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Autoridad familiar

Contenido disponible: Texto GEA 2000

Una famosa Observancia, la 2.ª ne pater vel mater, indicaba que de consuetudine Regni non habemus patriam potestatem. Decir que «en Aragón, por costumbre del Reino, no conocemos la patria potestad» ha sido considerado por muchos como una nota absolutamente original de nuestro Derecho; mientras que algunos han advertido, escandalizados, que la ausencia de patria potestad es inconcebible y contraria al Derecho natural. Desde hace tiempo, sin embargo, se conoce el significado propio de aquella Observancia: en Aragón no hemos practicado nunca la patria potestad al modo romano, que convertía al paterfamilias, en un primer momento, en la única persona en sentido jurídico de todo el grupo familiar bajo cuyo poder absoluto estaban la mujer, los hijos y los esclavos, lo mismo que los objetos inanimados de su patrimonio. Ciertamente la potestas del pater romano, por lo que a los hijos se refiere, evolucionó poco a poco y, de poder absoluto que incluía la decisión sobre la vida y la muerte, tendió a ser una potestad de función protectora. Con todo, nunca se desprendió de la impronta de su origen, como se muestra en la gran dificultad para conferir la potestad a la madre, o en los poderes del padre sobre los bienes adquiridos por los hijos. Frente a esta concepción de la patria potestad, totalmente ajena al Derecho aragonés, pero que corría peligro de introducirse por el prestigio erudito del Derecho romano, se alza la Observancia mencionada, cuyo sentido propio, por tanto, no es otro sino negar la aplicación del Derecho romano en esta materia. Lo mismo que ocurre, entre otros Derechos medievales, en el francés de costumbres donde se consagra la máxima Droit de puissance paternelle n´a lieu. La Compilación vigente ha recogido con cuidado el espíritu de nuestro antiguo Derecho, plasmándolo en fórmulas de excelente factura técnica y, lo que es más importante, de notable adecuación a los criterios y valores de la sociedad contemporánea. Como aspectos básicos de esta regulación podemos considerar los siguientes:

1.º La autoridad familiar se refiere exclusivamente a la persona del menor, no a sus bienes. La administración y disposición de los bienes de los menores, si bien puede corresponder a quienes ejercen la autoridad familiar, responde a criterios distintos. Lo mismo puede decirse de la representación del menor de catorce años.

2.º La autoridad familiar es un medio para desempeñar la función de crianza y educación, que no puede ejercitarse, por tanto, sino en interés y beneficio de los menores.

3.º La madre participa en el ejercicio de esta autoridad. La autoridad familiar compartida procede, en nuestra tradición jurídica, del Fuero de Teruel.

4.º En ciertas situaciones, los abuelos Buscar voz... pueden ocuparse de sus nietos, asumiendo para ello la correspondiente autoridad.

5.º Cuando un menor convive con su progenitor y el cónyuge de éste en segundas nupcias, muerto el progenitor podrá el sobreviviente continuar teniendo al entenado en su compañía y encargarse de su crianza y educación.

La norma fundamental es la contenida en el art. 9.º de la Compilación, que dispone: «El deber de crianza y educación de los hijos menores, así como la adecuada autoridad familiar para cumplirlo, corresponden a sus padres, conjunta o separadamente, según los usos sociales y familiares. En caso de divergencia en el ejercicio de dicha autoridad, decidirá el padre». Los principios aragoneses en esta materia influyen en la reforma del Código civil general, hasta ahora anclado en la concepción romana. A su vez, el establecimiento ahora de la patria potestad conjunta en el Código, en términos más absolutos que en el art. 9.° de la Compilación (cuyos autores no se decidieron a ir más lejos en consideración, entre otras cosas, al Código civil), llevará a la reforma de nuestro Derecho en este punto, de manera, por lo demás, plenamente coherente con nuestra tradición.

La reforma de la Compilación del Derecho civil de Aragón Buscar voz... por Ley de las Cortes de Aragón de 16 de mayo de 1985, ha conservado -como no podía menos- los rasgos peculiares de nuestra tradición histórica sobre las relaciones entre padres e hijos, centrados en la negación de la patria potestad romana y la configuración de una autoridad que tiene como único objeto la protección del menor. Ha introducido también modificaciones de notable alcance en los artículos 9 a 14 de la Compilación, que afectan a la vida diaria de la mayoría de los aragoneses (es decir, de todos aquellos que son padres de hijos menores, o hijos sujetos a la autoridad de sus padres). Buena parte de las modificaciones obedece a razones de adaptación constitucional, para adecuar la norma aragonesa a los principios de no discriminación por razón de filiación (desde la reforma del Código civil Buscar voz... en 13 mayo 1981, la autoridad de los padres se ejerce tanto sobre los hijos matrimoniales como sobre los que no lo son) y de igualdad entre varón y mujer. A este último respecto, procedía suprimir la norma que, tras atribuir la autoridad sobre los hijos al padre y a la madre «conjunta o separadamente, según los usos sociales y familiares», establecía que «en caso de divergencia en el ejercicio de dicha autoridad, decidirá el padre». Ahora el precepto (art. 9.º-2) dispone: «En caso de divergencia entre los padres en el ejercicio de la autoridad familiar, decidirá la Junta de Parientes o el Juez de Primera Instancia del domicilio familiar, a elección de aquéllos. A falta de acuerdo entre los padres para designar el órgano dirimente, decidirá siempre el Juez». También en los artículos 12 (administración de los bienes de los hijos) y 14 (representación de los menores de catorce años) se ha tenido en cuenta el principio de igualdad, que no encuentra ninguna limitación en la ley aragonesa. Surge ahora a primer plano la cuestión del ejercicio conjunto o separado de la autoridad, es decir, cuándo es preciso que el padre y la madre actúen ambos en un asunto, y cuándo es válida la actuación de uno solo de ellos. El criterio básico es el de los usos sociales y familiares teniendo siempre presente el principio de igualdad, criterio al que ahora se añade el de lo lícitamente pactado al respecto entre los progenitores: todos ellos, tanto respecto de padres casados entre sí como en otro caso, vivan juntos o separados.

Constituye una innovación el apartado 3 del artículo 9.º, según el cual cuando el hijo de uno solo de los cónyuges conviva en la casa por fallecimiento del otro progenitor y nuevo matrimonio del supérstite, por ejemplo, pero también en los demás casos imaginables a consecuencia de divorcio o separación, o respecto de hijos extramatrimoniales el cónyuge del progenitor participará en el ejercicio de la autoridad familiar, si así se lo pide. El cónyuge no progenitor no ejerce una autoridad propia, sino que participa de la de su cónyuge cuyo es el hijo: como si fuera una consecuencia de un «gobierno dual» en todo hogar, al que han de estar sujetos todos los menores de edad que allí viven.

Mayor trascendencia pueden tener las novedades que son objeto del actual artículo 10, sobre «autoridad familiar de otras personas». En la Compilación de 1967, los abuelos Buscar voz... podían asumir en determinados casos la autoridad familiar (sobre sus nietos), que incluso cabía reconocer al padrastro o madrastra respecto de sus entenados, una vez huérfanos éstos. Pero tal autoridad no incluía la administración de los bienes del menor, para la que había de designarse tutor. Ahora tanto los abuelos como «el cónyuge no progenitor del bínubo premuerto», e incluso los hermanos, pueden verse atribuido el ejercicio de la autoridad familiar «con los mismos derechos y obligaciones que correspondían a los padres», señaladamente con la facultad de administrar y disponer de los bienes del menor sin sujetarse a las reglas, cautelas y garantías de la tutela. Esto último, que no estaba previsto en el proyecto del Gobierno y fue introducido por la correspondiente Comisión de las Cortes supone una reforma importante de la tutela al excluir su constitución en muchos casos.

• Bibliog.: Albalate Giménez, G.: «Relaciones jurídicas entre ascendientes y descendientes legítimos»; en Homenaje a la memoria de don Juan Moneva y Puyol, Zaragoza, 1954, pp. 249-302. Lacruz Berdejo, J. L. y Sancho Rebullida, F.: Derecho de Familia; II, Barcelona, 1975, pp. 163, 171, 178, 188 y 200.

 

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