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Bienes comunales

Contenido disponible: Texto GEA 2000

Son una parte de los bienes municipales, pero que se singularizan por unas características especiales. No son bienes de dominio público, sino privados, patrimoniales; sin embargo, su régimen jurídico no es el de un puro bien privado, puesto que el Ayuntamiento no obra respecto a ellos como un mero propietario, sino que está vinculado por una normativa jurídica basada fundamentalmente en la idea de que el aprovechamiento y el disfrute de los bienes comunales pertenecen exclusivamente a los vecinos. En realidad sobre los bienes comunales confluyen dos titularidades distintas: la del Municipio propietario de los bienes, y la de los vecinos, titulares de un derecho real de goce y aprovechamiento. Esta confluencia de titularidades tiene consecuencias a la hora de enfocar problemas como la desafectación, enajenación, expropiación, etc., de bienes comunales, donde debe darse intervención a ambos titulares, Municipio y vecinos.

El régimen jurídico de los bienes comunales deriva de diversas fuentes: como base fundamental, la Constitución en su artículo 132, donde se fijan los principios generales de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad; más pormenorizadamente, la Ley de Régimen Local de 24-VI-1955, con referencias en diversos preceptos, sobre todo en los artículos 183 y siguientes; por fin, debe consultarse el Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales de 27-V-1955, en sus artículos 77 a 93 y, para cada municipio, sus ordenanzas de aprovechamiento de los bienes del común.

Esta narración de fuentes jurídicas sirve para que constatemos la ausencia de notas singulares de los bienes comunales en Aragón, a despecho de las peculiaridades forales que luego se comentarán. Se trata, en efecto, de normas con aplicación en todo el territorio nacional y no propias de Aragón. Las posibles particularidades surgirán por la vía de las ordenanzas privativas de cada pueblo, pero no serán, en principio, negadoras del régimen jurídico general que marca la normativa estatal, sino sólo matizadoras y adaptadoras de sus preceptos al medio propio.

Deben, sin embargo, notarse algunos puntos de particular importancia en nuestra región. En primer lugar, hay que llamar la atención acerca del desconocimiento completo que tenemos sobre el número de hectáreas de nuestro territorio cuya calificación jurídica es de comunal: ni siquiera los trabajos más recientes recogen datos sobre la cuestión, y hay que moverse con intuiciones, con referencias parciales de municipios singulares, y, hasta cierto punto, no se sabe si suficientemente representativas.

En un océano, por tanto, de ignorancia, sí que es posible, sin embargo, la contemplación de algunos islotes aislados que permiten aportar algunas ideas.

Así, y respecto a la formación histórica de los bienes comunales en nuestra región, no parece que haya diferencias con lo sucedido en el resto del país. Los bienes comunales descontando más remotos y brumosos antecedentes aparecen como tales en la Edad Media, como parte de los privilegios que el rey concede a los pobladores de un nuevo lugar.

Así, por ejemplo, puede comprobarse en la carta puebla que el rey de Aragón, Ramiro II, y su yerno el conde Ramón Berenguer concedieron a Tauste el año 1138. En ella se da a los pobladores la propiedad de todo el término municipal y el derecho de usar de todo cuanto hay sobre el suelo, prohibiéndoles la enajenación de las tierras; notas, todas ellas, básicas del concepto.

El patrimonio comunal de los municipios aragoneses conocerá diversas vicisitudes a lo largo del tiempo; entre ellas, no son las menos importantes las pugnas que surgen con la Casa de Ganaderos de Zaragoza paralelas a las que en Castilla tenían lugar con la Mesta que pretendía el libre uso para sus ganados de todas las tierras comunales del reino.

Los comunales sufren en Aragón un rudo golpe con la desamortización de Madoz de 1855. Aunque oficialmente estaban excluidos de ella, los términos de la ley eran tan confusos como la misma situación de los comunales en nuestros pueblos, muchas veces explotados en una época como bienes propios y a continuación como comunales. Se vendieron muchos de estos bienes y en ocasiones los vecinos usaron de formas civiles constitución de sociedades para comprarlos y seguir con la explotación comunal. Con el tiempo, y muertos los primitivos adquirentes, muchas de estas sociedades se disolvieron, como sucedió con la de Pedrola por sentencia de la sala de lo Civil de la Audiencia Territorial de Zaragoza de 27-VI-1974, que ordenaba proceder a la partición de los bienes comunes.

La desamortización ha tenido, por otra parte, muchas formas y pervivencias en Aragón y no se agotó con la ley Madoz. Los comunales han desaparecido en muchos supuestos por la rapiña e ignorancia de los propios vecinos que, confundidos o no, han pensado en muchas ocasiones que el mero hecho de pagar durante treinta años el canon de labor y siembra era título suficiente para aplicar las reglas del Código Civil sobre prescripción adquisitiva e inscribir en el Registro de la Propiedad a su nombre los bienes. Han desaparecido los comunales, igualmente, en las grandes obras públicas pantanos, regadíos, en las operaciones expropiatorias gigantes con fines militares como sucedió en la ampliación del campo de maniobras de S. Gregorio, que arrebató más de 1.500 Ha. de comunales al municipio de Tauste. En muchos de estos supuestos y la situación durante el régimen franquista ha sido constante, la expropiación se resolvía en un puro despojo de los vecinos que aprovechaban los bienes, que no veían ninguna parte de la indemnización que iba a parar íntegra a Ayuntamientos de ninguna forma representativos.

No quiere esto decir que los comunales de Aragón hayan ya desaparecido. Conocemos la pervivencia de muchos terrenos con esta calificación. En el Pirineo hay abundantes ejemplos de ello (valles de Echo, Ansó, etc.) y es también en estas montañas donde perviven algunas peculiaridades en el aprovechamiento de bienes comunales, provenientes del régimen foral, que es conveniente notar. Así, la institución de la alera Buscar voz... foral, a la que se refiere el artículo 146 de la Compilación de Derecho civil, sería una excepción a la regla del aprovechamiento de los comunales por los propios vecinos, puesto que la alera se funda en la mancomunidad de pastos entre pueblos limítrofes. Solamente el boalar el terreno destinado al pasto del ganado de los vecinos estaba exento del derecho de alera. Igualmente podrían señalarse aquí las facerías internacionales que ciertos municipios mantienen con pueblos del lado francés y que permiten, igualmente, el aprovechamiento de bienes comunales o de propios de un municipio español por ganados franceses y viceversa.

El problema actual que presentan los comunales en Aragón es el de su desconocimiento y depuración jurídica en las situaciones conflictivas. El paso siguiente debe ser su correcta ordenación y reparto entre los vecinos del lugar atendiendo a los criterios de progresividad y disminución de las diferencias sociales que marca la normativa en vigor (art. 192 de la Ley de Régimen Local) y que deben traslucirse en todas las ordenanzas municipales.

 

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