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PHN (Plan Hidrológico Nacional o Trasvase del Ebro)

Contenido disponible: Texto GEA 2003  |  Última actualización realizada el 02/04/2007

El Plan Hidrológico Nacional, directamente relacionado con el Trasvase del Ebro Buscar voz... es uno de los acontecimientos que han marcado la vida política de la Comunidad Autónoma de Aragón desde 1999 a la actualidad. Este proyecto ha generado importantes foros de debate y páginas de literatura que sería imposible sintetizar. Por ello, pensamos que lo más adecuado es reflejar aquí las conclusiones de las alegaciones presentadas por el Gobierno de Aragón al documento denominado «Plan Hidrológico Nacional» que fue remitido por el Gobierno de la Nación al Consejo Nacional del Agua el 5 de septiembre de 2000. En dichas conclusiones se sintetiza las características de dicho Plan y la postura oficial de la Comunidad Autónoma de Aragón.

— Conclusiones.

1. Del Anteproyecto de Ley destaca una concepción muy restringida del PHN 2000, que lo hace ceñirse casi únicamente a la regulación de transferencias de recursos hídricos entre ámbitos de distintos Planes Hidrológicos de cuenca. Dada la recomendación que hace el Ministerio de Medio Ambiente de considerar como el más apropiado el trasvase del Ebro, puede considerarse que el Anteproyecto de Ley del PHN se dedica a regular con práctica exclusividad las condiciones de realización del trasvase del Ebro.

2. El Anteproyecto de Ley del PHN 2000 no tiene Exposición de Motivos o Preámbulo, lo que impide conocer las razones que mueven a esa concepción restringida del PHN 2000 y, más en concreto, a configurar de una forma determinada las condiciones ambientales, de gestión, técnicas y económicas del trasvase recomendado.

Un Anteproyecto de Ley sin Exposición de Motivos constituye una contradicción en sus propios términos, pues no se compadece, precisamente, con las tendencias aceptadas de la moderna forma de legislar. Legislar no es hoy tanto disponer, ordenar, mandar, como, primariamente, hacer comprensibles para todos las razones que han movido al autor de lo que se pretende sea innovación normativa. En ese sentido no es posible comprender las razones del contenido del Anteproyecto de Ley.

3. El Anteproyecto de Ley y los documentos anejos tienen una evidente característica común: no presentan de forma clara, y fuera de toda posible confusión, los elementos esenciales que fundamenten los problemas planteados y las soluciones propuestas en todas las cuencas. Esto afecta a cuestiones tan diversas como el horizonte de planificación, valores de variables territoriales con influencia en los recursos hídricos, cuantificaciones diversas, costes de agua trasvasada, estimación del valor económico destinada a los usos actuales en cada punto de destino, cuadro comparativo de costes y ventajas entre las distintas opciones consideradas, cuadro comparativo de alternativas de trasvase y desalación en los diferentes territorios, cuadro comparativo de las variables ambientales de las distintas opciones examinadas, etc.

El modelo de optimización que se emplea para seleccionar la alternativa de menor coste queda totalmente invalidado al no haber integrado la tecnología de desalación, que resulta especialmente apropiada en los puntos de destino del trasvase más remotos.

En general la documentación que soporta el PHN 2000 presenta una apariencia de racionalidad; sin embargo, se detectan numerosos flancos débiles que ponen en cuestión todo el edificio de racionalidad presentado, tanto en el ámbito hidráulico como en los aspectos económico, ambiental y jurídico.

4. La planificación hidrológica Buscar voz... es una manifestación sectorial de la planificación administrativa. Planificar significa una actividad de análisis y diagnóstico, la emisión de un juicio sobre la actividad analizada y una consiguiente adopción de medidas siempre complejas, interrelacionadas y ordenadas. La actividad de planificación implica la previsión de un período temporal para las actuaciones previstas y la anticipación de las circunstancias que harán necesaria una revisión de lo planificado. Planificar en los comienzos del tercer milenio es, también, introducir siquiera sea a modo de especulación, variables económicas (precios, tributos) para prever las modificaciones del comportamiento de los destinatarios del Plan. En ese sentido no puede decirse que estemos ante un verdadero Plan, puesto que en el Anteproyecto de Ley presentado faltan todas las condiciones indicadas.

5. La ausencia de medidas económicas para gestionar la demanda es lamentable pues desconoce las tendencias que deben imponerse en el derecho español a partir de la recepción de la Directiva Marco Comunitaria, próxima a ser definitivamente aprobada. Igualmente no existe ninguna otra de las medidas de gestión de la demanda que deben preceder por entera lógica a la decisión de realizar un trasvase: por ejemplo, revisión de concesiones, ajuste de dotaciones, uso coordinado de aguas superficiales y subterráneas, medidas de contenido económico-financiero y reforzamiento de los medios personales y materiales de los Organismos de cuenca para posibilitar un control público efectivo de la gestión del dominio público hidráulico.

Las medidas de gestión de la demanda, son tanto más importantes en cuanto que un trasvase representa una ruptura de la unidad de cuenca, que es el principio básico de gestión de las aguas tanto en el derecho español (art.13.2 de la Lag.) como en el derecho comunitario (Directiva-Marco). Las excepciones a este principio deben estar fundamentadas y configuradas como la última de las soluciones posibles, debiendo la planificación hidrológica disponer otras prioritarias.

6. Examinado el contenido del PHN 2000, guarda ante todo una estricta proximidad con los clásicos e históricos planes hidrológicos españoles, reducidos a la pura previsión de obras hidráulicas sin determinaciones de ningún otro tipo. En tal sentido se trata de una planificación obsoleta. En modo alguno conecta con la compleja técnica de la planificación hidrológica tal y como la dibuja la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas. De ninguna forma se cumplen los objetivos generales de la planificación reflejados en el art. 38.1 de esa Ley en la redacción recibida tras la Ley 46/1999, de 13 de diciembre y, primigeniamente, el de la consecución del buen estado ecológico del dominio público hidráulico. Su único objetivo es la «satisfacción de las demandas de agua» de las cuencas señaladas como receptoras del trasvase, recomendado al margen, obviamente, de cualquier afirmación en este momento sobre la justificación de esas demandas de agua.

7. El PHN 2000 desconoce las experiencias de los pasados proyectos de trasvase y de la gestión de los trasvases existentes. En el pasado en todos los casos se han sobrevalorado los déficit y su evolución futura, la urgencia de la actuación, magnificado los estrangulamientos que hipotéticamente se producirían de no tener lugar el trasvase, minusvalorado la oposición de los territorios cedentes y la eficacia de las vías internas en el aumento de la disponibilidad de recursos hídricos. En los trasvases existentes no ha sido posible, por diversas circunstancias, agotar su capacidad de transporte en algunos casos (Acueducto Tajo-Segura), y, en otros, ni siquiera se demanda la capacidad jurídicamente admisible (minitrasvase a Tarragona).

8. En el PHN 2000 se desconocen aspectos ambientales elementales previos a la adopción de decisiones, adoptándose éstas también en ausencia de la aplicación de determinados contenidos ambientales del Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro que afectan singularmente a los cálculos de los caudales ecológicos y a las condiciones ecológicas mínimas, especialmente en lo relativo al tramo bajo del Ebro y al Delta del Ebro (procesos de erosión e intrusión de la cuña marina).

El Gobierno de Aragón considera que el Delta del Ebro es una de las zonas húmedas más importantes del Mediterráneo. Dada la extrema fragilidad de los hábitats que acoge y su escasez en el contexto mediterráneo, la conservación de este tipo de espacios se considera de interés prioritario en el conjunto de Europa y, desde luego, para el Gobierno de Aragón lo es.

Las previsiones del PHN 2000 amenazan la pervivencia del Delta del Ebro, sin que en la documentación presentada existan mecanismos científicamente contrastados de previsión de efectos indeseables y técnicas de corrección.

9. Un Plan hidrológico es algo más que un plan puramente hídrico. Solo es concebible dentro de presupuestos de política territorial, de ordenación del territorio. Ello implica una labor de coordinación con las políticas conducidas en esa materia por las Comunidades Autónomas, que son quienes tienen las competencias específicas sobre la materia (art. 148.1.3 CE y preceptos correspondientes de los EEAA).

Las Comunidades Autónomas no han estado presentes en la fase de elaboración del Anteproyecto de Ley del PHN 2000 y son ignoradas por completo en su texto, llegando esa ignorancia a configurar alguna medida claramente inconstitucional, como la regulación de las reservas ecológicas en el art. 25 del Anteproyecto que afecta a las competencias de las CCAA sobre espacios naturales protegidos, según jurisprudencia consolidada del Tribunal Constitucional.

No es admisible desde los presupuestos de ordenación territorial indicados, que las Comunidades Autónomas afectadas por las transferencias de recursos hídricos no formen parte de las Comisiones de trasvase reguladas por el Anteproyecto (art. 19), que tan importantes competencias tienen sobre las decisiones periódicas de adopción de medidas concretas de trasvase.

10. La planificación hidrológica tiene que formarse en coordinación con las planificaciones sectoriales aplicables. En particular es lamentable la ausencia de presentación paralela del Plan Nacional de Regadíos, máxime cuando ello fue acuerdo específico y repetido de las Cortes Generales con ocasión del debate en torno al PHN 93/96. En particular debe coordinarse el PHN 2000 con el PNR para, entre otras cosas, medir exactamente los efectos sobre el empleo de los trasvases previstos y las consecuencias a deducir desde presupuestos de política nacional del hecho de que sea previsible que el aumento de dicho empleo se haga exclusivamente con mano de obra inmigrante.

11. La noción de que el regadío sólo tiene posibilidades de expansión en las producciones mediterráneas debe ser revisada, teniendo que valorarse especialmente que el subsector de cítricos haya sufrido en la campaña de comercialización 2000 uno de los peores reveses de los últimos 20 años. Al contrario parece que hoy los dos sectores con más futuro son la uva de transformación y el olivar. La uva de transformación precisa riegos de apoyo, lo que puede ser especialmente aplicable al sector del viñedo aragonés y al castellano-manchego, debiendo tener su correspondiente reflejo hidrológico. Cuestiones como éstas plantean un modo de planificación hidrológica distinto del que ha conducido al PHN 2000, siendo otra vez lamentable que no se haya producido la necesaria coordinación con el Plan Nacional de Regadíos.

12. Los Planes Hidrológicos de Cuenca, aprobados en 1998 y con sus normas publicadas en 1999, deben ser ahora aplicados y, en su momento, valorados los resultados de tal aplicación. Sólo así será respetada la voluntad repetidamente expresada por las Cortes Generales de aprobación previa de los Planes hidrológicos de Cuenca al PHN, pues esta condición no puede ser interpretada como un requisito de mera precedencia temporal. En caso contrario habría que pensar que el debate habido en su momento estaba presidido únicamente por criterios de oportunidad política que, como tales, son absolutamente pasajeros. Si se juzga que alguno de los actuales Planes Hidrológicos de Cuenca no contiene las medidas adecuadas para la satisfacción de las demandas de su territorio, lo que procede es su inmediata revisión.

13. La monográfica actitud trasvasista del PHN 2000 contrapone claramente los principios de la Directiva marco comunitaria de gestión sostenible del agua a nivel, además, de cuenca hidrográfica. De la misma forma, no se garantiza en el texto presentado la aplicación del principio de recuperación de costes que es esencial a dicha Directiva, con independencia de los matices que, en su caso y justificadamente, puedan introducirse.

14. De la misma forma, el PHN 2000 es difícilmente compatible con la Estrategia Territorial Europea «Hacia un desarrollo equilibrado y sostenible del territorio de la UE» (Postdam, 1999). Los principios de conservación de los recursos naturales, cohesión económica y social y competitividad más equilibrada del territorio europeo que forman la base de dicha estrategia, no son reconocibles en el PHN 2000. Igualmente, sus directivas sobre gestión de los recursos hídricos (gestión sostenible, aplicación preferente de medidas preventivas, introducción de instrumentos económicos y reducción de consumos) están ausentes del PHN 2000.

15. Dada la configuración jurídica del Fondo de Cohesión y la práctica seguida por las autoridades comunitarias sobre su gestión, parece completamente dudoso que pueda ser conseguida financiación comunitaria para la mayor parte de las obras de trasvase incluidas en el PHN 2000, dada su vinculación con el regadío. Por otra parte, la sobrevaloración de las demandas urbanas producida en el PHN 2000 sólo tiene como objetivo, además de justificar el trasvase cara el interior del país, hacer posible la financiación europea, pero es obvio que no se precisa la cantidad de agua que indica el PHN 2000.

16. Las tendencias emergentes que inciden en la evaluación de la demanda y de las disponibilidades de agua inciden en una disminución de las demandas de agua en cuanto apuntan el estancamiento de la población, el grado de saturación de la población estacional, el descenso de las dotaciones urbanas de agua por habitante, la subida de los precios del agua en el uso urbano, el avance tecnológico y el descenso del coste de la desalación, la obligatoriedad del desarrollo de la depuración de aguas residuales que favorece su reutilización, la regulación del mercado del agua y la transformación de sectores industriales de alto consumo de agua.

Nada de ello se ha tenido en cuenta en la configuración del PHN 2000.

17. El PHN 2000 contiene una evidente sobrevaloración del déficit en el arco mediterráneo. No se captan las reducciones de la demanda de agua urbana que se están produciendo y, curiosamente, no se utilizan las predicciones del Instituto Nacional de Estadística que refieren un estancamiento de la población. Por otra parte, para las cuencas receptoras se mantienen unas dotaciones impropias de su consideración como territorios con problemas hídricos. La utilización de pautas racionales de crecimiento y de gestión de la demanda permitiría conseguir unos volúmenes de ahorro del orden de 660 Hm3, equivalentes al 66% del déficit total de trasvase del PHN 2000. Por otra parte, la sobrevaloración de las demandas de estas cuencas equivale a 1.100 Hm3 en el conjunto de las demandas, o sea el 110% del déficit de trasvase.

18. En particular en el ámbito del agua para regadío, se aprecia una inconsistencia de las superficies de regadío en la cuenca del Júcar y de incoherencia generalizada entre superficies y demandas. Este hecho trasmite dudas sobre la solvencia de la cifra de superficie de regadío actual en esta cuenca. En todo caso existe un enorme espacio para la reducción de las demandas en todas las cuencas receptoras por la vía de la aplicación de métodos de gestión de la demanda. A esos efectos es completamente seguro que bastante más de la mitad de la superficie de regadío de las cuencas receptoras usa métodos de riego por gravedad, siendo los de aspersión y riego localizado —los de menor consumo— prácticamente testimoniales. Igualmente queda un inmenso campo de actuación en el revestimiento de acequias de tierra y conducciones de hormigón en mal estado, que afectan a un 27% de la superficie regada en la cuenca del Júcar y a un 10% en la cuenca del Segura.

19. Es constatable cómo se produce un crecimiento constante en las superficies de regadío de las cuencas receptoras al margen de cualquier racionalidad y respeto a la legalidad. En la cuenca del Segura y durante el período 1985-2000 el aumento en la superficie de regadío puede estimarse en un 13%, aumento que se produce al mismo tiempo que tiene lugar la sobreexplotación de los acuíferos que ahora se utiliza para justificar en parte el trasvase. En ningún momento y dada la voluntad expresa del PHN 2000, se prevé una marcha atrás en las utilizaciones que han producido tal sobreexplotación.

Si la gestión pasada es insostenible ambientalmente, la que permite predecir con completa seguridad el Anteproyecto de Ley, lo es igualmente.

20. Es constatable con la documentación oficial, que las cuencas receptoras prevén reducciones de dotaciones en el regadío menores que las reducciones previstas en otras cuencas que no van a ser receptoras y que, además, en modo alguno se excluye —contra lo que aparentemente se dice— el incremento de la superficie de regadío en las cuencas receptoras que pueden afrontar con aguas no trasvasadas. Todas las cuencas hidrográficas españolas prevén en el segundo horizonte temporal de sus Planes Hidrológicos de cuenca un descenso en las dotaciones medias, salvo el Júcar, el Segura y Baleares que las mantienen, y las Cuencas Internas de Cataluña que las suben.

21. No existe en el PHN 2000 ninguna tendencia comprobable a elevar la disponibilidad de recursos en el arco mediterráneo con recursos propios, no convencionales. Las previsiones de aumento en la reutilización de aguas residuales depuradas son casi imperceptibles.

22. En particular es clamorosa la ausencia de un análisis sólido de las posibilidades de la desalación. Sin embargo desde el punto de vista de los costes, la desalación es ya una realidad, máxime en relación a los costes previsibles de las actuaciones de trasvase en la mayor parte de los lugares lo que hace a la desalación viable cuando el coste de la actuación competitiva se sitúe en el entorno de 60-75 ptas./m3. El análisis de costes de la desalación convierte en irracionable económicamente el trasvase a Almería (coste de desalación 75 pta./m3 frente a 93 pta./m3 de trasvase, afecta a 79 hm3/año); Almanzora (coste de desalación de 72 pta./m3 frente a 81 pta./m3 de trasvase, afecta a 32 Hm3); dudoso el trasvase a Cartagena Litoral (coste de trasvase 71 pta./m3, afecta a 53 Hm3/año), a Marina (coste de trasvase de 68 pta./m3, afecta a 168 Hm3 año), y al Bajo-Segura (coste de trasvase 66 pta./m3, afecta a 341 Hm3 año).

23. Existen otras ventajas de la desalación que deben ser tenidas en cuenta como la inexistencia de costes de compensación (no puede existir cuota ambiental), que la desalación supone un esfuerzo de solidaridad interna por parte de la presunta cuenca receptora, que los costes energéticos son asumibles en los procesos de ósmosis inversa, que se produce una independencia entre el servicio de la demanda y las oscilaciones del ciclo hidrológico, que se puede acomodar sin desfase temporal la implementación de la desalación con el aumento de la demanda, que la desalación es neutra en relación a las afecciones interterritoriales y, finalmente, que es una alternativa muy adaptable para atender la demanda urbana en el litoral y conseguir, paralelamente, la liberación de los recursos utilizados para la demanda urbana que podrán destinarse a otras utilizaciones.

24. Los «sobrantes» en la cuenca del Ebro no son tales, en cuanto que el análisis del PHN 2000 opera con aportaciones hídricas medias y no con caudales regulados que son los únicos que suponen una verdadera garantía para los usos de la cuenca. Dadas estas premisas sólo existirían 44 Hm3 de «sobrantes» en el Ebro, sin tener en cuenta para nada, además, las más que probables afecciones que sobre esas cifras tendría el cambio climático, según demuestran los estudios científicos más solventes.

Los criterios del PHN 2000 para sumar a esos 44 Hm3 los procedentes de los retornos de las utilizaciones, presentan el inconveniente de la falta de regulación de estos últimos y, además, los retornos de los usos agrarios se calculan con distinto y mucho más alto porcentaje en la cuenca del Ebro (25%) que en las del Júcar (7,6%) y el Segura (8,4%). Todo ello descalifica la presunta existencia de sobrantes en la cuenca del Ebro afirmada sin matiz alguno en el PHN 2000.

25. Al margen de lo indicado en la conclusión anterior, desde un punto de vista ambiental, los conceptos de excedentes y de sobrantes son completamente rechazables de la misma forma que el agua nunca se «pierde» en el mar, aunque ello se afirme con profusión por los responsables del PHN 2000. En todo caso debe tenerse en cuenta que el concepto de «excedentes» de las cuencas hídricas que deben ser origen de transferencias, es la base de un sistema de trasvases y está incorporado al derecho español desde la Ley reguladora del trasvase Tajo-Segura.

Sin embargo no existe en el Anteproyecto de Ley del PHN 2000 un precepto que indique cómo se computan los excedentes y los déficit. La existencia de esa fórmula «legal» de cómputo, además de su aplicabilidad a la decisión actual, serviría en el futuro para poder seguir afirmando –o no- la existencia de excedentes y de déficit y, consiguientemente, para que las Comisiones de trasvase previstas adoptaran sus acuerdos anuales e, incluso, se pudiera llegar a una revisión del PHN, con independencia de que la técnica de la revisión del planeamiento tampoco esté prevista en el documento ministerial. Dados los errores de cálculo producidos tanto en los trasvases vigentes (Tajo-Segura) como en los proyectados (Ebro-Pirineo Oriental de 1973), la ausencia de tal precepto arroja una permanente duda de indeterminación y de polémica.

La cuestión es jurídicamente decisiva porque plasmar una determinada fórmula de calcular demandas y déficit podría llevar consigo —en puros términos también jurídicos y aceptando únicamente a efectos dialécticos las cifras establecidas por el PHN 2000—, a una suerte de «caducidad» de la autorización legal para trasvasar cuando con arreglo a esos criterios se modifiquen en una determinada medida los déficit (en las cuencas receptoras) o los excedentes (en las cuencas cedentes).

La existencia de una fórmula legal de cómputo de excedentes y de déficit sirve no solamente para el trabajo de la Administración, sino también para el control que los Tribunales puedan realizar en cada momento de las medidas adoptadas por ésta. El derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE) exigiría del planificador (y luego del Legislador) esa labor de previsión legal, para que, en caso contrario, no fuera la discrecionalidad absoluta el camino natural de la aplicación de la Ley, resultado que no puede ser querido en modo alguno por un sistema jurídico que coloca el control judicial de la Administración pública en lugar tan relevante (cfr. art. 106.1 CE).

26. No se ha realizado una evaluación ambiental del PHN 2000. En los momentos actuales las instituciones de la Unión Europea han adoptado una posición común (con fecha 30 de marzo de 2000) sobre el proyecto de directiva de evaluación de los efectos de determinados Planes y Programas en el Medio Ambiente, que está próxima, por lo tanto, a ser aprobada. Según esta Directiva el PHN 2000 debería ser objeto de dicha evaluación. Es más que previsible, por lo tanto, que cuando el PHN 2000 pudiera ser aprobado y, desde luego y con toda seguridad, cuando pudiera tener viabilidad práctica, esté plenamente vigente la Directiva que se menciona. No hubiera sido extraño, por lo tanto, sino plenamente adecuado al momento de evolución del derecho comunitario que se vive, que se hubiera realizado una evaluación o valoración ambiental del PHN 2000. Desde luego ello hubiera permitido un más exacto juicio de su contenido y, en el futuro, evitar problemas de impugnaciones judiciales basadas en la ausencia de tal evaluación.

Uno de los acuerdos posibles a adoptar por el Consejo Nacional del Agua podría ser el de la realización de la evaluación ambiental del PHN 2000 como paso previo e imprescindible a cualquier otra decisión.

27. No se ha producido en el PHN 2000 una valoración ambiental de las posibles soluciones de trasvase a partir del Duero o del Tajo, lo que da a entender que éstas ya estaban descartadas antes de procederse a su rutinaria formulación en el documento. Esto es especialmente significativo en cuanto que el propio PHN 2000 reconoce que es en el Ebro donde puede tener especial significación ambiental la solución de trasvase prevista. Parece que lo que se ha pretendido es, únicamente, simplificar el proceso de decisiones, obviando la realización de algunos estudios ambientales y sociales que implicarían un alargamiento de un proceso que parece inusualmente rápido.

28. Las condiciones técnicas de gestión del trasvase (art. 16 del Anteproyecto de Ley) adolecen de la ausencia de una reserva a favor de la cuenca cedente, consistente en la fijación de un volumen regulado en toda la cuenca en una determinada fecha, pudiendo tener lugar trasvases de agua sólo a partir de ese determinado volumen. Esa previsión de reserva de caudales cuenta con abundantes antecedentes en el ordenamiento jurídico español. Igualmente debería existir una audiencia previa a las CCAA afectadas para la fijación de las Normas de Explotación de los trasvases a partir de sus competencias sobre ordenación del territorio y medio ambiente.

Por otra parte, las previsiones sobre construcción y explotación de las infraestructuras de trasvase (art. 20 del Anteproyecto de Ley) siguen la tónica general del Anteproyecto de Ley de entregar las decisiones a la Administración sin excesivas guías o condicionamientos legales, lo que se une a la crítica general de la absoluta discrecionalidad en que el texto legal deja la actuación administrativa de gestión del contenido de la Ley.

29. La garantía de los usos urbanos en las cuencas receptoras excede de cualquier consideración racional en cuanto que no sólo se garantizan los usos actuales, sino también los futuros [art. 17.1.a)], sean cuáles sean, parece, estos. Contrasta esta generosísima e injustificada previsión con la falta de una garantía semejante para los usos —urbanos y de los otros— de las cuencas cedentes, lo que permite traslucir claramente los presupuestos de absoluta discriminación con que ha sido concebido el PHN 2000.

30. La configuración de los usos ambientales a cumplir con las aguas trasvasadas es tremendamente equívoca. Bajo la cuestión «ambiental», lo que en realidad se hace es proceder a la sanación de todos los anteriores aprovechamientos ilegales que han causado la sobreexplotación de los acuíferos de la cuenca receptora, ya que se dispone que, en todo caso, se asegurará la «subsistencia de los aprovechamientos vinculados a estos acuíferos» [art. 17.1.d)]. La compatibilidad de tal precepto con el art. 45.2 CE, presidido por la idea de «utilización racional de los recursos naturales», es imposible.

En la regulación de los usos ambientales se muestra el PHN 2000 más descarnadamente que en ningún otro lugar, como lo que realmente es: un remedio a posteriori contra prácticas insostenibles que no va acompañado de las más elementales técnicas precautorias. Es decir, completamente contrario a los principios de acción preventiva presentes en la Directiva marco comunitaria y en la Estrategia Territorial Europea.

31. En relación a los usos agrarios a realizar con las aguas trasvasadas persisten las mismas dudas interpretativas. Debería aclararse qué significan jurídicamente los conceptos de «precariedad» y de «zonas regables», porque en caso contrario, y a despecho de la actitud que muestre en el futuro la Administración hidráulica, en modo alguno está garantizado por el Anteproyecto de Ley que las aguas trasvasadas no puedan dedicarse, realmente, a la ampliación de regadíos. Desde luego en ningún lugar se prohibe que sigan aumentando las zonas regables con aguas no trasvasadas, lo que deja abierta la puerta a cualquier intercambio de utilización de los destinos de las aguas que pertenezcan al mismo titular.

En todo caso se reitera que la ausencia de presentación de un Plan Nacional de Regadíos con el PHN 2000 dificulta enormemente la exacta comprensión y juicio de todo lo relativo a los usos agrarios con las aguas trasvasadas.

32. En general y sobre los usos se debe indicar que no se precisan en modo alguno en el texto legal las cantidades de agua que van a estar vinculadas a los distintos tipos de usos y, además, en cada cuenca. Cuál es, en concreto, el volumen de agua que se destinará a los usos actuales «y futuros» de los abastecimientos urbanos; qué volumen se destinará a la mejora de los ecosistemas, a consolidar regadíos o a eliminar situaciones de insostenibilidad. La alternativa del texto legal proyectado sobre todo ello es remitir a un órgano de la Administración Central para que éste adopte las básicas decisiones de «los distintos usos y zonas de aplicación de los recursos trasvasados», debiendo ser el mismo órgano quien otorgue las concesiones. Esta previsión, al margen de otras cosas, contrasta claramente con las tónicas habituales de realización de los pasados trasvases regulados por Ley en nuestro país.

33. El régimen económico-financiero de los trasvases regulado por el Anteproyecto de Ley no garantiza la repercusión completa de costes a los usuarios, pues la terminología usada al describir las inversiones (las «repercutibles») permite deducir con completa seguridad que algunas (no se sabe cuáles) no serán repercutibles. Al contrario, no se puede deducir si determinados gastos previsibles (indemnizaciones a titulares de derecho de uso de agua) pueden ser incluibles en el canon de trasvase.

Desde luego y a pesar de su denominación, el tributo imaginado sólo es «ecológico» en lo relativo a la cuota ambiental que tiene una cuantificación extremadamente reducida en relación a la cuantía total del tributo previsible. Las 5 pta./m3 de cuota coinciden exactamente con la cuantía del canon de trasvase fijado hace diecinueve años por la Ley 18/1981, de 1 de julio, sobre actuaciones en materia de aguas en Tarragona (ministrasvase a Tarragona).

En cualquier caso sería necesaria la incorporación de las CCAA para la gestión de estas cantidades en convenio con los Organismos de cuenca. Esto se correspondería con las competencias autonómicas ambientales y de ordenación del territorio, dadas las finalidades que se predican de la cuota ambiental, y sería garantía de que la existencia de esa cuota no eximiera al Estado de los gastos habituales que debe hacer en este ámbito.

34. El análisis económico de la solución de trasvase propuesta pone en primera fila un cúmulo de irracionalidades económicas que cuestionan completamente la realización del trasvase, hasta el punto de hacerlo imposible bajo presupuestos de racionalidad económica.

Ello es advertible de muy diversas formas y perspectivas. Por ejemplo, llama la atención que las ventajas que tendría un trasvase desde el Bajo Duero al Segura a través del Acueducto Tajo-Segura no hayan podido ser captadas por el análisis del PHN 2000, debiéndose ello a que el sistema de simulación utilizado no permite realizarlo. Igualmente, y en este plano el coeficiente de dimensionamiento de las infraestructuras del trasvase desde el Bajo Duero está sobredimensionado, aumentándose por ello en aproximadamente un 30% los costes que se deducen en todas las soluciones racionales. El injustificable aumento de la dimensión —que contradice el utilizado para medir la solución económica desde el Ebro— permite al PHN 2000 descartar interesadamente cualquier solución de trasvase a partir del Bajo Duero.

En el plano del análisis económico llama la atención la imputación de un coste por tratamiento de calidad del agua de entre 20 y 25 pta./m3 a los trasvases que tienen su origen en el Jarama, Tajo en Toledo y Tajo en Azután. Dejando al margen la cuestión de a quién correspondería en todo caso asumir estos costes, estos costes de tratamiento no se imputan a la solución de trasvase a partir del Ebro, que también presenta graves problemas de calidad en sus aguas indicándose con gran simplicidad, que ellos se solucionarán con la mera dilución que se producirá con las aguas del Turia y del Júcar.

El coste unitario resultante es irracional al compararlo con las soluciones de desalación, y ello sin tener en cuenta lo ridículo de la cuota ambiental de 5 pta./m3 y la más que previsible desviación al alza de un 30% en el coste de ejecución de las obras de trasvase previstas, desviación al alza completamente habitual en obras de este tipo y que llevaría consigo una elevación del precio del agua trasvasada en un 20%, como reconoce la misma documentación oficial presentada.

Según todo ello los costes resultantes del trasvase en los distintos puntos de entrega serían, en realidad, los siguientes:

Vinalopó-Marina: 78 pta/m3

Bajo Segura: 76 pta/m3

Cartagena-Litoral: 81 pta/m3

Altiplano: 115 pta/m3

Almanzora: 107 pta/m3

Almería: 121 pta/m3

A esos precios resultan imposibles de servir, por falta de solvencia en la demanda, la mayor parte de las aguas sobre las que se pretende realizar el trasvase, y otras entran en plena competencia con los costes de desalación. En pura consecuencia económica, los volúmenes de trasvase propuestos desde el Ebro al Levante-Sur, quedarían del modo siguiente:

Estos datos ponen de manifiesto —aun en el supuesto de aceptación del escenario de déficit del PHN 2000— una insuficiencia grave en la racionalidad económica del análisis de alternativas y de costes resultantes y, por tanto, en la eficiencia económica del PHN 2000 al que sustentan. La corrección de esta irracionalidad es imprescindible para la aprobación del Plan y debería consistir en:

• No incluir a la provincia de Almería atendiendo su déficit con desalación.

• No incluir el Altiplano en el trasvase, a efectos del análisis de alternativas.

• No incluir en el trasvase otros territorios en los que, por otros motivos, se concluyera en la inexistencia de déficit.

• Efectuar un nuevo análisis de alternativas desalación/trasvase, incluyendo de nuevo, en las soluciones de trasvase, tanto la solución Ebro como la solución Duero-Tajo.

• Realizar una nueva estimación de costes de una alternativa que incluyera las modificaciones propuestas, especialmente las que aconsejan disminuir la dimensión del proyecto y las que incluyen la opción de la desalación en Almería.

Naturalmente que todas las cifras proporcionadas se hacen a partir de las oficiales de trasvase propuesto y sin tener en cuenta la evidente sobrevaloración de las demandas que se ha indicado en otra de las conclusiones.

35. El análisis coste-beneficio que se produce en la documentación del PHN 2000 es otra muestra primigenia de las irracionalidades económicas vinculadas a la concepción del trasvase. El PHN 2000 pone mucho énfasis en ello, pero a partir de unas cifras de demanda sobrevaloradas tanto en el ámbito urbano como en el regadío.

Si se utilizaran unas cifras acordes con las previsiones de demanda oficiales (indices del Instituto Nacional de Estadística en lo relativo a la evolución de la demanda urbana), resultaría un empeoramiento sustancial de los indicadores económicos hasta el punto de que para un período de 50 años el beneficio/coste es menor que la unidad, el VAN negativo y la TIR se sitúa en torno al 3%, lejos del 5% que la Comisión Europea propone como umbral sobre el cual no es necesario realizar estudios de mayor detalle para la aceptación, rediseño o rechazo de grandes proyectos públicos.

Por otra parte, todo el razonamiento del PHN 2000 sobre los beneficios agrarios provenientes de acabar con la infradotación es indistinguible de la intensificación de los regadíos ya existentes y, en todo caso, puede aplicarse igual a las tierras infradotadas en las cuencas receptoras que a las muchas hectáreas que en otras cuencas no receptoras —como muchas tierras de Aragón o de Andalucía— cuentan también con índices de infradotación sin que, para éstas, el PHN 2000 prevea ningún tipo de actuación.

Finalmente, se aprecian distinciones sustanciales de metodología entre la técnica usada por el PHN 2000 y la que apunta en los documentos oficiosamente conocidos del Plan Nacional de Regadíos, lo que invalida de raíz toda la documentación del PHN 2000 referida al análisis coste-beneficio en lo relativo a las aguas destinadas al regadío.

36. Desde la perspectiva del mercado del agua y al margen de la opinión que el Gobierno de Aragón tiene sobre el mismo —más que evidente para todos dada la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra la ausencia de control público de las transacciones realizadas conforme a la Ley 46/1999 de reforma de la Lag.—, se suman nuevas irracionalidades económicas a los planteamientos del PHN 2000.

La coherencia del Gobierno —autor del PHN 2000 y de la Ley 46/1999 de reforma de la Lag.— debería haber llevado a integrar en el PHN 2000 un tipo de razonamiento prospectivo acerca de la ejecución del trasvase en el marco de un mercado de aguas como el que refleja la legislación existente.

Con esos presupuestos, lo primero que debería haberse sacado como consecuencia usando de la experiencia de otros países (Estados Unidos, Australia, Chile) es la necesidad de congelar los grandes proyectos hidráulicos cuando se instaura un mercado a efectos de medir, precisamente, las virtualidades del mercado en relación a la ejecución de esas obras, y evitar las presiones sobre un medio natural que terminaría por agravar los problemas de escasez y afecciones al medio hídrico natural.

Pero al margen de ello, el examen de la evolución de los precios de trasvase unido a la solvencia de la demanda y a la posible celebración de contratos con aguas del territorio cuyo coste estuviera por debajo de los costes de las aguas de trasvase, muestra que la ejecución del trasvase del Ebro sólo sería factible económicamente bajo el presupuesto de prohibir la celebración de contratos de cesión de derechos de uso de agua en las cuencas receptoras. Porque con la afirmación de libertad de transacciones, el cúmulo de beneficios económicos para ciertos privados que podrían originarse con la mera existencia de un trasvase es impresionante, pero ello implicaría, paralelamente, dejar prácticamente sin utilización el agua trasvasada, lo que conduce directamente al máximo de los despilfarros económicos posibles que pueden imaginarse. Existen ejemplos en Estados Unidos de que esto ha sucedido así efectivamente (Central Arizona Project).

Es obvio que la prohibición de transacciones exige una norma con rango de Ley en cuanto que también en una norma con rango de Ley está prevista su autorización, y de la misma forma y para no incurrir en arbitrariedad, es necesaria la justificación del motivo que conduce a que lo que está abierto en la Ley general para unos usuarios —todos—, deba cerrarse para otros (los beneficiarios del trasvase previsto) mediante una Ley especial.

El examen económico muestra que los 561 Hm3/año de trasvase previstos para usos agrarios son en gran medida redundantes, porque al coste teórico de 52 pta/m3 que contiene el PHN 2000 —y al margen de los propios cálculos del Gobierno de Aragón y de la evidente sobrevaloración de la demanda como ya se ha afirmado en estas conclusiones, lo que no haría sino exacerbar hasta el límite la presente conclusión— el mercado es teóricamente capaz de suministrar un volumen de agua que en los términos más desfavorables imaginables podría situarse en 250 Hm3/año.

Dicho de otra manera y desde otra perspectiva: para la economía de la Nación sería más ventajoso el asumir el gasto necesario para rescatar los caudales que deban ser destinados a los fines agrarios propuestos, que incurrir en el coste de transportarlos desde la Cuenca del Ebro. Debe quedar claro, además, que para desarrollar esta estrategia ni siquiera es preciso acudir al mercado, pues basta con que el Estado se ampare en los preceptos que la Lag. pone a su disposición para revisar concesiones y reasignar los volúmenes resultantes de esa revisión (art. 63 Lag.).

Finalmente, en un contexto en el que la legislación permite los intercambios de agua, las aguas del trasvase beneficiarán a todos los usuarios de aguas en las zonas receptoras, no sólo a sus beneficiarios directos. De ahí que sea equívoco y desacertado plantear un trasvase cuya única motivación para 561 Hm3 de los 1050 que se plantea trasvasar sea la eliminación de los costes en que se incurriría por no asegurar estos caudales. Si el potencial económico de las cuencas receptoras justifica el proyecto y sus beneficios superan todos los costes de llevarlo a cabo y explotarlo, no hay razón para que sus beneficiarios finales no lo acometan y lo financien en los términos exclusivamente económicos en que se mueve esta conclusión y sin prejuzgar otro tipo de argumentos.

37. La coordinación de los Planes Hidrológicos de Cuenca, que la Ley de Aguas encarga al PHN, es deferida por el PHN 2000 a una instrucción aprobada por Orden ministerial. Los importantes cometidos de esta Orden Ministerial, aplicables también a las cuencas intracomunitarias, convierten en inconstitucional esta previsión por desconocer las competencias de las CCAA sobre la planificación hidrológica de sus cuencas propias, y afectan, en general, a las competencias de ordenación territorial de todas las CCAA. Igualmente, la remisión en blanco producida, pervierte el orden normal de relación entre las fuentes escritas del Derecho afectando al principio de jerarquía normativa (art. 9.3 CE).

La regulación del Anteproyecto de Ley sobre la coordinación de los Planes Hidrológicos de Cuenca permite seguir manteniendo la duda —que ya permitía establecer fundadamente el RD 1664/1998 aprobador de los Planes Hidrológicos de Cuenca—, de que estos hayan sido formados con una metodología común en cuanto al cómputo de las demandas y las ofertas de recursos hídricos. Es obvio que ello permite poner en canción los resultados de los balances hídricos de todos los Planes Hidrológicos de Cuenca.

La remisión producida en lo relativo a la coordinación de los Planes Hidrológicos de Cuenca, es coherente con la tónica general de todo el Anteproyecto de Ley de realizar múltiples remisiones a reglamentos o a actuaciones singulares de la Administración pública, sin enmarques sustantivos de dichas remisiones. Ello es causa del surgimiento de una extraordinaria discrecionalidad administrativa y afecta, por tanto, a la realización del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE).

38. No tiene significado político ni tampoco jurídico la asunción de las obras previstas por el Pacto del Agua por el art. 31 del Anteproyecto de Ley del PHN 2000. El Pacto del Agua fue incorporado al Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro (1998) y sus obras declaradas en varios momentos como de interés general del Estado (en diferentes textos legales aparecidos desde 1992). Nada añade a ello, por tanto, el artículo citado ni el Anexo de Inversiones, que no pasa de ser un documento meramente contable. Sólo la previsión de partidas inversoras en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y, además, su ejecución concreta, puede ser considerada como cumplimiento del Pacto del Agua.

En todo caso no existe ninguna previsión jurídica en el Anteproyecto de Ley sobre la prelación temporal entre las obras de trasvase previstas y las del Pacto del Agua. Con la actual regulación que pretende convertirse en Ley, las infraestructuras del trasvase pueden preceder a las del Pacto del Agua, ejecutarse simultáneamente o ser postergadas en relación a la realización de las infraestructuras del Pacto del Agua, todo ello al libre albedrío del Gobierno de la Nación. Cualquier decisión vinculante sobre esta cuestión exige la correspondiente previsión normativa.

Pero lo que sí hubiera sido una garantía específica del significado real del Pacto del Agua, es la adición al Anteproyecto de Ley de una norma que reservara el volumen de agua afectado por el Pacto para los exclusivos intereses de la Comunidad Autónoma de Aragón y a ser utilizado en actuaciones llevadas a cabo en su territorio. De esa forma, el espíritu del Pacto se podría cumplir realmente, con independencia de que algunas de las obras mencionadas en el mismo resultara que no pudieran ser realizadas por criterios fundamentados de viabilidad económica, técnica o ambiental.

39. La comprensión exacta del significado de la previsión de trasvase desde el Ebro necesita ser completada con el recuerdo a los múltiples trasvases que ya existen desde la cuenca del Ebro, unos regulados por Ley y otros por concesión administrativa. De esa forma se puede tener una más exacta dimensión de las circulaciones de agua fuera de la cuenca. De todos los trasvases en explotación destaca el dirigido a diversos Municipios de la provincia de Tarragona (Ley 18/1981, de 1 de julio), que permite transferir hasta 125 Hm3 al año para usos urbanos e industriales.

40. Contra lo indicado expresamente en el PHN 2000, no es cierto que este documento se encuentre instalado en una «nueva cultura del agua» sino que, al contrario, continúa la línea más que obsoleta y sobrepasada de la tradicional cultura de la oferta del agua. Sólo se prevé la realización de obras hidráulicas a partir de una aceptación acrítica de unas demandas no fundamentadas en parámetros racionales. En modo alguno se dispone la utilización de recursos no convencionales ni se prevé actuar para la modulación de una demanda extraordinariamente elevada.

De la misma forma existen normas en el Anteproyecto de Ley que caminan en dirección francamente contraria a los presupuestos de gestión de la demanda ya presentes en el mismo texto de la Lag. En concreto eso sucede con el art. 24.2, que constituye una radical relectura del art. 63 Lag., en cuanto que para el texto propuesto no es posible reasignar los caudales procedentes de la revisión concesional de los abastecimientos urbanos, sino que esas cantidades quedarían reservadas incondicionalmente para usos futuros del mismo abastecimiento.

41. El modelo territorial que implícitamente refleja el PHN 2000 crea insatisfacción para los territorios cedentes, pero también para los receptores de agua. Hay que indicar que el PHN 2000 presenta un reflejo hídrico de un modelo territorial que él mismo ha decidido sin contar para ello con ningún tipo de autorización legal.

El hecho de que los trasvases significan unas heridas territoriales permanentemente abiertas y, por tanto, con consecuencias permanentes para el territorio nacional, debería haber conducido a un método de actuación en el que quedara asegurado el agotamiento de cualquier tipo de recurso interno en las cuencas receptoras, el acudir a la generación de nuevos recursos por vías no convencionales y el planteamiento de unas Directrices o instrumentos de Política territoriales por las autoridades de las cuencas receptoras, que teniendo en cuenta las limitaciones hídricas de sus territorios, tendieran a atenuar el grado de dependencia hídrica de su modelo de desarrollo territorial.

Pero el trasvase significa también una suerte de «enclavamiento» territorial de los territorios receptores en relación a los cedentes. Este enclavamiento comporta un grado de dependencia externa que se traduce en una permanente debilidad del territorio receptor, que puede activarse bien en situaciones coyunturales, bien de forma permanente en el caso de una gran dependencia hídrica del territorio receptor. Ello quiere decir que un trasvase unilateral es un foco permanente de potencial tensión interterritorial.

Siguiendo con los presupuestos y consecuencias territoriales del PHN 2000, resulta que los tratamientos que éste realiza en torno a los déficit que se producen en distintos territorios de España son absolutamente discriminatorios. En concreto y aun previéndose un trasvase desde el Ebro, no se proporciona ningún tipo de solución a los sistemas con déficit estructural existentes en la cuenca del Ebro.

La justificación desde el punto de vista territorial del trasvase es irritantemente simple, pues consiste en plantear subliminalmente la pregunta acerca de si un territorio con excedentes puede negarse a ceder el agua que le sobra a otro que la necesita. En este planteamiento subyace una tremenda falacia que es, precisamente, el fundamento básico de su eficacia, puesto que el interrogante da por supuestas y aceptadas dos afirmaciones:

- Que existen excedentes en el territorio cedente.

- Que el territorio receptor necesita esa agua y, a su vez, no tiene ninguna posibilidad de conseguirla dentro de su propio territorio.

Esta estrategia, y como primera reacción, pretende forzar al territorio cedente a centrar el debate en cuestionar la existencia de «sobrantes» en su territorio, desviando con ello la carga de la prueba del lugar donde debería radicar realmente, y ello sin entrar a cuestionar las otras afirmaciones que subyacen en el interrogante. Conseguida esta desviación del debate, basta con «demostrar» la existencia de sobrantes para dar por zanjado el debate. Simplificando, diríase que ésta es la estrategia que subyace en toda la documentación presentada como soporte técnico del PHN 2000.

La primera medida para participar en este debate es la de cambiar su foco, poniendo en el primer plano el modelo territorial y, después, su reflejo hídrico y las medidas para atenderle.

Eso lleva como consecuencia, también, una superación de los tradicionales agentes hídricos como únicos participantes en el debate. Este debate trasciende el ámbito de los Consejos del Agua de las cuencas hidrográficas y del Consejo Nacional del Agua, y no puede ni debe ser resuelto en ese ámbito.

Pero para que resulte eficaz, el debate no debe limitarse al ámbito de los grandes conceptos sobre el modelo de desarrollo territorial sino descender a las evaluaciones y prognosis concretas de variables territoriales e hídricas que permitan consensuar un escenario de desequilibrios y medidas para afrontarlos.

Es por ello que el interrogante acerca de los presuntos sobrantes sólo puede plantearse en términos correctos y ser respondido, si se complementa con estos otros:

1º) ¿Algún territorio puede reclamar agua de otras cuencas y, a la vez, defender una previsión de dotaciones futuras de demandas urbanas de tal magnitud que sólo puedan conseguirse manteniendo los grifos abiertos gran parte del día?

2º) O, de modo complementario: ¿algún territorio puede reclamar agua de otras cuencas y, a la vez, defender crecimientos de población del 15 % o 20 % a diez/veinte años, cuando la previsión del INE es de estacionamiento o ligero descenso de la población en esos mismos plazos?

3º) ¿Algún territorio, que reclame agua de otras cuencas, puede defender que más del 50 % de su superficie de regadío continúe con riego por gravedad?

4º) ¿Algún territorio que reclame agua de otras cuencas, puede defender que necesita dotaciones de agua para abastecimiento urbano que impliquen la cobertura de altos porcentajes de pérdidas?

5º) ¿Qué territorio reclamará agua de otras cuencas teniendo excedentes fácilmente aprovechables en zonas de su propia cuenca?

6º) ¿Qué territorio está dispuesto a reclamar agua de otras cuencas dejando infrautilizado por falta de demanda —incluso a medio y largo plazo— otro trasvase que ya está en funcionamiento?

7º) ¿Algún territorio que reclama agua de otras cuencas puede oponerse a utilizar agua desalada para abastecimiento urbano reasignando los recursos liberados para el regadío antes que acudir al trasvase desde otras cuencas?

Y también estos otros:

1º) ¿Algún territorio puede reclamar agua de otras cuencas sin poder presentar el modelo o, al menos, las directrices de política territorial que sustentan esa reclamación?

2º) ¿Qué territorios aceptan que desde el PHN 2000 se les impida desarrollar nuevas superficies de regadío?

3º) ¿Cuántas y cuáles son las nuevas superficies de regadío que desean desarrollar y qué precio del agua están dispuestos a pagar por ello?

4º) Si el precio final del agua es similar o menor al del agua trasvasada, ¿preferirían el agua desalada en vez de reclamar el trasvase desde otras cuencas?

Desde el punto de vista del Gobierno de Aragón, la respuesta a estas preguntas en un debate interterritorial abierto más allá de los círculos tradicionalmente interesados, y por tanto más allá del Consejo Nacional del Agua, conducirá al marco de escenario racional de déficit y de medidas para resolverlo.

A este marco hidráulico habría que añadir los criterios de financiación que, caso de implicar algún tipo de subvención, constituirían un trasvase económico interterritorial.

42. Ninguna duda puede caber llegados a este punto, acerca de la postura que, finalmente, expresa el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Aragón sobre el PHN 2000. El Gobierno solicita lisa y llanamente su retirada en cuanto que como documento limitado con práctica exclusividad a la regulación de los trasvases entre cuencas y dada, además, la recomendación realizada por el Gobierno de la Nación que centra dichos trasvases únicamente en el del Ebro, afecta muy gravemente a los intereses de la Comunidad Autónoma de Aragón, pues el modelo territorial que refleja deja de lado por principio, y permanentemente, la posición y deseos futuros de desarrollo de una Comunidad Autónoma enclavada en la España interior, la misma para la que no existe ningún tipo de respuesta en el documento llamado PHN 2000.

Pero no es ese el único motivo de rechazo, sino que el Gobierno de Aragón considera también que el PHN 2000 es completamente inapropiado para los intereses del conjunto de España, pues por sus deficiencias de análisis hidráulico, irracionalidades económicas, inconsistencias ambientales, defectos jurídicos y, sobre todo, por la cultura obsoleta y retrógrada del agua que refleja, se sitúa claramente en las antípodas de las necesidades de un tiempo y de un país en el que las soluciones a adoptar para resolver los evidentes problemas hídricos pasan por la adopción de múltiples decisiones —como las apuntadas en estas alegaciones del Gobierno de Aragón—, antes de que se pueda llegar a plantear un trasvase entre cuencas hidrográficas. Igualmente la adopción de esas soluciones precisa de un método de trabajo en el que el diálogo franco y la participación de las Comunidades Autónomas desde el inicio del proceso, sea la consecuencia lógica y natural del tipo de Estado de las Autonomías que refleja la Constitución.

El Gobierno de Aragón se siente completamente apoyado en esta conclusión general por la presencia en las calles de Zaragoza el pasado 8 de octubre de 400.000 aragoneses que claramente le señalaron una inequívoca línea de comportamiento, consistente en la postura que ahora se reafirma. El Gobierno de Aragón sabe, además, que estos ciudadanos volverán a estar a su lado —si cabe en mayor medida—, continuando con entusiasmo y firmeza su respaldo a las variadas iniciativas que puedan ser emprendidas, si la justa petición expresada por medio de este documento no fuera atendida.

 

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