Tras la dictadura franquista, en los años de transición y asentamiento de la democracia ha habido varias banderas de unión de los aragoneses. Una de ellas ha sido la autonomía, concitando manifestaciones e importantes movimientos sociales, pero otra no menos importante ha sido la unión ciudadana en torno a la defensa del río Ebro, como símbolo de Aragón.

Este movimiento fue provocado por la publicación del borrador del Plan Hidrológico Nacional (P.H.N.) presentado el 6 de septiembre del 2000, que argumenta para su justificación la necesidad de dar una solución a los desequilibrios hídricos de la península ibérica, reconociendo unas cuencas excedentarias (Ebro, Duero, Tajo y ríos de la vertiente cantábrica), frente a otras cuencas deficitarias del litoral mediterráneo (Guadiana, Júcar, Segura...).

La solución que se dio al problema fue la de la realización de un macrotrasvase de las aguas del Ebro hasta la zona sur peninsular, con el impacto ecológico y ambiental, sobre todo para el delta, y económico que supondría para la zona, porque también se reconocen zonas de la cuenca del Ebro como deficitarias, sobre todo de la margen derecha.

Esto crearía un importante desequilibrio en la población de determinadas zonas, ya que en la zona del sur peninsular se han ido incrementando la puesta en marcha de nuevos regadíos sin que exista la materia prima principal, el agua; mientras que mientras en Aragón y otras regiones del interior peninsular se incentiva el abandono de tierras cultivadas.

Desde el punto de vista de la ordenación territorial la Unión Europea no apoya las alteraciones en las unidades de cuenca y desde el punto de vista económico, los costes del proyecto son excesivos y dudosamente rentables. En la actualidad el debate se encamina hacia la búsqueda de un uso racional, una protección adecuada, y una gestión integral y eficaz del agua, en la que se priorice la optimización y regulación de los recursos y su calidad.

Finalmente, el trasvase del Ebro, uno de los pilares básicos del Plan Hidrológico Nacional, quedó derogado en 2004 gracias a la presión ciudadana efectuada no sólo en los estamentos aragoneses.