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Colonización

Contenido disponible: Texto GEA 2000

La necesidad de aumentar la superficie de regadío en Aragón fue puesta de manifiesto sobre todo por Joaquín Costa, quien preconizó a comienzos de siglo la necesidad de un «Ministerio de Aguas» que actuase como «agente de las actividades individuales, como regulador de la vida social y como obligado e interesado en el aumento de la población, en la regeneración de la raza, en los progresos de la riqueza pública, fuente de tributación-». El entusiasmo de Costa, y otros regeneracionistas como Lucas Mallada y Macías Picavea, tuvo su primer reflejo oficial en el «Plan de Obras Hidráulicas de 1902» y la publicación en 1907 de la Ley de Colonización y Repoblación Interior del gobierno González Besada que perseguía la formación de patrimonios familiares en colonias que se constituirían ocupando terrenos de secano y montes públicos incultos, creándose la Junta Central de Colonización, vigente hasta su sustitución (en la Dictadura de Primo de Rivera) por la Dirección General de Acción Social Agraria.

A lo largo de este período se ponen en marcha actuaciones en materia de regadíos tan fructíferas como la Confederación Hidrográfica del Ebro, a través de la que se incrementarán fuertemente las superficies en regadío. Esta política sería continuada en la II República con la Ley de Obras de Puesta en Riego (OPER) de 13-IV-1932, punto de partida de la política de colonización que se seguiría con posterioridad, ya que en esta ley se reconocía que no era suficiente emprender únicamente obras hidráulicas, sino que era necesario abordar obras secundarias de transformación (redes de riego y de drenaje) que no pueden dejarse a merced de la iniciativa privada, siendo necesaria, además, la realización de caminos, viviendas y toda una serie de trabajos adicionales.

Tras la guerra civil española se abordan sobre todo reformas técnicas encaminadas a aumentar la productividad de la agricultura, entre la que destacan la Ley de Bases de diciembre de 1939, la de abril de 1946 de colonizaciones de interés local, y, sobre todo, la ley de abril de 1949 sobre «colonización y distribución de la propiedad de las zonas regables», que es la que mayor incidencia tuvo en la región aragonesa.

El objetivo de la última ley citada era la puesta en regadío de extensas zonas a través de la iniciativa estatal, en las que se llevaría a cabo la distribución de una parte de las nuevas superficies regadas entre colonos que se asentarían en ellas. Para realizarlo, el Instituto Nacional de Colonización (INC) formulaba un proyecto en el que se incluía la superficie por colonizar y los precios mínimos y máximos a que se pagaría la tierra expropiada; las superficies ya regadas no se expropiaban y, además, se reservaba a los antiguos propietarios elevados porcentajes de sus fincas. De esta manera, los propietarios afectados resultaron beneficiados, al poder conservar aproximadamente el 72 % de sus tierras -ahora regadas-. Las tierras restantes -llamadas «tierras de exceso»—-son las que se distribuyen entre los nuevos colonos, dándose preferencia a los arrendatarios y aparceros que ya fuesen cultivadores directos de la zona, a los agricultores de otras comarcas y, finalmente, a los propios arrendadores, previa solicitud.

En la región aragonesa, tres fueron las zonas en las que se construyeron nuevos pueblos por parte del I.N.C.: en la primera parte de Bardenas, también en la primera de Monegros -todo ello dentro del Plan de Riegos y Colonización de Bardenas-Alto Aragón- y en la comarca del Bajo Aragón.

En 1970 habían sido asentados en Aragón unos 3.000 colonos, lo que suponía el 7 % del total de los instalados por el I.N.C. en España. A la hora de juzgar la experiencia es necesario tener en cuenta que su construcción se realizó sobre todo a lo largo de los años de la autarquía, por lo que a través de ellos se pudo mejorar la situación de toda una serie de familias que carecían en aquel momento de otras alternativas, lo cierto es que a los veinte años de haberse terminado estos pueblos no eran capaces de crear siquiera los puestos de trabajo necesarios para retener a la población juvenil, a la vez que la decisión de construir pequeños núcleos influyó en su escasa dotación de servicios, y que los materiales utilizados y la planificación de las obras en algún caso fueron tan deficientes que se produjeron situaciones como la de Puilato -núcleo situado en las proximidades de Zuera-, que hubo de ser declarado en ruina, pasando sus habitantes a residir a otras viviendas construidas por el entonces I.R.Y.D.A.

La superficie de las explotaciones familiares tendió a ser cada vez más insuficiente ante la introducción en la agricultura de tecnologías más modernas y haberse preferido por parte del I.N.C. el fomento del individualismo en lugar de potenciar la agricultura de grupo en explotaciones mucho mayores que las actuales. La imposibilidad de dividir las parcelas entre los diversos hijos de la familia -no sólo por razones de rentabilidad, sino también por imperativos jurídicos -fue otro motivo de conflictos que junto a la dificultad de absorción de la nueva mano de obra en la industria o en los servicios determinaron la existencia de flujos migratorios incluso en los pueblos de colonización más prósperos de los existentes en Aragón.

 

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