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Patrimonio eclesiástico

Contenido disponible: Texto GEA 2003  |  Última actualización realizada el 04/12/2009

Inmediatamente después de que el 17-IX-1995 fuera creada la diócesis de Barbastro-Monzón Buscar voz..., se planteó el problema del traslado del patrimonio de las transferidas parroquias de la Franja a la nueva diócesis. El catálogo oficial de estos bienes (publicado en el BOA de 10 de mayo de 1999) está compuesto por 119 obras de las que se dispone de pruebas documentales para probar su procedencia, más otras 51 de las que, aunque faltan pruebas, se puede demostrar el origen. Se formó una comisión mixta de técnicos de las diócesis de Barbastro-Monzón y de Lérida con el fin de determinar la metodología a seguir no sólo en la clasificación de los elementos patrimoniales sino también en la forma y plazos del traslado. Pasaba el tiempo y no se veía forma de que los intentos de la citada Comisión se llevasen a efecto debido a la disparidad de criterios de sus componentes; mientras Barbastro-Monzón consideraba que debía volver a Aragón todo cuanto existía en las parroquias reintegradas y todo cuanto, perteneciente a esta, había sido trasladado a museos de Lérida y Cataluña. Lérida consideraba que no debía salir de la propia Lérida o de Cataluña nada de cuanto, proveniente de las parroquias de la Franja sometidas a la diócesis ilerdense, había sido trasladado a dependencias catalanas. Era, en el fondo, una cuestión de propiedad la que estaba en juego y la que alargaba una solución satisfactoria para todos.

En esas se estaba cuando Heraldo de Aragón Buscar voz..., en su edición del 15-XI-1987 desvelaba que el patrimonio del monasterio de Nuestra Señora de Sijena Buscar voz... había sido vendido a la Generalitat de Cataluña. Aunque, en el correr del tiempo y por diversas circunstancias, el cenobio sijenense había sufrido importantísimas mutilaciones, robos y ventas, es esta última, oculta y sorprendente venta la que es conocida por la opinión pública como expolio de Sijena.

El expolio se llevó a cabo en dos fases: una en 1983 y otra en 1992. Ambas enajenaciones se verificaron con el permiso del obispo de Lérida, Ramón Malla, en el primer caso, y del cardenal arzobispo de Barcelona, Ricardo M.ª Carles, en el segundo, y en ambas ocasiones la Santa Sede otorgó su necesaria conformidad. La razón del visto bueno del arzobispo barcelonés fue porque, en 1992, las monjas sanjuanistas, propietarias del Monasterio de Sijena, se habían trasladado a Valdoreix, en las cercanías de la ciudad Condal, y se consideró que ya no dependían del obispado de Lérida sino de la sede arzobispal de Barcelona.

Las circunstancias concretas en que se realizó este expolio lo hacen particularmente penoso. Se procedió con el más absoluto secretismo, hasta el punto de que no fueran previamente informados ni el obispo de Barbastro, ni los obispos aragoneses, ni las autoridades civiles de la región. Este dato es tanto más grave cuanto, desde el ángulo eclesial, los obispos de Barbastro y Lérida llevaban varios años, de acuerdo con el Vaticano, tratando de poner en práctica el acuerdo sobre límites diocesanos Buscar voz... que había establecido el Episcopado español el 26-XI-1981; y, desde el ángulo civil, el carácter de monumento nacional otorgado a Sijena por el Estado en 1923, obligaba a poner en conocimiento del Departamento de Cultura de la DGA el propósito de la transacción y todos los detalles de la misma. Este ocultismo inexplicable hizo que se dijera que el expolio se había cometido con nocturnidad y alevosía. Más aún si se tiene en cuenta que, además de no consultar con todas las partes implicadas, se ignoran todos los datos de los intervinientes y del proceso seguido en las dos tasaciones necesarias antes de proceder a la venta.

El acervo enajenado comprendía retablos, sepulcros, cuadros, tallas, relicarios, libros, pinturas murales, documentos, etc., del siglo XII al XX. De hecho constituía el conjunto de cuanto quedaba de valioso en Sijena después de múltiples expolios anteriores. Según un listado dado a conocer por la propia Generalitat, las obras del monasterio fueron compradas entre 1983 y 1994, de esta forma: 44 piezas de enero a abril de 1983; 12 piezas en 1992; la última adquisición se empezó a negociar en 1992 y se zanjó durante los dos años siguientes. En total 97 piezas, por un importe de 49.855.000 pts., alcanzando la más costosa los dieciocho millones de pesetas y siendo la más barata un tenedor de gran tamaño tasado en sólo 15.000 pts. Afortunadamente, en este lamentable y bochornoso listado no figuraba la magnífica silla prioral de principios del siglo XIV, encargada por la priora del monasterio doña Blanca de Aragón Buscar voz.... Tanto la Generalitat como las autoridades y el obispo de Lérida afirmaron que con los elementos ahora enajenados y los que, procedentes de las parroquias de la Franja, se guardaban en diversos almacenes y dependencias de Lérida, se formaría un Museo Provincial en la antigua Casa de la Maternidad de la capital del Segre, un proyecto iniciado hace varios años que hasta el expolio de Sijena estaba abandonado. La noticia de las ventas señaladas produjo profundo estupor y una gran indignación en todos los segmentos de la sociedad aragonesa, particularmente en el grupo de sacerdotes de la Franja y en el obispo de Barbastro, Monseñor Ambrosio Echebarría, que fue quien, tras innumerables pesquisas en el convento de las religiosas sanjuanistas de Valdoreix, en el obispado de Lérida, en la Nunciatura y en la Santa Sede, llegó a descubrir la triste realidad de los hechos. La DGA, por boca de su presidente Santiago Lanzuela y del consejero de Cultura Domingo J. Buesa, las Cortes de Aragón, el Justicia de Aragón, la Comunidad de los Monegros, el Instituto de Estudios Sijeneneses, el Ayuntamiento de Villanueva de Sijena, los partidos políticos, las instituciones culturales y los medios de comunicación de todo Aragón denunciaron el suceso y se comprometieron a luchar por recuperar un patrimonio histórico-artístico que era propiedad de los aragoneses. Este compromiso fue asumido, con una tenacidad admirable, por Monseñor Ambrosio Echebarría, quien con los asesoramientos canónicos pertinentes solicitó ante la Nunciatura y ante la Sagrada Congregación de Obispos la devolución de lo expoliado, manifestando su decisión de acudir a la Signatura Apostólica, en el caso de que Roma no accediera a sus peticiones. Por su parte la D.G.A., con los asesoramientos jurídicos del catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia de Salamanca, Federico Aznar Gil, emprendió también las acciones legales conducentes a la recuperación del patrimonio expoliado, tanto el procedente de Sijena como el de las parroquias de la Franja. En esta dirección, Lanzuela y Buesa se entrevistaron con el Nuncio Lajos Kada y con el obispo de Lérida, quien se mostró partidario de que fuera Roma la que dirimiera el conflicto. En junio de 1997 la Nunciatura del Vaticano en España ordena la creación de una comisión de «hombres buenos» para ejecutar todos los términos del decreto papal por el que las parroquias de la Franja pasaban a formar parte de la diócesis Barbastro-Monzón, pero el obispo de Lérida, Ramón Malla, se niega a acatarlo en tanto no se conozca la resolución definitiva del Nuncio Lajos Kada. Éste resolvió, el 29 de junio de 1998, que Lérida debía devolver los bienes, pero Ramón Malla presentó recurso ante la Congregación de Obispos y, al ser rechazado (30-X-98), ante la Signatura Apostólica (diciembre del 98) . Por otra parte, el Departamento de Cultura y Educación de la DGA dictó una orden, el 8 de agosto de 1997, ejerciendo el derecho de retracto sobre los bienes enajenados, que extendió posteriormente (6-II-98) a los bienes adquiridos por el Museo Nacional de Arte de Cataluña, que se concretan en la orden de 10-II-98. El Gobierno de Aragón, que no fue informado de la venta y por tanto no pudo ejercer el derecho a presentar una contraoferta, ofreció a la Generalitat los 45 millones que se pagaron a las monjas de Sijena por los bienes. La Generalitat rechazó la oferta alegando que las transacciones se ajustaron a derecho, y en junio de 1998 planteó un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional. Por otra parte, en mayo de 1999, la Generalitat «blinda» el arte sacro aragonés retenido en el Museo Diocesano de Lérida al incluir estas piezas en el Catálogo del Patrimonio Cultural Catalán (la Ley del Patrimonio Cultural Catalán de 1993 establece que los bienes catalogados como colección no pueden ser disgregados sin autorización de la Consellería de Cultura). En espera de que se pronuncien tanto el Tribunal Constitucional como la Signatura Apostólica, a comienzos de 2000, el presidente aragonés, Marcelino Iglesias, presentó una propuesta de cogestión creando una única colección con los bienes de la Franja (aragoneses e ilerdenses) que se distribuirían en dos museos (uno en Aragón y otro en Lérida), con la condición de que se reconociera la propiedad aragonesa del patrimonio procedente de las parroquias oscenses. La propuesta fue acogida favorablemente por la diócesis de Barbastro-Monzón y por el nuevo obispo de Lérida, Francesc Xavier Ciuraneta (nombrado tras la jubilación de Malla); sin embargo, el PP aragonés anunció su intención de frenar en las Cortes la propuesta de Iglesias, quien con el paso del tiempo se ha ido distanciando de esta postura. El expolio se extendió también a la diócesis de Huesca, cuyo obispo, Javier Osés, solicitó a la diócesis de Lérida, en 1997, la devolución de los bienes procedentes de las parroquias oscenses del arciprestazgo de Berbegal Buscar voz..., que pertenecieron a la diócesis leridana hasta 1956; entre los bienes se encuentra el frontal de la iglesia de Berbegal, valiosa pieza románica depositada en el Museo Diocesano de Lérida. El obispo de Huesca planteó la cuestión al Nuncio Lajos Kada, quien le recomendó esperar la resolución de la Signatura Apostólica sobre los bienes de las parroquias de la Franja.

El fallo de la Signatura (23-IV-2001) vino a confirmar la postura del Nuncio y de la Congregación de Obispos, al no admitir a trámite el recurso del episcopado ilerdense por carecer de fundamento. El retraso en el pronunciamiento fue impuesto por el tribunal a causa de que, en septiembre de 1999, trascendió a la opinión pública el voto favorable para Aragón del fiscal de la Signatura. El 17-IX-2001, el nuevo Nuncio, Manuel Monteiro de Castro, constituyó en Madrid la comisión encargada de ejecutar la devolución de los bienes en litigio, integrada por los obispos de ambas diócesis, los dos vicarios (Pedro Escartín y Joan Ramón Ezquerra) y dos expertos en arte (el sacerdote Eladio Gros, por Barbastro-Monzón, y el delegado de Patrimonio de la diócesis ilerdense, Jesús Tarragona), junto a los canonistas Carmelo de Diego y Fernando Lozano. Pero el obispo de Lérida, que se comprometió a acatar el fallo de la Signatura, solicitó la suspensión de la comisión en mayo de 2002, y presentó un recurso de restitución in integrum ante el Vaticano, alegando que en las reuniones de la comisión habían aparecido documentos probatorios de que las piezas habían sido adquiridas por su diócesis y no entregadas en depósito. El recurso fue nuevamente desestimado (julio de 2002); no obstante, fuentes del obispado anunciaron la intención de elevar a la Santa Sede un nuevo procedimiento ad casum para que se estudie este caso de forma excepcional, mientras las instituciones catalanas manifestaban su intención de recurrir a la vía civil en el caso de que este nuevo recurso ante el Vaticano no prospere.

 

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