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Ausencia

Contenido disponible: Texto GEA 2000

I. Concepto, y Derecho civil español aplicable en Aragón. El instituto legal de la ausencia, regulador de la situación jurídica de quien ha desaparecido del lugar de su último domicilio o residencia sin que se tengan noticias de él, se justifica -como apunta Rotondi- no sólo en defensa del ausente, para tutelar sus intereses y poner fin a la situación de bloqueo en que queda su patrimonio, sino también en provecho de terceros y del interés social. El Código civil español —en frase feliz de Lacruz Berdejo— establece una triple escala de medidas: unas, provisionales, que, atendiendo a la desaparición de alguien, se centran en el mero hecho del abandono de sus bienes, etc.; otras que, ante la prolongada incertidumbre respecto de la persona, permiten una formal declaración judicial de ausencia legal, designándosele un «representante», y otras, en fin, alrededor de una posible declaración judicial de fallecimiento del desaparecido.

II. Derecho aragonés. Entre sus antecedentes, aparte los de la ausencia en servicio del Estado, es fundamental el Fuero Ut fratres, vel propinqui absentis a Regno Aragonum per decem annos recuperare valeant bona..., promulgado por Pedro II en Zaragoza (año 1349) y completado por la Observancia 27 De iure dotium. El llamado Apéndice foral aragonés (de 1925), que dedicó a la ausencia los arts. 4 a 7, supuso, respecto del Código civil español, los aciertos de ampliar las atribuciones de la mujer del ausente, conforme a la Observancia 27; permitir la administración por la mujer y los hijos menores de edad, y dar preferencia, de acuerdo con el Fuero Ut fratres..., para dicha gestión, a los parientes con derecho a suceder sin testamento.

Ante el problema creado por la ley de 8-IX-1939, que modificó los preceptos del Código civil sobre la ausencia, Eduardo Montull Lavilla defendió, en comunicación presentada a las Jornadas de Derecho aragonés celebradas en Teruel, en 1951, la tesis de que, en todo caso y pese a tratarse de una ley posterior en fecha al Apéndice, los principios capitales de nuestro ordenamiento jurídico regnícola debían prevalecer sobre aquélla, la que, por lo demás, quiso regular, exclusivamente, dicha materia. Este parecer, compartido luego por el malogrado Prof. Dr. Alonso y Lambán, así como el documentado trabajo de éste sobre el tema, pudieron influir en los arts. 7 y 8, que a la ausencia dedica la vigente Compilación del Derecho civil especial de Aragón (de 8-IV-1967), los que disponen: «Facultades del cónyuge del ausente: art. 7. Uno. El cónyuge del declarado ausente podrá disponer libremente de sus propios bienes. -Dos. Si el ausente fuera el marido, la esposa ocupará la posición de aquél respecto del patrimonio conyugal». «Representación del ausente: art. 8. Cuando no correspondan al cónyuge las atribuciones del art. 184 del Código civil, éstas se conferirán: Primero. Al heredero contractual del ausente. Segundo. Al presunto heredero ab intestato que discrecionalmente designe el Juez, atendida la cuantía de su porción hereditaria y la proximidad del parentesco». Además, la mujer administra la comunidad cuando el marido «desaparezca de su domicilio, aun dejando representante» (art. 48).

El artículo 7.º de la Compilación del Derecho civil de Aragón, de 8 de abril de 1967, tenía como principal finalidad permitir a la mujer casada superar las limitaciones legales que entonces se imponían a su capacidad de obrar en el caso de que su marido hubiera sido declarado ausente, así como atribuirle, en igual caso, la administración de los bienes comunes del matrimonio. Suprimida la autoridad marital y constituida la mujer casada en coadministradora de los bienes del matrimonio, en pie de igualdad con su marido, era innecesaria una norma especial que previera sus facultades en ausencia de éste, razón por la cual la Ley de las Cortes de Aragón de 16 de mayo de 1985 sobre Compilación del Derecho civil de Aragón ha sustituido las anteriores normas. El nuevo artículo 7.º de la Compilación regula ahora la extinción del derecho expectante de viudedad del cónyuge ausente, para facilitar la disposición de sus inmuebles por el presente, al que atribuye la administración y disposición del patrimonio conyugal, si bien necesitará autorización judicial para los actos de disposición sobre inmuebles y establecimientos mercantiles. El artículo 8.º ha sido también modificado ligeramente, teniendo en cuenta la reforma de los preceptos del Código civil al determinar las personas a que corresponde la representación del ausente.

• Bibliog.: Alonso y Lambán, M.: «Sobre la ausencia en el Derecho civil aragonés»; en Homenaje a la memoria de D. Juan Moneva y Puyol, publicado por el Consejo de Estudios de Derecho Aragonés, Zaragoza, 1954, pp. 143 y ss. Montull Lavilla, E.: «Comentario a los arts. 7 y 8 de la Compilación de Derecho civil especial de Aragón»; en Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales que dirige el Prof. Manuel Albaladejo, Editorial R.D.P., Madrid, tomo XXXIII; y «La ausencia en el Derecho aragonés vigente»; en Anuario de Derecho aragonés, Zaragoza, tomo Vl, 1951-1952, pp. 189 y ss. Serrano y Serrano.: La ausencia en el Derecho español; Madrid, 1943.

 

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