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(Derecho) Tiempo transcurrido desde el nacimiento de una persona hasta cada momento del cómputo referente a la misma. En los ordenamientos jurídicos desarrollados sirve para la determinación abstracta y general de la capacidad de obrar -posibilidad de ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones por sí el sujeto de los mismos- de las personas físicas, mediante la fijación de una edad -mayoría de edad- a partir de la cual la capacidad de obrar es la regla general, por lo que cesa la representación legal del, hasta entonces, incapaz.

En el Derecho histórico aragonés el fuero De contractibus minorum, de 1247, declaró nulas las donaciones hechas por menores; y, como aclaración, concluía: minorem intellige infra quatuordecim annos; a la mayoría de edad de los catorce años se refieren también, en la misma Compilación de Huesca de 1247, los fueros 3, De solutionibus, y 1, 3, 4 y 5, De praescriptionibus.

El fuero Ut minor XX annorum y el De liberationibus, ambos de 1348, impusieron fuertes restricciones a la capacidad de obrar de los menores de veinte años (en orden, principalmente, a las cuentas finales de la tutela u otra administración y a la enajenación de inmuebles); pero la observancia única De contractibus minorum, al rechazar para los menores la restitutio in integrum (por gozar del beneficio de ilesión por fuero), volvió a aclarar: De consuetudine, aetas minor est usque ad XIV annos; en parecido sentido se expresan las observancias única De privilegium minorum y 4, De privilegium absentium. Resulta de ello -aun dentro de una relativa ambigüedad y teniendo que operar, en parte, mediante conjeturas, dada, sobre todo, la imposibilidad de fijar la fecha de estas observancias- una media aetatis, entre los catorce y los veinte años, como de aprendizaje para el ejercicio de la plena capacidad de obrar, o como una mayoría de edad con ejercicio controlado, en las actuaciones importantes, por los parientes o por el juez.

El fuero Que los menores de veynte años, de 1564, completado por el De las obligaciones de menores de veinte años, de 1585, restringió —limitándola a los actos otorgados en capitulaciones matrimoniales- la capacidad de obrar de los menores de veinte años no casados, requiriendo, para que pudiesen contratar y obligarse, que lo hiciesen con voluntad de sus padres o, en su defecto, consentimiento del juez. Con todo, sigue siendo el mayor de catorce años quien actúa con eficacia jurídica, siquiera precise asistencia.

Con estos precedentes el Apéndice de 1925 declaró mayores de edad a los que hubiesen cumplido veinte años y a los menores de esta edad que hubieren contraído matrimonio. Reguló también la capacidad de obrar del soltero entre los catorce y los veinte años.

La ley de 13-XII-1943 -pese a la contestación de los juristas y procuradores en Cortes aragoneses- fijó en los veintiún años la mayoría de edad para todos los españoles. De la falacia de su fundamento (un «adelantamiento» como «premio a la juventud») referido a Aragón da fe y prueba irrefutable la historia inmediata, al haberse fijado, en 1978, en los dieciocho años la edad de mayoría. La ley de 1943 respetó, sin embargo, la mayoría de edad de los aragoneses casados y el régimen de capacidad de los mayores de catorce años, tal como en el Apéndice se contenía.

La vigente Compilación del Derecho civil de Aragón, de 8-IV-1967, bajo la rúbrica De la capacidad de las personas por razón de la edad, dedica a esta materia el capítulo primero del título I del libro I (Derecho de la persona y de la familia), artículos 4 al 6, ambos inclusive.

El artículo 4 lleva por rúbrica Mayoría de edad y dispone que tendrán la consideración de mayores de edad los menores desde el momento en que contraigan matrimonio. La edad de mayoría sigue, por tanto, unificada con el resto del Derecho español; pero, así como en éste el matrimonio sólo produce la emancipación stricto sensu del contrayente menor (véase el artículo 315 del Código civil), en Derecho aragonés produce, como la mayoría de edad, la plena capacidad de obrar.

La racionalidad y justicia de esta singularidad de nuestro Derecho no parece necesitar argumentación.

Y, por cuanto el precepto no requiere que el matrimonio productor de esta capacidad sea válido, tendrá aquí aplicabilidad la doctrina del matrimonio putativo (artículo 69 del Código civil): también el menor de edad que contraiga de buena fe -ignorando la causa de nulidad- matrimonio nulo, adquirirá la plena capacidad de obrar.

En cuanto a la edad intermedia, el artículo 5, bajo la rúbrica Del mayor de catorce años, declara que éste puede celebrar por sí toda clase de actos y contratos, con asistencia -sucesivamente, cada uno en defecto del anterior- del padre, madre, tutor o Junta de parientes. Por tanto, para las demás actuaciones carece de capacidad; en particular llevará la administración de su patrimonio -salvo que el menor, con beneplácito de sus padres o mediando justa causa, viva independientemente de ellos- el padre, madre o tutor (véase artículo 12,1 de la misma Compilación). Tal sistema puede parecer paradójico en un primer y superficial examen; pero tiene su razón de ser: el soltero mayor de catorce años y menor -hoy- de dieciocho, no es ya un mayor de edad cuya capacidad de obrar precise, empero, asistencia, sino un menor de edad que se adiestra para el ejercicio, cuando la adquiera, de la plena capacidad: así, los actos rutinarios o materiales, menos interesantes para su formación y experiencia, más engorrosos y necesitados, por otra parte, de cierta fluidez, los realiza el representante legal; en cambio, los actos importantes, los que precisan maduración de juicio, consentimiento negocial, los que pueden resultar formativos para el menor, enriquecedores de su experiencia, los realiza él con asistencia del padre, madre, tutor o parientes.

Por último, según el artículo 6, el menor de edad necesita, para aprobar las cuentas de administración de sus bienes y dar finiquito de las responsabilidades derivadas de las mismas, asentimiento de la Junta de parientes o autorización judicial.

El real decreto-ley de 17-XI-1978 -después, el artículo 12 de la Constitución- adelantó a los dieciocho años la edad de mayoría, también para toda España. El artículo 4 declara modificados, sustituyendo la expresión «veintiún años» por la «dieciocho años», los artículos 6, 27 y 99-1 de la Compilación del Derecho civil de Aragón. Subsiste vigente, en ella, el especial régimen de la capacidad de los menores desde los catorce años -cuya conservación es la que pretendió el legislador constituyente con la disposición adicional segunda de la Constitución- y la mayoría de edad por matrimonio (su equiparación en cuanto a plena capacidad de obrar).

La Ley de Cortes de Aragón de 16 de mayo de 1985, sobre la Compilación de Derecho civil de Aragón, introdujo algunas modificaciones no sustanciales sobre la regulación que de la capacidad de las personas por razón de edad hacía la Compilación de 1967.

Las innovaciones introducidas en esta materia por la citada Ley aragonesa se refieren todas a la situación del menor de edad que ha cumplido catorce años, manteniendo y desarrollando el contenido tradicional de esta regulación. Son las siguientes:

a) Se determina que la asistencia que necesita el menor de edad mayor de catorce años para la plena validez de sus actos y contratos puede prestarla uno cualquiera de sus padres. No es necesaria la asistencia de los dos ni, mucho menos, se da preferencia a uno sobre el otro.

b) Los actos o contratos celebrados sin la debida asistencia serán anulables; no nulos de pleno derecho, sino que podrán llegar a ser válidos si son confirmados o, simplemente, ni los padres ni el hijo (ya mayor de edad) piden que se anulen en cierto plazo. Al parecer, en la práctica se dudaba sobre el tipo de ineficacia de estos actos por lo que el legislador no ha pretendido sino aclarar la duda en el sentido en que, seguramente, se deducía ya de la legislación anterior.

c) En caso de oposición de intereses entre el menor mayor de catorce años y quienes están llamados a prestarle asistencia, la Compilación de 1967 remitía, en definitiva, al Código civil, de manera que, reformado éste en 1981, daba un resultado poco coherente con el Derecho aragonés. Ahora, teniendo en cuenta el principio de igualdad entre el padre y la madre, se dispone que, cuando exista oposición de intereses por parte de uno solo de los padres, la asistencia será prestada por el otro. Si la oposición de intereses existe respecto de ambos progenitores o con el tutor, la asistencia será suplida por la Junta de Parientes Buscar voz.... Con este último precepto se evita la intervención judicial, dando entrada a una institución, la Junta de Parientes, que ha resultado muy robustecida en la reforma.

• Bibliog.: Vidiella: La capacidad jurídica restringida por la edad. Suplementos de la capacidad y beneficios de los incapaces; Zaragoza, 1903. Ortega San Íñigo: «Ut minor XX annorum»; Segunda Semana de Derecho Aragonés, Zaragoza, 1943, pp. 133 y ss. Martín-Ballestero, L.: «La mayoría de edad en Aragón»; Primera Semana de Derecho Aragonés, Zaragoza, 1942, pp. 117 y ss. Azpeitia, M.: Los menores aragoneses y sus instituciones de edad; 1901. Sáinz de Varanda, R.: «La comparecencia en juicio del menor de veintiún años, mayor de catorce, en Aragón»; Anuario de Derecho Aragonés, VI, Zaragoza, 1951-52, pp. 246 y ss. Palazón Delatre: «Comparecencia en juicio del aragonés soltero mayor de catorce años y menor de veintiuno»; Anuario de Derecho Aragonés, VI, Zaragoza, 1951-1952, pp. 211 y ss. Lorente Sanz, J.: «La ley de mayoría de edad»; Anuario de Derecho Aragonés, Zaragoza, 1944, pp. 503 y ss. Sancho Rebullida, F.: «La edad en Derecho aragonés»; Homenaje a la memoria de don Juan Moneva y Puyol, Zaragoza, 1954, pp. 304 y ss. Id.: «La capacidad de las personas por razón de la edad en la Compilación del Derecho civil de Aragón»; Revista Critica de Derecho Inmobiliario, XLI, 1968, pp. 7 y ss.

 

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