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Derecho penal

Contenido disponible: Texto GEA 2000

(Hist. Derecho). El Derecho penal de Aragón, que surge con la reconquista pirenaica y es condenado a la desaparición con el advenimiento de Felipe V (de Castilla), presenta características singulares muy dignas de ser destacadas. Pero, antes de nada, conviene dejar bien sentado que, junto a un ordenamiento jurídico -el procedente del Alto Aragón- al que podríamos calificar de genuinamente aragonés, en Aragón se da también el llamado derecho de «la extremadura» -cristalizado preferentemente en el Bajo Aragón-, que refleja el sistema jurídico peculiar de los territorios de frontera. Y aunque la unificación foral terminará produciéndose, si de Derecho penal aragonés pretendemos hablar, no podremos entender por tal estas foralidades de «la extremadura», en filiación común con las de «la extremadura castellana».

Este Derecho peculiar de Aragón descansa en tres pilares básicos: los Fueros o leyes del reino, las Observancias o prácticas y usos jurisprudenciales o doctrinales, y los Actos de Corte Buscar voz... o disposiciones de carácter político, económico y policial.

• Problemas de Parte General: Cierto que el carácter casuístico del Derecho aragonés, como el de todos los ordenamientos jurídicos antiguos, lleva implícito el que no se formulen reglas de índole general, pero ello no impide que, a la luz de los esquemas científicos propios de la moderna ciencia penal, subrayemos los principios generales a que responde el mismo.

I. Frenos o limitaciones a la venganza: asilo y treguas: En el comienzo de la Reconquista no puede decirse que exista institucionalizado un Estado aragonés, por lo que no podemos hablar de un poder público homogéneo sustentador del ius puniendi o derecho de castigar. Éste ha de quedar en manos de los particulares o de pequeños grupos. Nos encontramos, pues, con la venganza privada aceptada como sanción al delito. La justicia queda abandonada en manos del ofendido, sus familiares e incluso el grupo social, es decir, queda habilitado éste o aquéllos para tomarse la justicia por su mano.

Los defectos y excesos de esta ejecución del ius puniendi por el particular han de ser numerosos. Y para poner coto a los mismos adquirieron gran desarrollo en los inicios del Derecho aragonés dos instituciones ya antiguas: el derecho de asilo y las treguas; una y otra, de origen político-religioso, vienen a restringir paulatinamente la venganza privada; la primera, en cuanto al lugar, y la segunda, respecto al tiempo.

En los primeros monumentos legislativos aragoneses quedan ambas consagradas ampliamente. Así en los fueros de Alquézar y San Juan de la Peña se declara intangibles a los malhechores que, perseguidos, llegaren a tocar la fimbria del hábito o del escapulario a uno de los monjes de ambos monasterios, y esto en cualquier lugar del reino, además, el de San Juan señala todo su término como lugar de asilo, bastándole al malhechor poner los pies en él para quedar a salvo. E igualmente en otros textos: en el Fuero de Jaca, de 1187, los que acudieren a las ferias de la ciudad, quedan protegidos durante éstas contra toda persecución.

Con el transcurso del tiempo, el Estado aragonés va ganando fuerza y la venganza privada pierde terreno. Consecuentemente, ambas instituciones se van limitando, ya que impiden en múltiples ocasiones el buen ejercicio del ius puniendi por el Estado. De tal suerte, nuestra primera Compilación oficial -Huesca, 1247- presenta las primeras restricciones, que luego se aumentarán, poco a poco, en el posterior Derecho aragonés. Rationi delicti, en razón de delito, paulatinamente se van enumerando las infracciones que no pueden ampararse en dichos privilegios: infracciones contra la propiedad y traición probadas y manifiestas, homicidios, raptos, etc.

En conclusión, aunque tanto el asilo como las treguas persisten hasta el derrumbamiento del Derecho aragonés, han quedado al final muy limitadas, se trata de evitar con ello la impunidad indiscriminada que ambas instituciones llevan consigo.

II. ¿Dogma del legalismo?: El principio del legalismo -no hay delito, no hay pena sin ley previa-, que ahora se nos presenta como un dogma incuestionable, en el Derecho penal no siempre ha tenido igual significado. Es en la segunda mitad del siglo XVIII cuando este principio aparece en la doctrina. Y por ello, no pretendemos defender que se dé en el Derecho aragonés el citado principio tal como surge con los reformadores de la Ilustración. Serían necesarios los postulados introducidos por el liberalismo del XVIII, que efectivamente no aparecen en el Estado aragonés. Sin embargo, parece ser constante preocupación de nuestro legislador la seguridad del ciudadano, pues son numerosas las disposiciones para evitar la arbitrariedad, y, aunque no en el sentido moderno, sí que podemos ver en ellas manifestaciones y atisbos del citado dogma.

Las referencias podrían ser abundantísimas, y ello contrasta con la mayoría de los ordenamientos jurídicos de la época. De ahí, la afirmación romántica de nuestro cronista Blancas (Comentarios de las cosas de Aragón, traducida del latín por el P. Hernández, Zaragoza, Imp. del Hospicio, 1878, p. 318) de que en Aragón hablan las leyes y los magistrados guardan silencio. Además, el reino de Aragón cuenta con ciertas instituciones procesales -procesos de manifestación Buscar voz..., aprehensión, firma e inventario, unidos a la figura del Justicia de Aragón Buscar voz...- que garantizan al ciudadano contra las eventuales arbitrariedades del poder público.

III. La infracción penal: El legislador aragonés no nos da un concepto genérico de la infracción criminal, aunque bien es verdad que tampoco lo hacen la mayoría de las legislaciones modernas. Los términos más comúnmente empleados en los textos para designar las distintas conductas delictivas castigadas son los de maleficio, malfeyto, criminis y, en su última fase, delito.

IV. El sujeto activo del delito: En la primitiva fase del Derecho penal en la que es el resultado o daño producido el determinante de la responsabilidad criminal, no es extraño que incurran en ella los animales e incluso los objetos inanimados. Esto, que ahora nos puede parecer tan extraño, resurge en la Edad Media, dando lugar en Europa a frecuentes procesos contra tales animales u objetos.

Sin embargo, y en contraste con la corriente dominante, tan sólo el ser humano es considerado en el ordenamiento jurídico oficial aragonés como posible sujeto activo del delito. Justo corolario a esta subjetivación del Derecho penal, digna de alabanza, lo es el que las responsabilidades hayan de ser personalísimas, es decir, que sólo deba responderse criminalmente por los propios actos.

Cierto que la responsabilidad por infracciones ajenas aparece con distintos alcances en la sociedad medieval y que las prácticas judiciales aragonesas han sido llevadas al mismo ridículo en el famoso dicho secular: «¡Justicia de Almudévar Buscar voz..., páguelo el que no lo deba!». Sin embargo, pese a tan peyorativa anécdota y a la corriente a la sazón imperante, el Derecho aragonés sienta clara doctrina sobre la personalidad e intransmisibilidad de las responsabilidades y penas. Tan sólo alguna vez, y nada más que por las consecuencias económicas, se admite la responsabilidad subsidiaria.

V. El delito doloso y el culposo: Como en las legislaciones modernas, la exigencia del dolo aparece a veces consignada en los textos -sciens, malicia, dolo-, pero lo normal es la presunción del mismo. El delito culposo queda concretado en muchísimos supuestos de descuido o negligencia por parte de los propietarios de animales o de aquellos que realicen ciertas actividades. Finalmente, supuestos de aplicación del caso fortuito -daño ocasionado accidentalmente- aparecen esparcidos en los textos.

VI. Matizaciones de la responsabilidad criminal con base en las circunstancias, el grado de participación y el desarrollo del delito: El carácter casuista del Derecho aragonés, ya antes apuntado, impide que encontremos en él doctrina general sobre las circunstancias modificativas de la responsabilidad, la codelincuencia y los distintos momentos del período de ejecución en el iter criminis o desarrollo del delito. Es en torno a casos concretos cuando nuestro legislador perfila unas y otros y, consecuentemente, matiza la responsabilidad o exonera de ella: legítima defensa de la persona, propiedad o de la morada, derecho de corrección, nocturnidad, despoblado, minoría de edad; autores directos, complicidad; consumación tentativa, etc.

• Problemas de Parte Especial: En breve bosquejo de las figuras delictivas cabe señalar lo siguiente: En primer lugar, las infracciones contra la religión católica ocupan un lugar preeminente dentro de nuestra legislación, pues que constituyen siempre el inicio de los diversos cuerpos legislativos. En la Reconquista, a la lucha por el suelo aragonés se une la lucha por la fe, y si a ello unimos la condición de obispo de Huesca del autor de la primera Compilación oficial de nuestro Derecho -Compilación de Huesca, 1247- no ha de extrañar esta especial consideración a dichas infracciones. Singular resulta, dentro de ellas la establecida por fuero de las Cortes de Calatayud de 1461, castigando todo ultraje al misterio de la Inmaculada Concepción, siendo así que habrán de transcurrir casi cuatro siglos para ser sancionado como dogma por Pío IX.

En cuanto a la configuración de los delitos contra la vida y la integridad corporal, constituye la mejor muestra del carácter casuístico del Derecho penal aragonés. Las hipótesis de homicidio son múltiples: homicidios cualificados, con numerosas variantes en atención a sus sujetos pasivos, lugar de comisión o medios empleados; y homicidios simples. En las infracciones contra la integridad corporal, una descripción minuciosa trata de sancionar el mayor número de posibles lesiones, que son catalogadas en atención al miembro o parte del cuerpo lastimado (ojos, manos, pies, lengua, órganos genitales, dientes, etc.) y a la forma de realización (con piedra, palo, espada, cuchillo, etc.).

Finalmente, singularidad digna de resaltarse lo es la sanción del adulterio en nuestra Compilación de 1247, que viene a traer al orden jurídico la igualdad ética del adulterio del varón y de la mujer. Cierto que es discutible el que dicha conducta deba constituir delito, pero, de pronunciarse en sentido afirmativo, lo correcto habrá de ser la no discriminación por razón de sexo -discriminación en perjuicio de la mujer existente todavía hoy en las legislaciones que mantienen su castigo (¿certidumbre de la prole?)-, pues que el deber de fidelidad es mutuo. No obstante, poco más de un siglo ha de durar esta justa parificación, pues las Cortes de Zaragoza de 1349 vienen a castigar tan sólo el adulterio de la mujer y, consecuentemente, queda derogado el precepto citado.

• Bibliog.: Guallart y López de Goicoechea, J.: «El Derecho penal de la Compilación de Huesca de 1247»; Anuario de Derecho Aragonés, IV (1947-48). Id.: «El principio Nullum crimen, nulla poena sine previa lege en los Fueros de Aragón»; Homenaje a la memoria de D. Juan Moneva y Puyol, Zaragoza, El Noticiero, 1954. Guallart de Viala, A.: El Derecho penal histórico de Aragón; Institución «Fernando el Católico», Zaragoza, Heraldo de Aragón, 1977. Lalinde Abadía, J.: Los Fueros de Aragón; Zaragoza, Lib. General, 1976. Minguijón Adrián, S.: Historia del Derecho Español; Manuales Labor, Barcelona, 1927.

 

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