilación, volviendo al Derecho más antiguo, aceptaron el principio de equiparación entre los cónyuges, rechazado luego en superiores instancias. Aun así, hace notar la Exposición de motivos que, «a pesar de que la tradición jurídica aragonesa sea opuesta al manejo de parafernales por la mujer, en obediencia al principio de equiparación de los cónyuges se prevé que aquélla administre sus bienes privativos cuando así lo recabe»: véase art. 49.

Bajo el epígrafe «enajenación» establece el art. 51 que «el cónyuge administrador, por sí solo, puede enajenar los bienes comunes; mas para actos de disposición voluntaria sobre inmuebles y establecimientos mercantiles necesitará el consentimiento del otro cónyuge o, en su defecto, aprobación de la «Junta de Parientes» y, en otro caso, autorización judicial». El precepto, incluido en el cuerpo aragonés por la Comisión de codificación, concede al marido -cuando es él quien administra- la iniciativa en la disposición, pero sólo para las enajenaciones a título oneroso.

4. Disolución de la comunidad: Las causas de disolución no presentan en la compilación diferencia apreciable con las del Código civil. Con arreglo al art. 53, «en caso de muerte de un cónyuge, disuelta la comunidad y hasta tanto no se adjudique su patrimonio, el cónyuge viudo lo administrará; podrá deducir de él alimentos para sí y las personas que con el matrimonio convivan, y atenderá al pago de las deudas exigibles, así como al normal desarrollo de los negocios comunes y a la conservación de los bienes».

«El viudo, a expensas de los bienes comunes, y aun de los que fueron privativos del cónyuge finado, mientras unos y otros estén indivisos, puede, con ocasión de casarse un hijo o hija de ambos, hacerle donación análoga a la que marido y mujer hayan otorgado a favor de hijo o hija casados en vida de los dos».

5. Liquidación y división: Es peculiar del Derecho aragonés en esta materia la regla del art. 55-2.°, a cuyo tenor se incluirán en el inventario todos aquellos bienes que se hallen en poder del cónyuge sobreviviente al tiempo de formalizarlo y que, real o presuntivamente, sean comunes, así como aquellos de igual naturaleza que se pruebe existían al cesar la comunidad matrimonial, todo ello salvo lo dispuesto en los artículos 53-4 y 59.

Antes de la división, el cónyuge viudo podía, según el Derecho tradicional, retirar ciertos bienes de naturaleza mueble, como don de supervivencia, y por tanto sin que se imputasen en su parte: son las llamadas aventajas, que tuvieron una larga evolución; se concedieron luego a los herederos del cónyuge premuerto; y el Apéndice restringió el derecho a detraerlas a aquellos lugares donde hubiera tal costumbre (no, pues, al restante territorio aragonés) y las sometió, en cuanto a su contenido, al uso local.

La Compilación adapta el antiguo instituto a nuestra época, y lo extiende de nuevo a todo Aragón -con las diferencias provenientes de la costumbre de cada lugar- en el art. 57, a cuyo tenor «el cónyuge sobreviviente detraerá de los bienes comunes como aventajas, sus ropas de uso y llevar, sus instrumentos de trabajo de un valor no desproporcionado al patrimonio consorcial, y ajuar de casa en consonancia con el tenor de vida del matrimonio además de cualesquiera otros bienes que, como tales aventajas, le concede la costumbre local. El derecho a las aventajas es personalísima y no se transmite a los herederos».

El art. 58, tras establecer que, «liquidado el patrimonio, el caudal remanente se dividirá y adjudicará por mitad o en la forma pactada» como continuación del 57, y con finalidad semejante, faculta al viudo o viuda para «hace incluir en su lote los bienes de su uso personal o profesional que no constituyan aventajas, la explotación industrial, comercial o agrícola que dirigiera, así como los bienes que hubiera aportado al consorcio. Todo ello sin perjuicio de las compensaciones que procedan».

Finalmente, sobre liquidación de varias comunidades, dispone el art. 59 que «contraídas por el cónyuge sobreviviente ulteriores nupcias sin previa división, se hará separadamente liquidación de cada comunidad, incluso de la continuada si la hubiere. Entre ellas se verificarán los reintegros y reembolsos que procedan. Los bienes y deudas cuya condición no pudiera ser exactamente determinada se distribuirán equitativamente, atendiendo a lo criterios del artículo 1.431 del Código civil».

—Modificaciones introducidas por la ley de Cortes de Aragón de 16 de mayo de 1985:

Las normas que en la Compilación del Derecho civil de Aragón de 1867 regulaban el régimen de bienes en el matrimonio, en particular el régimen aplicable en ausencia de pactos, trataban de manera distinta la posición del marido y la de la mujer. Una de las preocupaciones fundamentales de la Ley de Cortes de Aragón de 16 de mayo de 1985 que reforma la Compilación, es eliminar todo rasgo discriminatorio por razón de sexo en nuestro Derecho civil. Consecuentemente, las previsiones legales sobre gestión de los bienes comunes en el matrimonio (arts. 48 a 51 de la Compilación) fueron sustituidas por otras de nueva planta. Teóricamente, hay dos formas extremas de regular la gestión de los bienes comunes confiriendo iguales atribuciones a ambos cónyuges: bien exigiendo para todos y cada uno de los actos de administración y disposición el consentimento de ambos, bien dando validez a los realizados por cualquiera de ellos. En el primer caso, se entorpece la fluidez del tráfico jurídico y aun se hace incómoda a los mismos cónyuges la gestión del patrimonio; en el segundo, sólo la plena confianza y lealtad entre marido y mujer defiende a cada uno de la arbitrariedad de su pareja, lo que resulta peligroso en situaciones de desacuerdos. Los Ordenamientos contemporáneos, partiendo de uno y otro principio, lo atemperan con diversos matices que forman sistemas intermedios. Así hizo el Código civil en su reforma de 13 de mayo de 1981, y así ocurre ahora en la Compilación aragonesa, sin que por ello coincida totalmente con el Código. Regla principal es la del apartado 1 del artículo 48, que configura un «gobierno dual de la economía del hogar», al disponer que la administración y disposición de los bienes comunes y las decisiones sobre la economía familiar corresponden a ambos cónyuges o a uno cualquiera de ellos con el consentimiento del otro. Pero también son válidos los actos que cada cónyuge realice por sí solo -a reserva de rendir cuentas y, en su caso, responder ante el otro, pero sin que los terceros se vean afectados- en los siguientes casos: 1) Para realizar actos de administración ordinaria del patrimonio consorcial, así como los de administración y disposición incluidos en el tráfico habitual de su profesión, arte u oficio (el caso extremo en que pensaba el legislador es el del contratista de obras que trafica con los pisos o locales que construye); 2) En cuanto a los bienes que figuren a su nombre exclusiva o indistintamente, o se encuentren en su poder, para realizar cualesquiera actos de administración o conservación, ejercitar los derechos de crédito y disponer del dinero o títulos valores. Esta última previsión permite notable libertad a cada cónyuge en actos tan frecuentes como el pago en dinero.

El gobierno dual puede llevar a la paralización cuando los cónyuges no consiguen ponerse de acuerdo, pues a ninguno de ellos puede darse primacia. No queda sino acudir a una instancia externa, que suele ser el juez. Sin embargo, el Derecho aragonés permite que, si en ello convienen los cónyuges, sea la Junta de Parientes quien decida. Si los desacuerdos son graves y reiterados, cualquiera de los cónyuges podrá solicitar del juez la disolución y división de la comunidad, rigiendo en su caso, y para lo sucesivo, la separación de bienes. También prevé la Compilación que uno de los cónyuges se hallare impedido para prestar su consentimiento sobre uno o varios actos de administración o disposición de los bienes comunes, en cuyo caso resolverá el juez.

Naturalmente, cada cónyuge administra sus bienes propios y dispone libremente de ellos (si bien ha de contar con el derecho expectante de viudedad cuando se trate de disposición de inmuebles). Pero se limita esta libertad cuando el bien de que se dispone es la vivienda habitual o el mobiliario de uso ordinario de la misma, exigiéndose el consentimiento del otro cónyuge, a pesar de no tener parte en la propiedad del bien. Como se ve, los intereses personales, familiares, vitales, prevalecen sobre la lógica del derecho de popiedad.

De los demás preceptos referidos a la comunidad conyugal que han recibido algún retoque por la Ley de 16 de mayo de 1985 (sobre algunos extremos de la disolución y liquidación, por ejemplo), el más polémico es el artículo 41, al considerarse como cargas de la comunidad (gastos, por tanto, que han de pagarse con cargo a los bienes comunes) también los gastos de crianza y educación de los hijos de uno solo de los cónyuges, incluso de los mayores de edad que convivan con el matrimonio. Si estos hijos de uno solo de los cónyuges, ya mayores de edad, no conviven con el matrimonio, los alimentos legales que su progenitor puede estar obligado a pagar son también cargas de la comunidad -aunque con un régimen ligeramente distinto- con la peculiaridad de que cuando estos hijos sean adulterinos -«habidos con persona distinta constante matrimonio», dice el eufemismo legal- lo pagado con cargo a los bienes comunes deberá reintegrarse en el momento de la liquidación. Como se ve, mientras sean menores los hijos adulterinos su mantenimiento grava también definitivamente, por mitad, al cónyuge no progenitor.

 

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