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Casino de Zaragoza

Contenido disponible: Texto GEA 2000

Con la llegada de la democracia a nuestro país, se produce la legalización del juego y, en consecuencia, se permite la apertura de locales como salas de bingo o casinos, si bien estos últimos debían ubicarse fuera del casco urbano. Por esta razón, el Casino de Zaragoza se instala en el término de Alfajarín bajo la denominación «Casino Montesblancos»; la sociedad se constituyó el 8 de mayo de 1978 con un capital social de 250 millones, y como principal accionista figuraba el empresario zaragozano José-María Sánchez Ventura. El importante desembolso que supuso la construcción de las instalaciones (incluían hotel y campo de tiro, además del casino) ocasionaron a la sociedad frecuentes dificultades de tesorería; no obstante la explotación del casino resultó rentable en los primeros años. Sin embargo, a principios de los noventa, se produce un fuerte descenso en la facturación (de 5.000 a 3.000 millones anuales) como consecuencia de la situación económica general, lo cual supone el inicio de una grave crisis financiera agravada por una deficiente gestión. Por esta época la propiedad del Casino había pasado a manos de empresarios madrileños: los hermanos José Miguel y Fernando Isidro Rincón figuraban como principales accionistas, y Fernando Arrieta, como presidente del Consejo de Adminsitración.

En agosto de 1996 el empresario Alfonso Fuentes Barau se hace con el 90% del capital del Casino de Zaragoza S.A. (el 10% restante pertenece al madrileño Pedro Trapote). Seis meses más tarde, con un activo de 2.085 millones y un pasivo de 1.636, se solicitó la suspensión pagos. Los principales acreedores eran la DGA (por impago de tasas de juego), Hacienda y la Seguridad Social, la DGA se ve obligada a intervenir y a quedarse con el suelo y las instalaciones, mientras que la suspensión de pagos se pone en manos de la justicia ya que existían sospechas de quiebra fraudulenta. En plena investigación (el 21 de noviembre de 1997) se produjo el asesinato del interventor judicial Javier López Aldea que estaba investigando, entre otros casos, el del Casino de Zaragoza; asesinato que, hasta la fecha, sigue sin resolver. Entretanto, a la DGA le habían llegado distintas ofertas de compra de acciones. Finalmente, tras largas y tensas negociaciones (que se vieron dificultadas más, si cabe, por el asesinato del interventor), la Junta de Acreedores acordó la venta del Casino a la multinacional norteamericana Trans World Gaming, operación que se formalizó en abril de 1998. En virtud del acuerdo, Fuentes recibía unos 180 millones de pesetas, incluida la condonación de su deuda con el casino, de 40 millones, Trans World obtenía de la D.G.A. una guita del 35,75 % de la cantidad total a pagar, igual a los recargos e intereses incluidos en la deuda, por un importe de 398 millones. Para abonar el resto de la deuda por la tasa de juego (973 millones) la multinacional dispone de un plazo de ocho años, con dos de carencia. La empresa se compromete a mantener los puestos de trabajo y la actividad del Casino, y obtiene el compromiso de la Administración Autonómica de eliminar las trabas legales que impiden la instalación del casino en el centro de Zaragoza. Trans World tiene previsto el traslado del casino al Hotel Palafox de Zaragoza, una vez que las Cortes de Aragón aprueben la Ley aragonesa del juego (actualmente en trámite parlamentario) que derogará la prohibición de instalar casinos en las poblaciones. La decisión del trasladar el casino al casco urbano ha ocasionado un fuerte revuelo entre los empresarios del sector (propietarios de bingos y máquinas tragaperras) que ven en el casino una competencia para su negocio. Por razones bien distintas, la Asociación de Jugadores en Rehabilitación (AZAREJ) solicitó, en febrero de 2000, el apoyo de los políticos para impedir el traslado del casino al centro de Zaragoza, hecho que supondría (en opinión de AZAREJ) un aumento de la ludopatía.

 

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