(Hist. Med.) Hasta el siglo XII, la elemental administración del reino se basaba en un único organismo, la Cort o Curia ordinaria, pero con el avance de la reconquista esa administración se hizo más compleja, precisando de nuevas y especializadas instituciones. Así nacerían las Cortes, con la participación de las clases ciudadanas, como órgano legislativo. Surgió asimismo la Cancillería , mientras que la antigua Curia ordinaria fue convirtiéndose en un auténtico tribunal de justicia. Por último, los asuntos político-administrativos fueron asumidos por una comisión, no permanente en principio, que pronto derivaría en el denominado Consejo Real. Con Alfonso III (1285-1291) esta institución está ya totalmente desgajada de la Curia ordinaria, y se nos presenta como un órgano consultivo del monarca, integrado por los principales oficiales cortesanos (canciller, mayordomo, camarero y maestre racional) y por los más destacados jefes militares. Con Pedro IV (1336-1387), pasará a ser un órgano consultivo permanente, presidido por el canciller del reino.

El Consejo Real aragonés no tuvo nunca fijadas unas competencias específicas, pero, en general, entendía de los asuntos de gobierno del reino (propuestas de embajadas, política matrimonial de la familia real), de los político-administrativos (preparación de las ordenanzas reales o mandatos, redacción de documentos políticos), de los militares (dotación de arsenales, inspección de fortalezas y fronteras, dirección de las campañas militares) y, en ocasiones, de los judiciales, como tribunal de apelación en última instancia, aunque esta función se desligó totalmente con Pedro IV. Tal complejidad y variedad de competencias obligaron a este monarca a dar entrada en el Consejo Real a legistas, doctores en Derecho canónico y teólogos, generalmente obispos, que constituyeron un cuerpo especial de «enderezadores de la conciencia regia», puesto que velaban por la legalidad de la decisiones, con objeto de no incurrir en contrafuero .