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Legítima

Contenido disponible: Texto GEA 2000

(Derecho) Quien fallece dejando determinados parientes no puede disponer libremente de todos sus bienes, sino con ciertos límites establecidos por la ley en beneficio de dichos parientes, señaladamente los hijos.

En el Derecho aragonés más antiguo -como, posiblemente, en todos los Derechos primitivos- el patrimonio familiar corresponde comunitariamente a todos los miembros de la familia, al menos en el sentido de que el padre no puede disponer del mismo globalmente para después de su muerte, sino que ha de pasar necesariamente a los hijos, y por igual. Luego, se van admitiendo disposiciones limitadas del causante en favor de su alma, o mejorando en algo a alguno de sus descendientes. Mayor libertad se introduce, no obstante, para disponer de los bienes que no son inmuebles de abolorio Buscar voz... (es decir, heredados a su vez de sus ascendientes por el causante); de los muebles, por su escaso valor económico; de los bienes ganados por el causante, en razón de la actividad personal que en ello puso.

Éste sería el régimen en los Fueros de 1247. Sin embargo, en el Derecho de Jaca se había introducido, al menos desde el siglo anterior, el principio de libertad de testar.

—Fueros de 1307 y 1311. Interpretación posterior: En el 1307, a petición de los «barones, mesnadarios, milites et infantiones», Jaime II aprueba en Cortes de Alagón un fuero de testamentis nobilium, según el cual los nobles pueden instituir heredero a uno de sus hijos, al que quisieran, dejando a los otros, de sus bienes, lo que bien les pareciera. Y se explica en el fuero que tal libertad les otorga «para que sus casas se conserven en buen estado, pues por la división entre los hijos fácilmente podrían perecer».

El significado histórico originario de este fuero parece que hay que buscarlo en el robustecimiento de la nobleza aragonesa frente al poder real —recordemos que el privilegio de la Unión es de 1289- y en la tendencia de esta nobleza hacia la vinculación de sus propiedades territoriales. Por las mismas fechas se iniciaba en Castilla la historia de las vinculaciones y mayorazgos, que adoptaría formas muy distintas de las aragonesas.

En 1311, en las Cortes de Daroca, el fuero de testamentis civium et aliorum hominum Aragonum extiende a los ciudadanos, a petición de los procuradores de las ciudades y villas, la facultad de instituir heredero a uno de sus hijos, en las mismas condiciones que los nobles. Desde entonces, es norma del Derecho aragonés, ya desligada de sus orígenes estamentales, que pueden dejarse todos los bienes a uno solo de los hijos, a elección del padre.

Con todo, sobre los muchos problemas que la regulación de los derechos de los hijos en la herencia de los padres comporta, hubo siempre dudas y polémicas. De hecho, numerosos fueristas clásicos (el propio Miguel del Molino) entendieron que el padre podía dejar toda herencia a un extraño aun teniendo hijos; lo que, ciertamente, no se apoyaba en ningún texto legal.

En el siglo XIX los juristas aragoneses mantenían opiniones encontradas sobre la regulación que convenía adoptar para el futuro, proponiéndose desde la plena libertad de testar (así, por ejemplo, Costa en el Congreso de 1880) hasta la adopción del Derecho castellano, con sus tercios de legítima, de mejora y de libre disposición. Y, por lo que se refiere a la interpretación del Derecho entonces vigente, si bien estaban de acuerdo en que, habiendo hijos, la herencia ha de recaer en uno al menos de ellos -a reserva de mantener diversas opiniones en cuanto a si, además, se podía disponer de una parte a favor de extraños-, discutían sobre la existencia de una cantidad mínima en concepto de legítima a favor de los demás. ¿Bastaba con los cinco sueldos por muebles y cinco por inmuebles que tradicionalmente se dejaban en el testamento a los hijos no herederos? Ni se sabía en la práctica cómo pagar aquellos sueldos jaqueses, sin duda restos simbólicos de una antigua atribución más sustanciosa.

—La Compilación. Legitima colectiva de los descendientes: Según la ley vigente, dos terceras partes de los bienes de todo aragonés que muera dejando descendientes legítimos han de recaer precisamente en ellos, y sólo en ellos. Quien tiene descendientes ha de tener en cuenta los derechos de éstos en toda disposición patrimonial, de modo que, en vida, no puede hacer donaciones a extraños que excedan del tercio llamado «de libre disposición» y, para el caso de muerte, su testamento Buscar voz... o pacto sucesorio Buscar voz... ha de estar hecho de tal modo que no se infrinja esta legítima colectiva (así llamada por serlo colectivamente a favor de todos los descendientes) de dos tercios del caudal.

El caudal en el que se miden los dos tercios para ver si los descendientes han recibido lo que les corresponde no es, simplemente, el importe de los bienes del causante en el momento de su muerte, sino que sobre este importe se ha de hacer una resta y una suma. Se resta el importe de todas las deudas que tenía el causante: es decir, se deduce el pasivo del activo para hallar el valor líquido de la herencia. A este valor líquido se suma el de las donaciones que el causante hizo en vida.

Si hechos estos cálculos resulta que los descendientes -o uno cualquiera de ellos, como veremos- han recibido por cualquier título (como herederos o legatarios en el testamento o pacto sucesorio, en virtud de sucesión abintestato en los bienes de que el testamento o pacto no dispone, o por donaciones en vida del causante) los dos tercios del caudal, no hay infracción de la legítima colectiva. En caso contrario, se podrá pedir en lo necesario la reducción de las liberalidades hechas a favor de no descendientes: primero, las hechas en el testamento (legados); y, si aún no hay suficiente, las hechas por donaciones en vida.

Ahora bien, no lesiona la legítima colectiva de los descendientes el nombrar heredero a uno sólo de ellos, con exclusión de los demás, porque también en este caso resulta que al menos dos tercios de la herencia han recaído en los descendientes (aunque en cabeza de uno solo de ellos). Al respecto advierte el art. 119 de la Compilación que «esta legítima colectiva puede distribuirla el causante, igual o desigualmente, entre todos o varios descendientes, o bien atribuirla a uno solo». Los bienes pueden incluso dejarse a uno de los nietos, aun viviendo su padre y teniendo tíos hijos del causante.

Por tanto, individualmente, para sí mismo cada uno de los hijos apenas tiene derecho a nada: basta con que cualquiera otro de los descendientes haya recibido bienes en cuantía superior a los dos tercios indicados para que él nada pueda pedir. Con una pequeña excepción (que viene a ser subrogado de aquellos diez sueldos jaqueses de que se hablaba tradicionalmente): si en la distribución de los bienes hereditarios queda en situación legal de pedir alimentos -porque no está en situación de mantenerse con sus bienes o su trabajo-, podrá reclamarlos de los sucesores del causante, en proporción a los bienes recibidos.

Todavía tiene cada uno de los hijos otro derecho, puramente formal: a ser nombrado en testamento. El vicio del testamento consistente en omitir este nombramiento o mención se llama «preterición». No hay preterición si el descendiente resulta favorecido en la sucesión intestada, o lo ha sido ya en vida del causante (por ejemplo, porque ha seguido a costa de éste una carrera profesional o artística, o recibido de él liberalidades no usuales). El que ha sido preterido tiene derecho a una porción del causal igual a la del menos favorecido por el testador. Distinto es el caso de que se haya preterido a todos los legitimarios. Entonces la consecuencia es la distribución de toda la herencia, o de dos tercios de ella -según que la preterición sea por error o a sabiendas-, de acuerdo con las normas de la sucesión intestada (como si no hubiera testamento).

El apartado 2.° del art. 121 de la Compilación señala un menguado derecho de alimentos a favor de los hijos naturales.

El principio constitucional de no discriminación por razón de filiación hace que todos los descendientes, matrimoniales o extramatrimoniales que sean, se encuentren en idéntica posición respecto de la herencia de sus ascendientes, tanto en la sucesión intestada Buscar voz... como por lo que respecta a sus derechos legitimarios. La Compilación del Derecho civil de Aragón Buscar voz... de 1967 reconocía como legitimarios tan sólo a los descendientes legítimos (art. 119), en precepto que, muy probablemente, fue derogado directamente por la Constitución de 1978 (para todas las sucesiones abiertas con posterioridad a su entrada en vigor). La Ley aragonesa de 1985 suprime del texto de la compilación toda referencia discriminatoria entre los descendientes, para lo que ha bastado con tachar la palabra «legítimos» en los artículos 119 y 125 y abrogar el apartado 2 del artículo 121, sobre derecho de alimentos de los hijos llamados entonces naturales. El alcance, empero, de estos retoques de pequeña apariencia es sustancial, hasta el punto de configurar un concepto distinto de la familia y la transmisión de bienes en la misma. La peculiaridad de la legítima colectiva aragonesa, que confiere sólo la garantía de que dos terceras partes del caudal hereditario ha de recaer forzosamente en descendientes y sólo en ellos, pero permitiendo al causante distribuirla desigualmente entre todos o varios descendientes, o bien atribuirla a uno solo, lleva ahora a la consecuencia de que quien tiene hijos matrimoniales y extramatrimoniales pueda dejar la totalidad de la herencia a uno extramatrimonial -y nada sustancial a los matrimoniales- o, a la inversa, apartar con la mera mención de su nombre en el testamento a los extramatrimoniales. No es sino consecuencia de la libertad de testar -entre los hijos- que tienen los aragoneses desde el fuero De testamentis nobilium, de 1307, sin que se aprecie razón suficiente para limitarla ahora. La llamada «legítima formal», es decir, la necesidad de mencionar al menos en el testamento -aunque sea para excluirlos de la herencia- a los descendientes más directos es previsible que tenga, tras la equiparación de todos los hijos, mayores consecuencias prácticas y, quizás, algunas sorpresas. No es sólo que algunos padres acaso omitan a sus hijos extramatrimoniales en el testamento -por ejemplo, creyendo equivocadamente que ningún derecho tienen-, sino que los abuelos fácilmente podrán hasta ignorar la existencia de un hijo extramatrimonial de su propio hijo ya fallecido. Las consecuencias serán las que para la preterición, según los casos, señalan los artículos 122 y 123 (que, como se ve, aun no habiendo sido alterados en su letra, se aplican ahora en supuestos antes ajenos a su ámbito).

La Ley de Sucesiones de 1999, ha mantenido el contenido de la Compilación aragonesa de 1967, en lo fundamental, pero ha introducido algunas modificaciones importantes. En primer lugar reduce la cuantía de la reserva legitimaria, que pasa, de los dos tercios, a la mitad (art. 17-1) ampliando así la cuota de la que el causante puede disponer libremente. Por otra parte, la nueva ley elimina la «legítima formal» y por tanto, la obligación de nombrar en el testamento a los descendientes directos excluidos de la herencia. Cuando la preterición es intencional (el causante conocía la existencia del descendiente), el heredero no puede exigir cantidad alguna, salvo que se haya producido lesión cuantitativa en la legítima (es decir, que la cantidad recaída en los descendientes sea inferior a la mitad). El preterido no intencionalmente (no nombrado en el testamento porque se desconocía su existencia) tendrá derecho a una parte de la herencia igual a la que corresponda al menos favorecido. La desheredación (que al existir la legítima colectiva sólo será necesaria cuando se quiera privar de la legítima al único o a todos los descendientes) debe fundarse en una de las causas enmarcada en el art. 195 de la Ley, que deben ser ciertas y probadas si el desheredado las niega. En definitiva, el Título VI de la Ley de Sucesiones, que regula la legítima, supone una simplificación de la normativa anterior y una regulación más completa que evita acudir al Código Civil como Derecho supletorio.

• Bibliog.: Lacruz Berdejo, José Luis: «Derecho de sucesión por causa de muerte»; Boletín del Colegio de Abogados de Zaragoza, 26, 1-VII-1967, pp. 145-169. Id.: «Las legítimas en la Compilación»; Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, 1968, pp. 3-37. Id.: «La defensa de la legítima material en la Compilación Aragonesa»; Estudios Castán, vol. II, pp. 275-301. Id.: «Preterición a injusta desheredación en el Derecho aragonés vigente»; Anuario de Derecho civil, 1968, pp. 513-549.

 

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