Gran Enciclopedia Aragonesa

Avanzada
Estás en: Página de voz

Bienes de los menores

Contenido disponible: Texto GEA 2000

La Compilación del Derecho Civil de Aragón Buscar voz... establece que en Aragón, el menor de edad tiene la propiedad plena y, por tanto, el disfrute de cuantos bienes adquiera, ya sea por herencia, ya por su trabajo. Es ésta una consecuencia de la forma de entender la autoridad familiar Buscar voz..., muy distinta de la patria potestad romana, que llevó a los Códigos el usufructo de los padres sobre los bienes de los hijos. Incluso en el caso de que los padres aragoneses confíen al hijo algunos bienes, los frutos y productos pertenecerán a éste. Ahora bien, puesto que los gastos de educación recaen en principio sobre los padres, es lógico que éstos puedan atenderlos con los frutos de los bienes de los hijos. Todo ello resulta del art. 11 de la Compilación.

La administración de los bienes del menor se entiende como cosa distinta de la autoridad familiar: corresponde, en primer lugar, a quien ordene el que transmitió los bienes al hijo por título lucrativo; en otro caso al padre y, en su defecto, a la madre (art. 12). Para la disposición de los bienes del menor de catorce años se estará a lo ordenado por la persona de la que los bienes procedan por título lucrativo. En su defecto, el poder de disposición corresponde al administrador —es decir, al padre o a la madre—, quien, sin embargo, habrá de obtener autorización de la Junta de Parientes Buscar voz... o del Juez de Primera Instancia cuando se trate de bienes raíces, negocios mercantiles o industriales, valores mobiliarios u objetos preciosos (art. 13). Acudir a la Junta de Parientes en lugar de al Juez puede suponer, en muchos casos, notable simplificación y economía.

El mayor de catorce años dispone de sus bienes por sí mismo, con asistencia del padre, madre, tutor o Junta de Parientes, ya que a partir de dicha edad deja de tener un representante legal, según las reglas aragonesas sobre la edad Buscar voz.... También, en virtud de las mismas reglas, tiene la plena administración de todos sus bienes si, con beneplácito de sus padres o mediando justa causa, vive independiente de ellos (art. 5.º-3).

La disciplina que de los bienes de los menores hace la Compilación ha sufrido modificación en dos aspectos, por obra de la ley aragonesa de 16 de mayo de 1985. La administración y disposición de estos bienes sigue siendo una incumbencia aneja a la autoridad familiar, pero ahora: a) la autoridad familiar puede ser ejercida por personas distintas de los padres —abuelos, padrastros, hermanos—, que tendrán las facultades de administrar y disponer que correspondían a los padres, sin necesidad de constituir la tutela, hacer inventario y prestar fianza; b) cuando la autoridad familiar corresponde a los padres —como es normal y ordinario—, ya no se atribuye la administración y disposición, como hasta 1985, «al padre y, en su defecto, a la madre», sino que, con pleno respeto al principio de igualdad entre varón y mujer, «los padres, en los términos previstos en el artículo 9.° apartado 1, tendrán la administración de los bienes del menor, excepto la de aquellos para los cuales haya ordenado otra cosa quien se los transmitió por título gratuito» (art. 12-1 de la Compilación). Con la remisión a los términos del artículo 9.° resultan ser decisivos «los usos sociales o familiares o lo lícitamente pactado al respecto», como criterios que determinan qué actos de administración (verbigracia, vender los frutos, o arrendar) o de disposición (enajenación de bienes que altere la consistencia del patrimonio) puede llevar a cabo un progenitor por sí solo y cuáles, por el contrario, requieren el consentimiento de los dos. Este criterio tiene la ventaja de ser flexible y adaptable a las circunstancias muy variadas por las que puede atravesar la familia y en que se produce la relación con los terceros contratantes o adquirentes. Por ejemplo, más fácilmente se admitirá una actuación separada cuando los progenitores —casados o no entre sí— no viven juntos, respecto del hijo que convive con uno de ellos; o en caso de ausencia, imposibilidad o incapacidad del otro, o en situación de urgente necesidad. Pero tampoco puede ocultarse que entraña cierta inseguridad, pues quien contrata con uno solo de los padres creyendo que éste está facultado para ello en virtud de los usos sociales o familiares puede encontrarse con que luego, el contrato no es considerado eficaz por un juez que lo aprecie de otro modo. También se ha suscitado la duda de si a través de los usos sociales no resultará discriminada la mujer, si bien cabrá argüir —si esto ocurriera de hecho— que tales usos, en cuanto norma jurídica reclamada por el legislador, no pueden contradecir los principios constitucionales.

El Código Civil, tras su reforma en esta materia por Ley 13 mayo 1981, se ha acercado a las normas tradicionales aragonesas, significativamente, al suprimir el usufructo de los padres sobre los bienes de sus hijos, e incluso ha hecho suyo el criterio —si bien con un alcance más reducido— de la conformidad al uso social. Con todo, siguen siendo dos regulaciones distintas, por lo que la aplicación de las normas del Código como Derecho supletorio en Aragón ha de verse con cautela.

 

Imágenes de la voz

...

Categorías relacionadas

Categorías y Subcategorías a las que pertenece la voz:

RSS Twitter

Preferencias de Privacidad · Política de privacidad y cookies

© DiCom Medios SL. C/ Hernán Cortés 37, Zaragoza · 976700010